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Opinión



Los delitos de Ricardo Anaya en Querétaro

Martes, Junio 12, 2018 - 09:56
 
 
   

Los predios ejidales expropiados. Incumplimiento de la utilidad pública. Quienes se quedan con ellos

Imagine usted que es ejidatario de un predio de 58 mil 200 metros que usted y su familia utilizan para siembra de temporal, pero tienen la malísima fortuna de que se encuentra a unos cuantos metros de la carretera México-Querétaro y que el gobierno del Estado ya le echó el ojo para hacer una avenida.

Usted ya no puede hacer nada, en unos cuantos meses lo despojarán de su terreno. Le entregan un  decreto en cuyo contenido se informa, palabras más, palabras menos, que la expropiación obedece a una causa de utilidad pública y que pasará a favor del gobierno del Estado para destinarlo a integrar el derecho de vía, con motivo de la construcción de la carretera Querétaro-Cimatario-Huimilpan.

En 1999, a usted le pagan 87 mil pesos de indemnización, a $15 mil pesos la hectárea y le dicen adiós.

Pero la avenida no se construye y el terreno queda unos años como agostadero, es decir, para alimentar ganado.

Esto a pesar de que en el propio decreto, publicado en ese mismo 1999, se establecía que en caso de que la superficie expropiada fuera destinada a un fin distinto o no sea aplicada en un término de cinco años al objeto de la expropiación, demandaría la reversión de la totalidad o de la parte de los terrenos expropiados que no se destine o no se aplique conforme a lo previsto por el precepto legal antes referido. Obtenida la reversión el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ejercitaría las acciones legales necesarias para que opere la incorporación de dichos bienes a su patrimonio.

Toda la documentación del despojo se encuentra en internet. No hace falta ser muy avispado para encontrar el proceso de expropiación del predio denominado “La Machorra”  y su ilegal venta, dado que no se ocupó para la construcción del derecho de vía.

A finales de 2007, el entonces gobernador Francisco Garrido Patrón retomó el tema de la enajenación del predio La Machorra y, casualmente, su gobierno lo vendió a una empresa ligada su entonces secretario particular Ricardo Anaya, su suegro Donino Martínez y su amigo Juan Barreiro.

En operaciones múltiples de venta y reventa, con prestanombres, los tres utilizaron el terreno para especulación inmobiliaria, hay que recordar que el predio debía usarse exclusivamente para la construcción de la vialidad. En unos pocos años las ganancias ascenderían a 54 millones de pesos.

En los registros públicos de la propiedad, quedó establecido que el 19 de mayo de 2014, la empresa Juniserra S de RL de CV, propiedad de los suegros de Ricardo Anaya, Donino Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco; su esposa, Carolina Martínez Franco; su cuñada, Natalia Martínez Franco y el propio panista queretano (con 42% de participación), adquirió el lote 82 en casi $10 millones 717 mil 644 pesos, según consta en la escritura pública 61175.

Inmediatamente después, la familia del líder panista construyó una nave industrial en este lote y dos años después, el 25 de agosto de 2016, vendieron esta propiedad, equipada con seis bodegas, en 53 millones 765 mil 31 pesos, a Manhattan Master Plan Development S de RL, operación que les habría dejado una ganancia de más de 43 millones de pesos.

Y ya ahí la dejo porque el historial de venta y reventa del predio es larga y complicado.

Lo que queda claro es que el terreno con el que se enriqueció Anaya fue producto del despojo y que las ganancias millonarias sobrepasan lo imaginable, si se recuerda que a los propietarios los indemnizaron con $85 mil pesos.

Lejos de constituir un hecho aislado, el despojo de tierras a ejidatarios es un hecho constante que ha favorecido  a los grandes capitales y a no pocos políticos.

Hay que aclarar que las acusaciones contra Ricardo Anaya ni siquiera son por despojo, sino por lavado de dinero. Ayer mismo, el senador Ernesto Cordero Arroyo presentó una denuncia ante la PGR contra el candidato presidencial por lavado de dinero. Sus motivaciones, es obvio, tienen más afán electoral que justiciero.

Lo de Anaya forma parte de un largo historial de expropiaciones y despojo en Querétaro y en otras zonas industriales, que jamás salen a la luz pública. Es muy triste reconocerlo.


Semblanza

Norma Angélica Cuéllar

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Gobierno y Asuntos Públicos también por la UNAM. Se ha especializado en la investigación de los temas relacionados con política mexicana, derechos humanos, religión y migración, publicados en diarios y revistas de circulación nacional.También desarrolló la investigación Políticas públicas para los trabajadores agrícolas guatemaltecos en Chiapas y desafíos de la migración en la frontera sur mexicana. Actualmente cursa el doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuya investigación está centrada en la vulnerabilidad y derechos humanos de los migrantes de tránsito por México.

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