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Opinión



Carrancá es lo que representa

Lunes, Junio 11, 2018 - 18:12
 
 
   

Sin atacar las causas profundas de la inseguridad. Los afectados de su actuar. Y ¿qué representa?

El concepto de “legalidad” ha sido convertido, entre otras cosas, en instrumento institucional de engaño social. La institucionalidad misma que rige los destinos sociales de Puebla está basada en el manejo faccioso de esa presunta legalidad, encubierta con el resbaladizo e inasible discurso político del “mejoramiento” de las instituciones. Las personas que encarnan a las instituciones, como individuos, pueden ser calificados de brillantes, regulares o, de plano, incompetentes en el desempeño de sus funciones; pero, en tanto  representan a un órgano del Estado y contribuyen al ejercicio de las tareas de gobierno, aquellos calificativos resultan inadecuados para evaluar su desempeño pues son planos de apreciación distintos: individual e institucional.

Los resultados de la actividad política de los individuos en el plano institucional, tienen que ser evaluados y calificados en el ámbito del proyecto de gobierno que llevan a cabo, cuya medición y valoración descansan en los resultados sociales del mismo. Un funcionario como Víctor Carrancá, con el conjunto de habilidades e incompetencias profesionales que pueda tener como persona, llegó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, no para hacer su voluntad como individuo, sino para encarnar y ser partícipe de la puesta en práctica de un proyecto de gobierno. En esta calidad, Carrancá no sólo es Carrancá. En él se representa y personifica el proyecto político enarbolado y puesto en marcha por el morenovallismo como corriente política.

El frío diciembre de 2015 cobijaba, con aval de los partidos políticos, una reforma constitucional que transformaba a la Procuraduría en Fiscalía General del Estado; y a Carrancá, en automático, como su titular transexenal por siete años más. En ese entonces el problema de los presos, procesados y perseguidos políticos -con su caudal de acusaciones por delitos falsos- estaba en pleno apogeo. Las violaciones a derechos humanos se hicieron programa de gobierno con el uso institucional, primero, de la Procuraduría y luego de la Fiscalía, representadas por este personaje. Por muy obvias razones los afectados por la actuación institucional, fuera de la ley y la Constitución, del flamante fiscal; gritaron y advirtieron públicamente lo injusto de su persecución o encarcelamiento señalando, con especial énfasis, la fabricación de figuras delictivas como mecanismo de sometimiento político de los inconformes, disidentes u opositores.  A pesar del entuerto, todos los partidos en el Congreso se pronunciaron por su permanencia en el cargo.

En la exposición de motivos de esa reforma constitucional, el autor y presentador de la iniciativa dijo: <<El espíritu de dicha reforma constitucional considera que la hoy Procuraduría General de Justicia sea un órgano desvinculado del Poder Ejecutivo local, con autonomía y recursos propios, lo que le permitirá mejorar su tarea de brindar seguridad y justicia en favor de los ciudadanos>>; <<La incorporación de la Fiscalía permitirá contar con procesos y operadores capaces de investigar y argumentar en un juicio, acorde a las nuevas exigencias probatorias, lo que redundaría en la aplicación de seguridad y justicia para los habitantes>>; <<Por otra parte, eliminará la subordinación y dependencia a exigencias y control  temporal de mandatarios en turno, derivado de su esquema transexenal>>; <<Adicionalmente, abonará en una estructura más funcional e independiente, al contar con total autonomía, además de que estimulará la puesta en marcha cabal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, entre otras ventajas>>. Estas promesas no se han hecho realidad, ni con la ley que creó la Fiscalía, ni con la continuidad de Carrancá. El régimen de autonomía, en nada disminuyó el control político de su titular.

A dos años y medio de estas transformaciones jurídicas, la brutalmente  descompuesta realidad social cotidiana que vive Puebla hace su balance sobre lo acertado o desatinado de tales decisiones políticas. La factura en vidas que está cobrando la desatada delincuencia, el feminicidio, huachicol y hasta la contienda electoral, es tan alta que raya en la irracionalidad. En el desempeño de Carrancá, como procurador y fiscal general, es decir, en su desempeño político, se contarían por montones las irregularidades en el manejo institucional que lo inhabilitarían para la función, por decir lo menos. A pesar de todo, ha sido sostenido en el cargo. Alguna razón, de mayor peso que la paz y tranquilidad de los poblanos, debe existir para no moverlo. Cuidar espaldas, tal vez.

Cuando la acusación falsa se erige como mecanismo privilegiado de actuación institucional del ministerio público, tal actitud no debe ser analizada bajo consideraciones de incompetencia pues, conocidas públicamente las aberraciones, los gobernantes nunca dieron muestra de reconocimiento, rectificación y resarcimiento del “error”, ni de sus deplorables consecuencias. Tozudamente las negaron con la cantinela <<en Puebla no existen presos políticos>>. Fue decisión firme convertir a la institución ministerial, en instrumento de voluntades políticas que determinan a quién se acusa y a quién no.

En este marco  una voz ha dicho: <<Si Carrancá no puede, que renuncie>>.  No es petición directa de renuncia; es una condicionante que ha traído al campo político electoral, el juego con la mera posibilidad de su renuncia. Como parte de la estructura de Estado, la Fiscalía cumple una tarea política que forma parte de la marcha normal del modelo de gobierno. El relevo del titular, aun cuando se hiciera efectivo, en la hipótesis de no darse un cambio de gobierno, presupone la preservación y permanencia del esquema de seguridad pública que ha hecho, paradójicamente, de la inseguridad cotidiana de los ciudadanos, fuente inagotable de toda clase de negocios.

La posibilidad de renuncia de Carrancá tiene que examinarse, entonces, no en función de sus habilidades o incompetencias personales; sino, sobre la viabilidad y pertinencia del modelo institucional de gobierno que representa, y en esto, los poblanos deben tomar la decisión. En materia de inseguridad pública las propuestas de combate son reactivas y de reparación; ningún diagnóstico hay de las causas profundas que la generan. La continuidad o renuncia de  Carrancá en  la Fiscalía, no es cuestión solo de ignorancias, sino de intereses políticos. 


Semblanza

Samuel Porras Rugerio

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