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Opinión



Zarpazo legislativo para despojarnos del agua

Miércoles, Mayo 16, 2018 - 16:34
 
 
   

El PRI lo prepara en la cámara de diputados. Beneficiarias: refresqueras, mineras y embotelladoras.

Mientras nos divertimos, sufrimos o lloramos con los dislates de los candidatos a la Presidencia de la República de cara al gigantesco proceso electoral de julio próximo, en la Honorable Cámara de Diputados se cocina el último zarpazo del sexenio priísta a los mexicanos: nada menos que la privatización del agua.

No sé cómo la vean ustedes, pero las reformas estructurales, promovidas por el priísta Enrique Peña Nieto y avaladas por el PAN y el PRD en el Pacto por México, no se convirtieron en ninguna plataforma para el crecimiento. No veo cómo un nuevo macro proyecto de privatización del agua nos pueda beneficiar.

Analicemos un poco, la reforma energética se hizo con el propósito de abrir el sector a la inversión privada, nacional y extranjera, a fin de promover el crecimiento económico, crear empleos y, sobre todo, ofrecer precios competitivos de gas, gasolinas y luz. Pues ya paso un lustro y no tenemos ni crecimiento ni empleos ni precios competitivos. Nada  más echen un ojo a la gasolina Premium que ya cuesta 20 pesos en algunas zonas del país.

Cada semana veo nuevas gasolineras de empresas extranjeras, pero los precios son los mismos, las gasolinas son las dos de siempre, verde y roja, y me da la impresión de que en poco tiempo se amoldarán a las costumbres mexicanas y venderán litros incompletos.

Ahora los panistas y perredistas se lavan las manitas diciendo que las 11 reformas estructurales estaban encaminadas al crecimiento, pero no se implementaron de manera adecuada. Como dirían en mi pueblo, será el sereno, pero nadie vio los beneficios. Nada más observen la cantidad de egresados de universidades que no consiguen empleo o las mil batallas económicas que tenemos que hacer para llegar con vida a la próxima quincena.

En fin, sigamos. Durante los primeros meses del año, ya algunos medios de comunicación habían venido informando que en la Cámara de Diputados se están afinando los motores para aprobar en esta legislatura por la vía fast track, la denominada Ley General de Aguas –versión ampliada de la fallida “Ley Korenfeld” de 2015– que permitiría la privatización, cuyos beneficiarios claro que no serían los ciudadanos, sino las empresas refresqueras, mineras, embotelladoras, etc.

 

 

Para que nos entendamos bien. Les explico. La Ley de Aguas prevé la privatización en dos grandes rubros. La parte de dotación de agua potable a los consumidores, como ustedes y como yo, y la parte industrial, para otorgar concesiones que permitan a las empresas extraer y explotar el agua para fines comerciales.

En la parte de la privatización del servicio, en Puebla ya se tiene experiencia, pues hubo un gran debate después de que el Congreso de Puebla aprobara en enero de 2012 la denominada Ley de Agua para el Estado de Puebla. En esa época una docena de ayuntamientos promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) para dar marcha atrás a lo que se calificó que como “reforma silenciosa y privatizadora del agua”.

Lo cierto es que en el municipio de Puebla, se pasó a privados el SOAPAP (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla) y el servicio es pésimo, el precio se ha elevado y el agua sigue siendo de mala calidad.

Pero la parte alarmante de la nueva Ley General de Aguas es lo que tiene que ver con la concesión a las grandes empresas. Algunos especialistas han advertido que se cerraría el circulo perfecto de la reforma energética, pues se abriría la posibilidad de que las mineras obtengan concesiones para usar este líquido en el método denominado fractura hidráulica o fracking, que consiste en inyectar agua combinada con químicos al subsuelo para obtener hidrocarburos o gas.

El fraking es un método que ya ha sido prohibido en 14 países ricos porque ocasiona gravísimos daños a los ecosistemas, a los mantos freáticos y a las poblaciones humanas. Los estragos pueden prolongarse por años.

Unas cuantas empresas, como las viejas haciendas, controlarían el uso del agua en todo el territorio nacional, dando prioridad al uso industrial por encima del derecho humano al agua. Ello llevará a agudos conflictos sociales, sobre todo de pueblos indígenas y campesinos que hoy se nutren de afluentes naturales.

No quiero ser catastrófica, pero privatizar el agua no es sino un proyecto del neoliberalismo sin rostro humano.

Ya el economista David Harvey lo había advertido: “El neoliberalismo no ha demostrado su efectividad en la revitalización de la acumulación global de capital, pero ha logrado restaurar el poder de clase”. La ola de privatizaciones sólo ha beneficiado a las grandes empresas.

Pues habrá que estar pendientes a la iniciativa del diputado mexiquense, Ignacio Pichardo Lechuga, hijo del ex gobernador del mismo nombre.

norcudi@gmail.com


Semblanza

Norma Angélica Cuéllar

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Gobierno y Asuntos Públicos también por la UNAM. Se ha especializado en la investigación de los temas relacionados con política mexicana, derechos humanos, religión y migración, publicados en diarios y revistas de circulación nacional.También desarrolló la investigación Políticas públicas para los trabajadores agrícolas guatemaltecos en Chiapas y desafíos de la migración en la frontera sur mexicana. Actualmente cursa el doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuya investigación está centrada en la vulnerabilidad y derechos humanos de los migrantes de tránsito por México.

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