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Opinión



Implicaciones de la corrupción, la impunidad y la transparencia

Martes, Abril 17, 2018 - 14:25
 
 
   

La relación entre pobreza y corrupción pareciese ser difusa a primera vista

La transparencia y la impunidad son caras de la misma moneda en nuestro país; por un lado encontramos la existencia de ordenamientos jurídicos relativos a garantizar el derecho humano de la transparencia y el acceso a la información pública en México, y por el otro encontramos un país sumido en la impunidad, ubicado dentro de las cinco peores posiciones en un contexto global de evaluación.

La recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y su manejo, es sin duda una de las grandes oportunidades del país en torno a la disminución del impacto ecológico y sobre todo, a la producción de nuevas formas de energía a través de procesos como la termovalorización y biodigestión. Sin embargo, la existencia de vertederos y rellenos sanitarios ilegales, la corrupción en torno a la recolección, traslado y disposición de dichos residuos en muchos modelos de gobierno municipal, hacen de esta oportunidad un grave problema ambiental y un daño al patrimonio gubernamental por el sobrecosto que se genera.

La corrupción, el rezago social y la distribución inequitativa de la riqueza del país, hacen de los Bancos de Alimentos una real urgencia para tratar de minimizar el impacto de las carencias alimentarias en gran parte de la población. Con mediciones realizadas por el CONVAL, se estima que para 2016 existían 53.4 millones de personas en situación de pobreza y otras 9 millones más en pobreza extrema.

La relación entre pobreza y corrupción pareciese ser difusa a primera vista, sin embargo, gracias a los datos proporcionados por el Banco Mundial así como por mediciones realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil como Mexicanos Primero, se sabe que la corrupción le cuesta a una familia promedio el 14% de sus ingresos; situación que se empeora con aquellas familias que reciben un salario mínimo al día, puesto que dicho sector ve mermado hasta el 33% de sus ingresos en actos de corrupción.

La corrupción y la impunidad le cuestan al país 480 mil empleos formales al año, de esta proporción se desprende la siguiente interrogante: ¿Cuántos jóvenes perderán su primera oportunidad laboral por culpa de estos fenómenos? Los jóvenes son el sector más vulnerable a ser trastocado por la corrupción, entendiendo que la proporción más alta de desempleo se encuentra entre personas de 20 a 29 años. Es necesario implementar medidas de manera inmediata para mermar los efectos de la corrupción e impunidad en el empleo pero también para incentivar a las empresas a contratar jóvenes, considerándolos con un verdadero potencial para el desarrollo del país.

La violencia en cualquier de sus expresiones es un problema social grave, y la impunidad ante tal fenómeno sólo empeora la situación. Más del 47% de niños y niñas de entre 12 y 17 años en 2014 manifestaron haber sido víctimas de algún delito o maltrato según datos del INEGI, sin embargo, pocas acciones tendrán efectos reales y percibidos en la prevención y erradicación de esta problemática cuando apenas 7 de cada 100 delitos en México se denuncian ante las instancias correspondientes; situación que empeora cuando de esos 7 apenas 4 culminarán con una resolución a favor de la víctima. Ante tal situación, una de las primeras acciones es el fortalecimiento del modelo de valores en el hogar, mismo que se puede ver reforzado con la impartición de asignaturas específicas en las escuelas con la finalidad de materializar estas medidas de prevención y erradicación de la violencia.

La participación activa de los padres de familia en el reforzamiento de valores, hábitos y actitudes positivas de sus hijos, representa una gran oportunidad para la reconstrucción del tejido social así como para la creación de cualidades cívicas que ayuden a combatir el fenómeno de la corrupción y creen cultura cívica para disminuir la impunidad. De lo anterior, la importancia de que los padres pasen más tiempo con su familia o bien atiendan situaciones escolares de sus hijos, sin que esto represente un castigo directamente sobre su salario.

La corrupción y la impunidad son males que debemos empezar a revertir de manera inmediata, la posición de México frente a la región y frente al resto del mundo merman el estado de Derecho del país, dañan directamente el tejido social, afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y por consiguiente crea un ambiente de ingobernabilidad que repercute directamente en el modelo democrático existente. Debemos echar mano de las herramientas proporcionadas por la transparencia, es fundamental comenzar a crear cultura de legalidad y de rendición de cuentas, aprovechemos y ejerzamos el derecho de acceso a la información para cuestionar pero también para proponer.

Académica e Investigadora

@NormaPimentelMx


Semblanza

Norma Estela Pimentel

Es egresada de la Universidad de las Américas Puebla, institución de la que obtuvo el título de Licenciatura en Derecho, con el reconocimiento magna cum laude. Ha realizado estudios de Posgrado dentro de los programas de la Maestría en Derecho Empresarial y Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana –Puebla, graduándose con honores. Ha obtenido el grado de Doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el reconocimiento cum laude. Desarrolló una línea de Posdoctorado en Dirección y Mercadotecnia en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. En el ámbito docente ha impartido diversas asignaturas, entre las que destacan Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Marco de la comunicación, Federalismo Hacendario, Derecho Bursátil, Derecho Financiero, Temas selectos de Derecho, entre otras, tanto a nivel Licenciatura como en Posgrado. Ha impartido conferencias en materia de coordinación fiscal, transparencia, contratación pública, globalización financiera, cultura de la legalidad, public and private management, así como en equidad de género. Profesionalmente, se ha desempeñado tanto en la iniciativa privada como en el sector público; ha fungido como Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, fue Comisionada Propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Actualmente se desempeña como Contralora del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla. Es autora del libro electrónico “Marco jurídico de las comunicaciones”, ponente del Primer Congreso Regional de Investigación y Divulgación Científica y Tecnológica, del 7° Congreso Nacional de Organismos Autónomos-Puebla, del congreso internacional de Servicios Públicos Municipales, así como de los promovidos las siguientes organizaciones: Academia Journals, Academia de Ciencias Administrativas AC, The Institute for Business and Finance Research, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Universidad Complutense de Madrid en  materia de políticas públicas, entre otros. Es dictaminadora del International Journal of Business and Systems Research, de la Revista Alegatos y de la Revista Letras Jurídicas. Sus opiniones sobre la Cultura de la Legalidad y Cultura de la Transparencia se publican en los periódicos e-consulta, El Sol de Puebla, El Popular y en la Revista “Municipios de México”. Forma parte del “Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla”, es socia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., miembro activo de la Fraternidad Internacional de Derecho Phi Delta Phi, miembro del International Association of Privacy Professionals, así como miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.

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