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Opinión



El Bronco y la Ley de Comunicación Social

Jueves, Abril 12, 2018 - 06:35
 
 
   

Los dos temas candentes de esta semana. ¿Premio a quien hace trampa? Ley sobre publicidad.

Esta semana tenemos dos temas que aprietan fuerte a la opinión pública. La decisión del Tribunal Electoral del PJF de aceptar los argumentos del Bronco relacionados con los “apoyos ciudadanos” que recibió y que tenían irregularidades graves, de tal modo que le permitió llegar a la boleta, y la aprobación de la Ley General de Comunicación Social por parte del Congreso de la Unión. Ambos son relevantes y ponen en evidencia el tamaño de las presiones a que están sometidas las instituciones por la élite política, y lo lejano que se encuentra el interés público del interés de los partidos.

En el caso del Bronco, la decisión dividida del Tribunal no ha dejado satisfecho a nadie -excepto al Bronco y a quienes pudieran estar detrás- e incluso ha mandado una señal muy grave a la sociedad: quien hace trampa llega, quien no la hace, no llega a la boleta. Aún en el caso de Margarita Zavala, también hay dudas por la enorme cantidad de apoyos ciudadanos que fueron rechazados y que su equipo no pudo subsanar. En su caso, para muchos también de forma inaceptable, Margarita ha llegado a la boleta debido a que sí reunió el número de firmas válidas sin importar que hubiera tenido problemas con el 45% de los apoyos recabados. Ahí no intervino el Tribunal, sino que fue decisión del INE al no haber ninguna ley que castigara a los tramposos.

Este evento deja un mal sabor de boca y llama, nuevamente, a que la legislación sobre las candidaturas independientes tiene que revisarse a fondo. Para empezar, el número de apoyos ciudadanos y el plazo para obtenerlos deben ser sensatos, si lo que se busca es que participen ciudadanos ordinarios que no cuenten con una estructura partidista. Si se decide un porcentaje de la lista nominal –el 1% se considera una buena práctica internacional, se debe distinguir según el tamaño del padrón y tener relación con el número de militantes que requiere un partido para su registro (En México se requiere solamente el 0.26% del padrón para formar un partido político). Segundo, se debe castigar el que se hagan trampas dolosamente en el proceso de recolección de apoyos ciudadanos y permitir, en todo caso, un porcentaje menor al 15% de problemas que pueden surgir en el momento de la captura. Por ejemplo, personas que dan su apoyo a dos o más auxiliares y que por tanto resultan duplicados. Tercero, asegurarse que la población conoce bien esta figura y que el terreno es parejo en relación a lo que ocurre con los partidos.

Esperamos que la próxima reforma política, que tendrá que venir pronto al terminar el proceso electoral, considere una profunda revisión de las reglas de las candidaturas independientes que siga el espíritu del artículo 35 de la Constitución: que cualquier persona tiene el derecho de ser votado.

El segundo tema que está en el centro de la discusión es la Ley General de Comunicación Social aprobada por el Congreso y que ahora va al Senado. Habiendo sido una de las ofertas de campaña de Enrique Peña Nieto, la legislación secundaria para regular la comunicación oficial había sido retrasada por años. Fue por la insistencia de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar que la Suprema Corte de Justicia obligara al Congreso a pasar la legislación correspondiente. El resultado, después de años de picar piedra, es que la ley aprobada por la cámara baja formaliza justamente lo que se quería evitar (y por lo que aquella oferta de campaña de Peña Nieto pareciera un avance importante): el uso discrecional de los recursos, la falta de transparencia y rendición de cuentas, la concentración excesiva de poder de supervisión en la Secretaría de Gobernación, asegurar que los contenidos fueran de utilidad pública y libres de promoción personal, que la publicidad oficial fuera siempre identificable, entre otros atributos. La legislación aprobada poco o nada tiene de estas características y, además, fue aprobada sin siquiera escuchar a las organizaciones que se movilizaron para que hubiera una ley de comunicación social adecuada.

El proyecto ya está en el Senado y tanto el INE como el IFAI han solicitado que la ley incluya características que eviten el mal uso de la publicidad gubernamental. Además, en semanas recientes varias organizaciones denunciaron los montos millonarios que el gobierno federal ha pagado a medios de comunicación por publicidad. De aprobarse como está, esta ley lo seguiría prohijando sin recato. Sería imperdonable que el Senado tampoco escuchara a quienes han estado preocupados por salvaguardar el interés público en este tema tan delicado. Ojalá, esta vez, el Senado se porte a la altura de las circunstancias y realice una revisión a fondo de la iniciativa. En tiempos electorales, esta posibilidad es aún más difícil. Senadores, no le den la espalda a los ciudadanos y actúen por encima de sus intereses partidistas.

@ecardenassan


Semblanza

Enrique Cárdenas Sánchez

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