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Opinión



Novedades en torno al derecho civil mexicano

Lunes, Marzo 12, 2018 - 13:48
 
 
   

Código "tipo" de procedimientos civiles. Temas que involucran a toda la sociedad. Convivencia civil.

Se encuentra en análisis del Congreso de la Unión, la posibilidad de emitir un Código de Procedimientos Civiles “tipo”, que se convierta en el documento base para regular en todas las entidades federativas, los mecanismos jurídicos vinculados con las relaciones familiares, por ejemplo los procedimientos de divorcio o de adopción, así como la declaración de ausencia o de presunción de muerte, el juicio especial de desahucio que consiste en la desocupación del lugar arrendado por no haber pagado dos o más meses de renta, así como los juicios sucesorios testamentarios o intestados, entre otros muchos procedimientos de esta materia de derecho común.

Si bien es cierto que el estudio de esta propuesta de Código es de interés prioritaria para los abogados, a todos los ciudadanos nos interesa conocer las reglas generales con que cualquier juzgador sin importar la entidad del país donde nos encontremos, debería aplicar para resolver los juicios con imparcialidad e igualdad procesal, buena fe y lealtad, publicidad, inmediación, sin demora y economía procesal, todos los anteriores, principios rectores de la materia civil, básica para los demás procedimientos legales.

El derecho civil es piedra angular del orden jurídico mexicano, pues con su regulación se complementan el respeto de asuntos relevantes para el desarrollo armónico de una sociedad, como lo son las conductas delictivas, la amplia gama de actos de comercio, desde la emisión de títulos de crédito, la creación de sociedades, hasta los propios mecanismos de defensa. El comportamiento de los juzgadores al momento de ejercer la más noble labor, la impartición de justicia, en el momento trascendental que se encuentra este país, donde se invoca la cultura de la igualdad y equidad de género así como de la inclusión de todas las minorías y sectores marginados, requiere no solo de los textos jurídicos adecuados a las necesidades y realidad de los estados que conformar este país, sino de la aplicación de los mismos, del análisis a los criterios jurisprudenciales que mediante la interpretación de los juzgadores y abogados litigantes, permita a los ciudadanos la efectiva tutela de sus derechos, o el cumplimiento de sus obligaciones con celeridad.

Por otra parte, es el momento idóneo para que las autoridades facultadas en reformar, crear y abrogar los ordenamientos jurídicos nacionales, se pronuncien respecto al definir precisando claridad y respeto a los derechos humanos sobre el matrimonio igualitario.

Con el objetivo de abrir el estudio de este proyecto a la comunidad jurídica, el Congreso ha facilitado por medio de los colegios que integran el Consejo General de la Abogacía en México, la oportunidad de su análisis y propuestas; en ese sentido consideramos que es de suma importancia crear aquellos mecanismos para tratar datos sensibles y la correcta valoración de la participación de menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales, como por ejemplo cuando niñas y niños son requeridos como testigos o partes dentro del procedimiento, otra sugerencia es que dicho código al ser reformado o al momento de la discusión de su reforma deban tener en cuenta que los criterios del Juez, deba de allegarse y aplicar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género a la hora de sentenciar en aquellos juicios en los cuales intervengan mujeres.

Como se ha indicado, uno de los principios generales que operan para el derecho es la máxima publicidad, es decir, el procedimiento de cualquier naturaleza debe gozar toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, en sus excepciones mismas que deben contener en el código, por ejemplo, en asuntos familiares o que contengan datos personales o derechos de menores se deberá crear una versión pública, toda vez que si bien la naturaleza del derecho civil es un derecho privado, y si en la litis se encuentra el conflicto de un bien, inmueble o mueble, derechos reales, estos deberán gozar en ese sentido de máxima publicidad, a excepción de los datos personales, que deberán ser tratados de conformidad con la Ley General que los protege.

Otro punto importante es la claridad que deberá contener dicho cuerpo legal, puesto que una mala redacción conlleva múltiples interpretaciones y errores de hecho y de derecho. En ese tenor se concluye que la perspectiva del citado ordenamiento legal en manos de una reforma, es un derecho fundamental el participar directamente por cada uno de los individuos de esta sociedad mexicana, incluso a los gobernantes y catedráticos; recordando que la unión y la responsabilidad ciudadana hace la fuerza en la convivencia de las personas como parte de una sociedad.


Semblanza

Norma Estela Pimentel

Es egresada de la Universidad de las Américas Puebla, institución de la que obtuvo el título de Licenciatura en Derecho, con el reconocimiento magna cum laude. Ha realizado estudios de Posgrado dentro de los programas de la Maestría en Derecho Empresarial y Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana –Puebla, graduándose con honores. Ha obtenido el grado de Doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el reconocimiento cum laude. Desarrolló una línea de Posdoctorado en Dirección y Mercadotecnia en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. En el ámbito docente ha impartido diversas asignaturas, entre las que destacan Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Marco de la comunicación, Federalismo Hacendario, Derecho Bursátil, Derecho Financiero, Temas selectos de Derecho, entre otras, tanto a nivel Licenciatura como en Posgrado. Ha impartido conferencias en materia de coordinación fiscal, transparencia, contratación pública, globalización financiera, cultura de la legalidad, public and private management, así como en equidad de género. Profesionalmente, se ha desempeñado tanto en la iniciativa privada como en el sector público; ha fungido como Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, fue Comisionada Propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Actualmente se desempeña como Contralora del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla. Es autora del libro electrónico “Marco jurídico de las comunicaciones”, ponente del Primer Congreso Regional de Investigación y Divulgación Científica y Tecnológica, del 7° Congreso Nacional de Organismos Autónomos-Puebla, del congreso internacional de Servicios Públicos Municipales, así como de los promovidos las siguientes organizaciones: Academia Journals, Academia de Ciencias Administrativas AC, The Institute for Business and Finance Research, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Universidad Complutense de Madrid en  materia de políticas públicas, entre otros. Es dictaminadora del International Journal of Business and Systems Research, de la Revista Alegatos y de la Revista Letras Jurídicas. Sus opiniones sobre la Cultura de la Legalidad y Cultura de la Transparencia se publican en los periódicos e-consulta, El Sol de Puebla, El Popular y en la Revista “Municipios de México”. Forma parte del “Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla”, es socia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., miembro activo de la Fraternidad Internacional de Derecho Phi Delta Phi, miembro del International Association of Privacy Professionals, así como miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.

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