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Opinión



Violencia política contra la mujer

Lunes, Enero 22, 2018 - 14:00
 
 
   

Cada vez somos más quienes nos unimos a solicitar respeto para todas las mujeres

Todos los 25 de noviembre autoridades y ciudadanos conmemoramos el día internacional para la eliminación de la violencia contra niñas y mujeres en todas sus formas, recordando el brutal asesinato cometido en contra de las hermanas Mirabal, buscando orientar a todas aquellas personas que han sido víctimas de violencia política por razón de género, con la aspiración a prevenir ataques, discriminación, misoginia, violencia psicológica, física, sexual, así como el peor desenlace… la muerte.

Cada vez somos más quienes nos unimos a solicitar respeto para todas las mujeres, para que en igualdad de condiciones jurídicas se garantice el respeto a nuestros derechos, pese a encontrarnos en una época en la que son claros los mensajes de empoderamiento de mujeres así como de repudio a prácticas machistas, aunque se reitere con la firma y reconocimiento de Acuerdos Internacionales y regulación nacional en torno a la prohibición de este fenómeno, la realidad sigue superando a la ley: así parece cuando se pretende normalizar lo que ocurre en torno a la precandidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora, por el partido Movimiento Ciudadano, y de Jack Fernández, de quien se difunden imágenes sin autorización, con el objetivo de generar confusión en la sociedad.

El Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, reconociendo los principios contenidos en la Ley Modelo Interamericana sobre la violencia política contra mujeres de la OEA, la Recomendación General No. 35 del comité de CEDAW de la ONU sobre violencia contra mujeres en razón de su género, la Jurisprudencia 48/2016 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en la vigencia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de la Ley General de Víctimas, identifica la AUSENCIA de un marco normativo específico para este tipo de violencia, lo que permite acciones que buscan normalizar el hecho de hacer invisible, hasta pretender volver aceptable practicas negativas en contra de mujeres buscando que la sociedad le recrimine a las mujeres que decidan incursionar en el ámbito político bajo el pretexto de que “tendrían que sujetarse a las reglas del juego”.

Recordemos que la manifestación de ideas, sin importar el medio en el que se hubiera difundido, NO debe dañar los derechos de terceros, tal y como lo indica el 6º Constitucional, además de existir el deber jurídico, la consciencia política individual y colectiva encaminada a respetar y no difundir información sin conocer si esta es verídica, absteniéndose de replicar imágenes que pretendan confundir, cosificar, violentar, sexualizar a cualquier mujer.

Considero necesario que las autoridades que tutelan los derechos humanos y políticos de todas las personas, tomen cartas en el asunto para tutelar la participación activa de las mujeres, para construir prevención y cultura de legalidad que garantice la participación de todos, fortaleciendo los derechos políticos electorales y su ejercicio en cualquier lugar.


Semblanza

Norma Estela Pimentel

Es egresada de la Universidad de las Américas Puebla, institución de la que obtuvo el título de Licenciatura en Derecho, con el reconocimiento magna cum laude. Ha realizado estudios de Posgrado dentro de los programas de la Maestría en Derecho Empresarial y Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana –Puebla, graduándose con honores. Ha obtenido el grado de Doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el reconocimiento cum laude. Desarrolló una línea de Posdoctorado en Dirección y Mercadotecnia en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. En el ámbito docente ha impartido diversas asignaturas, entre las que destacan Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Marco de la comunicación, Federalismo Hacendario, Derecho Bursátil, Derecho Financiero, Temas selectos de Derecho, entre otras, tanto a nivel Licenciatura como en Posgrado. Ha impartido conferencias en materia de coordinación fiscal, transparencia, contratación pública, globalización financiera, cultura de la legalidad, public and private management, así como en equidad de género. Profesionalmente, se ha desempeñado tanto en la iniciativa privada como en el sector público; ha fungido como Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, fue Comisionada Propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Actualmente se desempeña como Contralora del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla. Es autora del libro electrónico “Marco jurídico de las comunicaciones”, ponente del Primer Congreso Regional de Investigación y Divulgación Científica y Tecnológica, del 7° Congreso Nacional de Organismos Autónomos-Puebla, del congreso internacional de Servicios Públicos Municipales, así como de los promovidos las siguientes organizaciones: Academia Journals, Academia de Ciencias Administrativas AC, The Institute for Business and Finance Research, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Universidad Complutense de Madrid en  materia de políticas públicas, entre otros. Es dictaminadora del International Journal of Business and Systems Research, de la Revista Alegatos y de la Revista Letras Jurídicas. Sus opiniones sobre la Cultura de la Legalidad y Cultura de la Transparencia se publican en los periódicos e-consulta, El Sol de Puebla, El Popular y en la Revista “Municipios de México”. Forma parte del “Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla”, es socia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., miembro activo de la Fraternidad Internacional de Derecho Phi Delta Phi, miembro del International Association of Privacy Professionals, así como miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.

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