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Opinión



Implicaciones de la lucha por la sucesión

Miércoles, Enero 10, 2018 - 20:49
 
 
   

Ejemplos históricos del conflicto. La doble tributación. ISR, IVA y ley de coordinación fiscal.

La Historia contemporánea de México ha visto no pocos procesos de sucesión en la trasmisión de los poderes públicos marcados por la violencia, invocándose de manera reiterada por diversos escritores abocados a abordar tópicos políticos, el caso paradigmático de la sucesión de Díaz Ordaz a Echeverría, sin que, por supuesto, ese haya sido el único caso en el que la transmisión del mando gubernamental se hubiese visto envuelto en graves tensiones sociales.

La sucesión de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas y la de éste a Ernesto Zedillo se caracterizaron ambas por el alto grado de conflicto que las circundaron, tanto por las protestas postelectorales que encabezara en la ocasión Cuauhtémoc Cárdenas, como en lo conducente por las pesquisas ministeriales desahogadas con motivo del asesinato en “Lomas Taurinas” del abanderado del partido oficial a la primera magistratura de la República.

Precedentes de importancia hay muchos en la vida del México de la pasada centuria siendo los mismos, por lo demás, posteriores a las secuelas de la sublevación popular de 1910 y de la “Guerra Civil” desatada entre facciones tras el hecho de que Victoriano Huerta dejara el país y se suscribieran los “Tratados de Teoloyucan”.

La sucesión de Miguel Alemán a Ruiz Cortines ante el surgimiento del movimiento del General Henríquez Guzmán, y ni qué decir del almazanismo ante la sucesión del general Cárdenas, son dignos casos de ejemplos del surgimiento de violencia social en medio del proceso de transmisión del mando gubernamental.

La actual generación se enfrenta a un proceso de sucesión presidencial que mueve a no dudarse a su inquietud y preocupación, dada la aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Interior, en tanto que el titular de la política interior anuncia su separación del cargo en medio de una explosión inusitada de homicidios violentos perpetrados en el primer fin de semana del año que comienza.

Por lo demás, ante una eventual acusación penal contra el poderoso otrora líder del senado, ventilada ante la prensa en clara inobservancia de las disposiciones sobre presunción de inocencia, baluarte fundamental de las reformas esgrimidas por el gobierno en turno, así como ante la acusación del gobernador de Chihuahua, entidad en las que se habrían iniciado las pesquisas que eventualmente vincularían a proceso a Manlio Fabio Beltrones, se desprenden tópicos de debate que ponen ene entredicho no pocos de los instrumentos y mecanismos fundamentales en el funcionamiento de la administración pública y del despliegue de los actos de gobierno; tal y como sería del federalismo tributario y presupuestal estructurado en el sistema nacional de coordinación fiscal en vigor entre nosotros desde el año 1980.

En virtud del mismos, las entidades federativas, participarán de la recaudación federal en los términos y proporciones que al efecto se determinan en los artículos 2° y 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, y en contrapartida, las autoridades locales se comprometen, respecto a las bases gravables comprendidas en los convenios suscritos al efecto con la federación, a renunciar a ejercer las facultades que en materia tributaria les corresponden.

 En 1997, como parte de las políticas de descentralización administrativa emprendidas por la Administración de Ernesto Zedillo, la Ley de Coordinación Fiscal fue materia de una reforma profunda para complementar la asignación de recursos fiscales a las entidades federativas, mismas que a partir del año referido, han recibido no nada más las participaciones correspondientes a los convenios conducentes de coordinación fiscal, sino las aportaciones derivadas de los convenios de descentralización de atribuciones federales, tal y como sería el caso del gasto en educación entre otros rubros, contemplándose  así mismo en la Ley para el Federalismo Hacendario, la existencia de diversos fondos asignados a las entidades por parte de la Tesorería Fiscal de la Federación derivados de muy diversas consideraciones de índole presupuestal.

Don Ignacio L. Vallarta como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer en las sesiones conducentes de los días 2,3,4,5,6,8,9,10 y 11 de marzo de 1880 de los amparos presentados por diversos industriales promovidos en contra de la Ley de Ingresos del 5 de junio de 1879, habría dejado asentado por su parte en sus célebres "Votos", que la Constitución en materia fiscal establece el sistema norteamericano de doble tributación respecto de aquellas bases gravables que no se encuentren reservadas por la propia Constitución de manera específica a una de las esferas respectivas de competencia.

 El sistema nacional de coordinación fiscal, fue, desde sus inicios, materia de severas críticas y observaciones, se cuestionó al respecto el hecho de que, dado que del texto del artículo 31 fracción IV de la propia Constitución se desprende la facultad de la federación y los estados para imponer una doble tributación, resultaría de muy dudosa validez establecer en una ley secundaria la posibilidad de que las competencias constitucionales de las entidades federativas fuesen materia sujeta de convenio.

Se arguyó, por su parte, que la fracción VII del Artículo 73 establece que el Congreso tiene atribuciones para fijar las contribuciones necesarias a cubrir "el presupuesto", expresión redactada en forma singular toda vez que se refiere al presupuesto de la federación y no a los presupuestos de los estados que deben cubrirse con las contribuciones que decreten sus respectivas legislaturas.

Los únicos impuestos federales participables por disposición expresa de la Constitución, son los concernientes a las contribuciones especiales contempladas en el numeral 5° de la fracción XXIX del Artículo 73 constitucional.

Los inconvenientes derivados de aplicar un doble tributo, se han erigido en uno de los tópicos torales de nuestra historia política, para afrontar las soluciones que de ellos se desprenden se convocó durante la primera mitad del siglo XX a tres convenciones nacionales fiscales que se llevaron a cabo en los años de 1925, 1947 y 1950; surgiendo de la primera de ellas el Impuesto sobre la Renta implementado pocos años atrás en los Estados Unidos por la administración del presidente Wilson, el establecimiento de gravámenes sobre ingresos mercantiles fue el resultado, por su parte, de las segunda de las convenciones en cuestión y, como resultado de la tercera de éstas, se dio el establecimiento de la una comisión nacional de arbitrios para dirimir controversias entre las diversas competencias tributarias.

Ninguna de las soluciones esbozadas resolvió el problema de la escasa y débil capacidad de tributación que se observa de manera endémica e inveterada en la planta productiva del país, ni tampoco, por consiguiente, el de la distribución de recursos presupuestales entre las diversas esferas de Gobierno, como consecuencia de ello, y a raíz del establecimiento en 1978 del Impuesto al Valor Agregado, se estableció entre nosotros el sistema nacional de coordinación fiscal, cuya vigencia es tan sólo uno de tópicos en entredicho en medio de una sucesión en el que la violencia y la discordia parece enfrentarnos a situaciones inesperadas en aristas que acaso no sean fácilmente apreciables en su totalidad en una mera visión panorámica.


Semblanza

Atilio Peralta Merino

Nací en ésta ciudad, en la sala de maternidad “Covadonga” de la Beneficencia española, “tal vez un jueves como hoy de otoño”, dijera parafraseando a Cesar Vallejo, y de inmediato me trasladé a las islas del Caribe, entre brumas mi primer esbozo de recuerdo es el vapor de un barco que desembarcó en la Dominicana, Isla a la que jamás he vuelto y que no registro en la memoria consciente, desconozco si habríamos arribado a “Santo Domingo” o si todavía sería “Ciudad Trujillo” acababa de tener verificativo la invasión auspiciada por la OEA y, al decir de mi señora madre, era en ese momento el lugar más triste que habría sobre el planeta tierra. Estudié orgullosamente con los jesuitas hecho que me obliga a solazarme en la lectura de james Joyce, y muy particularmente en “El Retrato del Artista Adolescente”, obra que conocí gracias a mi amigo y compañero de andanzas editoriales juveniles Pedro Ángel Palou García, y asimismo orgulloso me siento de mis estudios en leyes en la Escuela Libre de Derecho pese a los acres adjetivos que le endilga a la escuela José Vasconcelos en su “Breve Historia de México” al referirse a otro egresado de la “Libre” como lo fuera el presidente Emilio Portes Gil. Crecí escuchando los relatos de mi abuelo sobre su incursión en los primeros años de su adolescencia en las filas del ejército constitucionalista, sus estudios de agronomía en “Chapingo” junto a los Merino Fernández, su participación en la “Guerra Cristera” al frente de cuadrillas armadas bajo la indicaciones del General Adrián Castrejón quién años después crearía los servicios de inteligencia militar y se convertiría en el gran cazador de espías nazis durante los años de la conflagración mundial, y por supuesto, de los días aciagos del avilacamchismo de cuyo régimen perdería el favor dadas las intrigas que suscitarían su parentesco con el líder obrero Manuel Rivera Anaya. Mi padre por su parte, llegaría a éste país mitad en vieja de estudios, mitad exiliado, habría corrido a su cargo el discurso que en representación de los jóvenes fuese pronunciado ante la multitud reunida en Caracas el 23 de enero de 1958 con motivo de la caída de la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez, suceso al que alude Gabriel García Márquez en “El Otoño del Patriarca, matriculándose en la entonces Escuela Nacional de Economía que, muy pocos después, se transformaría en la “facultad” gracias a la brillante intervención de la maestra Ifigenia Martínez. “Soy todas las cosas por las que voy pasando”, he tenido en suerte el haber colaborado, o convivido de alguna manera con hombres cuya actuación ha resultado clave en la historia reciente del país, mencionaré a manera de ejemplo y obligado por la más elemental de las gratitudes a los senador José Ángel Conchello y Humberto Hernández Haddad así como y mi entrañable maestro el constitucionalista Elisur Artega Nava ; transformación que conduce por un lado , a darle cabal cumplimiento al deber bíblico de dar testimonio de los sucesos que corren en el siglo, y por la otra a convertirse en un hombre sencillo como dijera Borges: “ que aprecia el sabor del agua, el caminar pausado y la conversación con los amigos”.

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