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Opinión



Mayor transparencia para la reapropiación del juicio político

Miércoles, Septiembre 13, 2017 - 14:47
 
 
   

En México, cualquier ciudadano puede solicitar un juicio político

¿Es posible remover de sus cargos a políticos que abusan del poder para hacerlos enfrentar las consecuencias de sus acciones? El invierno pasado, miles de surcoreanos marcharon en Seúl contra la presidente Park Geun-hye. La líder asiática había sido acusada, entre otras cosas, de dar acceso a información clasificada a una amiga y de juntas presionar a compañías para hacer donaciones millonarias a las fundaciones de la última. A pesar del escándalo, la presidente se negó a renunciar y no era posible tomar acción judicial contra ella mientras siguiera en el cargo. Hoy, gracias a un juicio político, la presidente Park se encuentra en prisión esperando el final de su proceso legal.

En países y contextos muy diferentes, el juicio político ha cumplido la función de destituir funcionarios de alto nivel que usaban su cargo para beneficiarse en detrimento del bien común. Un caso más cercano a México ocurrió hace dos años en Guatemala. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusó al presidente Otto Pérez Molina de liderar una mafia de corrupción. Después de un proceso similar, el presidente presentó su renuncia para enfrentar los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. Como muestran estos dos sucesos, el juicio político es uno de los recursos más poderosos para controlar el poder de las autoridades en las democracias. Sin embargo, también puede ser utilizado con un objetivo faccionario. Esto no es extraño pues, al final del día, el mecanismo depende de la voluntad de los integrantes del poder legislativo.

En México, cualquier ciudadano puede solicitar un juicio político, pero depende de la Cámara de Diputados que éste se lleve a cabo.  El proceso está establecido en el artículo 110 de la Constitución y puede ocurrir cuando un funcionario atente contra los intereses públicos fundamentales; por ejemplo, la violación de derechos humanos, un ataque a las instituciones democráticas o la usurpación de atribuciones. Por lo anterior, este instrumento es una herramienta a disposición de la ciudadanía para hacer rendir cuentas a los políticos a partir de denuncias directas y mediante la acción de sus representantes.

El 6 de septiembre, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI), mediante un recurso de revisión, instruyó a la Cámara de Diputados entregar información sobre 109 casos de juicio político desechados por la Subcomisión de Examen Previo. La subcomisión había estado inactiva por más de una década: sesionó por primera vez en 13 años en abril del 2016. Debido a esto, acumuló 364 solicitudes desde 2003 a la actualidad. De éstas, 167 fueron desechadas por prescripción; 9, por la muerte de los señalados. ¿Cuántas denuncias podrían haber trascendido de haberse analizado a tiempo? ¿Habrían generado que algún funcionario público fuera sometido a un proceso por delitos graves contra el interés público?

Por estas razones es importante que exista transparencia en los procesos de juicios políticos que se discuten en la Cámara de Diputados. La ciudadanía debe conocer las herramientas legales a su disposición para vigilar y controlar el ejercicio del poder. Saber cómo funcionan y se llevan a cabo permite a los ciudadanos demandar a sus representantes que los utilicen para juzgar funcionarios que hayan abusado de su puesto. Los ciudadanos también tienen derecho a saber y, posteriormente, evaluar si las causas y conjeturas que derivan en un juicio político son fundadas. Monitorear a los legisladores es necesario para que estos procesos no se conviertan en una subversión de la rendición de cuentas para beneficiar una agenda partidista. Solo así podremos aprovechar plenamente este mecanismo para apartar del poder a quienes cometan faltas graves y, posteriormente, hacerlos responsables de ellas.

Restaurar la confianza en la democracia y la política mexicana depende, en gran medida, de las herramientas que la población tenga para controlar el ejercicio del poder de los servidores públicos, autoridades y políticos, de ahí la importancia de, por ejemplo, implementar el modelo de Parlamento Abierto y dar a conocer la utilidad del juicio político.

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.

Twitter: @joelsas


Semblanza

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Paris III-Sorbonne Nouvelle y cuenta con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, Francia. Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó con el IFAI y la Sociedad Civil la redacción del Plan de Acción que México presentó en la Open Government Partnership (OGP). Además, durante el 2012, fue presidente del Grupo Anticorrupción del G20. Actualmente es comisionado del INAI y coordina las comisiones de Políticas de Acceso a la Información y la de Gobierno Abierto y Transparencia.

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