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Opinión



Ley de Responsabilidad Patrimonial para Puebla

Miércoles, Septiembre 13, 2017 - 21:59
 
 
   

No se ha actualizado el marco legal al respecto. Ley de Depuración de Créditos, antecedente remoto.

La responsabilidad patrimonial del Estado es una institución jurídica que, mediante criterios objetivos de derecho público, establece la obligación directa del Estado de indemnizar a los particulares que hayan sido lesionados antijurídicamente en sus bienes o derechos, con motivo de la actividad extracontractual del propio Estado.

 

Se entiende por lesión antijurídica, el conjunto de afectaciones patrimoniales que los particulares no tienen el deber jurídico de soportar, al no existir expresamente título legítimo para sufrir el daño irrogado; y dicha antijuricidad presupone la existencia de una garantía legal a la integridad del patrimonio.

 

El origen y desarrollo de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra en la aplicación de los principios generales del derecho, dentro de los cuales deben mencionarse los principios de igualdad, solidaridad social, proporcional de las cargas públicas y de seguridad jurídica, que encuentran su funcionamiento último en los valores de justicia, equidad y bien común.

 

En México, la institución de la responsabilidad patrimonial directa del Estado encontró originalmente cabida en la Ley de Depuración de Créditos a cargo del Gobierno Federal de 1941, la cual constituyó un intento en favor de un régimen de responsabilidad directa del Estado; se ha estipulado en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, y en diversos ordenamientos administrativos como la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, la Ley Aduanera, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal el rubro de “responsabilidad patrimonial”.

 

La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestra Constitución General, se incorporó en el artículo 113 de la Constitución General por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 14 de junio de 2002 (mismo que entró en vigor en 2014), donde también se estipuló que las entidades federativas deberían prever las medidas legislativas encaminadas a hacer real esta disposición constitucional.

 

No obstante, en nuestro orden jurídico local aún no se emite la ley secundaria a través de la cual se dé eficaz cumplimiento a la referida norma constitucional. Por ello, esta semana presentaré ante el Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la cual tiene por objeto fijar las bases, límites y procedimientos para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado y Municipios del Estado, así como reconocer el derecho a la indemnización de las personas que sufran una lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

 

Esto es una ley que prevea: la indemnización que los particulares puedan reclamar al Estado y los Municipios derivado de la actividad administrativa irregular de estos entes administrativos; un procedimiento claro y preciso que prevea los pasos que deben seguir los particulares al solicitar la indemnización al estado y a los ayuntamientos; la procedencia o no del monto reclamado por concepto de indemnización; así como los mecanismos para que la indemnización ahí prevista se otorgue después de sustanciado el procedimiento.


Semblanza

Pablo Fernández del Campo

Es actualmente diputado local; fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y ha sido candidato a diputado federal. Es abogado y maestro, y últimamente se ha especializado en temas urbanos y metropolitanos.

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