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Opinión



De procesos electorales, propaganda… y transparencia

Miércoles, Septiembre 13, 2017 - 10:18
 
 
   

Inicia la cuenta regresiva para las elecciones federales 2018 para Presidente de la República

El pasado 8 de septiembre coincidieron dos actos, íntimamente relacionados para las decisiones más relevantes en 2018: la presentación del proyecto del paquete fiscal, con la propuesta del Presupuesto de Egresos y el proyecto de la Ley de Ingresos, así como la publicación del calendario del proceso electoral ordinario federal, atendiendo lo establecido en el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Inicia la cuenta regresiva para las elecciones federales 2018 para Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales, aunado a los procesos locales de elección de las autoridades respectivas: Gobernadores, Diputados locales y Presidentes municipales; así que debemos estar preparados para el bombardeo mediático de campañas y estrategias de marketing electoral, con los elevados costos que esto le implica al propio Estado, con las asignaciones presupuestales que emanan del propio cumplimiento de la obligación que TODAS las personas tenemos en esta país: contribuir de manera proporcional y equitativa, con los gastos de la Federación, Estados y Municipios que establecen las Leyes.

En el proyecto del PEF 2018 se reitera la aplicación del principio de austeridad, no creación de plazas, compra de vehículos, entre otros “ahorros”, haciendo hincapié en la prohibición de erogaciones en comunicación social en las entidades federativas donde existan elecciones, situación que ocurrirá básicamente en todas. Esta prohibición no incide a los partidos políticos, más bien se vincula con el texto del artículo 134 Constitucional que indica que la comunicación social (propaganda pública), que difunda cualquier poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Constitucional autónomo) o ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter Institucional con fines informativos, educativos o de orientación social, prohibiendo incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público… esta prohibición tiene vigencia atemporal, no limitada por los procesos electorales.

Con 5 billones 236 mil 375 millones 600 mil pesos, el proyecto del PEF 2018 se encuentra equilibrado al crecimiento real, después de la actualización a pesos reales por el efecto de la inflación, que según informes de Banxico se proyecta en 3% para el próximo año. Pese a que se difunden análisis de especialistas financieros y económicos, respecto de la adecuada proyección del PEF 2018, la percepción de la ciudadanía es otra, sobre todo al tomar en cuenta que a las personas cada vez los ingresos nos permiten la adquisición de menos satisfactores, que las denuncias sobre escandalosos actos de corrupción parecen empantanarse en los procedimientos judiciales por lo que la recuperación de los millones en juego parece compleja, sumando a lo anterior el propio origen de los recursos, pues estos son el producto de las ganancias de empresas, profesionistas y de la explotación de recursos que en teoría constitucional, nos pertenecen a todos.

Los 29 mil 70 millones 267 mil 341 pesos que se pretenden destinar a los comicios de 2018 para uso de INE, partidos políticos, FEPADE y Tribunal Electoral, demandan total Transparencia para quienes los aplicarán, debiendo estar sujetos a eficiente y eficaz fiscalización… aunque dicho sea de paso, la ciudadanía requiere que el principio de Transparencia sujete a los tiempos de Spots en radio y Televisión, a la Propaganda Electoral, a la Capacitación de los funcionarios de casilla, a la “nueva” figura del voto desde el extranjero, así como al registro de los candidatos independientes y partidistas.

En relación con el principio de austeridad presupuestal, así como de Transparencia que ordena la Constitución, el Instituto Nacional Electoral ha buscado que se generen los ajustes tendientes a homologar las fechas de conclusión de precampañas, la aprobación de los registros de candidatos para los procesos electorales locales, lo que permitiría además de facilitar los procesos administrativos vinculados con la materia, mayor control y fiscalización en los gastos de los partidos políticos, sus candidatos o candidatos en la vía independiente, sin embargo, los acuerdos no fueron en todos los casos, tomados en el mismo sentido, por lo que amable lector, seguramente viviremos el embate de la sobre cargada propaganda electoral.


Semblanza

Norma Estela Pimentel

Es egresada de la Universidad de las Américas Puebla, institución de la que obtuvo el título de Licenciatura en Derecho, con el reconocimiento magna cum laude. Ha realizado estudios de Posgrado dentro de los programas de la Maestría en Derecho Empresarial y Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana –Puebla, graduándose con honores. Ha obtenido el grado de Doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el reconocimiento cum laude. Desarrolló una línea de Posdoctorado en Dirección y Mercadotecnia en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. En el ámbito docente ha impartido diversas asignaturas, entre las que destacan Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Marco de la comunicación, Federalismo Hacendario, Derecho Bursátil, Derecho Financiero, Temas selectos de Derecho, entre otras, tanto a nivel Licenciatura como en Posgrado. Ha impartido conferencias en materia de coordinación fiscal, transparencia, contratación pública, globalización financiera, cultura de la legalidad, public and private management, así como en equidad de género. Profesionalmente, se ha desempeñado tanto en la iniciativa privada como en el sector público; ha fungido como Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, fue Comisionada Propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Actualmente se desempeña como Contralora del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla. Es autora del libro electrónico “Marco jurídico de las comunicaciones”, ponente del Primer Congreso Regional de Investigación y Divulgación Científica y Tecnológica, del 7° Congreso Nacional de Organismos Autónomos-Puebla, del congreso internacional de Servicios Públicos Municipales, así como de los promovidos las siguientes organizaciones: Academia Journals, Academia de Ciencias Administrativas AC, The Institute for Business and Finance Research, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Universidad Complutense de Madrid en  materia de políticas públicas, entre otros. Es dictaminadora del International Journal of Business and Systems Research, de la Revista Alegatos y de la Revista Letras Jurídicas. Sus opiniones sobre la Cultura de la Legalidad y Cultura de la Transparencia se publican en los periódicos e-consulta, El Sol de Puebla, El Popular y en la Revista “Municipios de México”. Forma parte del “Comité Ciudadano para el Fortalecimiento Institucional del Municipio de Puebla”, es socia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., miembro activo de la Fraternidad Internacional de Derecho Phi Delta Phi, miembro del International Association of Privacy Professionals, así como miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.

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