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Opinión



¡No al fiscal anticorrupción a modo de EPN!

Lunes, Septiembre 11, 2017 - 09:15
 
 
   

Por supuesto que esa compra de ninguna manera puede considerarse delito

Bastó que el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, diera atole con el dedo a los aguerridos legisladores del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y a los morenos de López Obrador, para que todos ellos, unánimemente, pusieran punto final al sainete que le armaron al PRI, en la Cámara de Diputados.

Fue suficiente que el alfil que el presidente Peña tiene incrustado en la cámara baja, les ofreciera enviar una iniciativa de reforma al artículo constitucional décimo transitorio “en el mismo sentido” de la que el Ejecutivo envió al Senado de la República un mes después de haber colocado a Raúl Cervantes en la antesala  de la Fiscalía General de la República.

De no ser una engañifa del priista César Camacho, la reforma constitucional, que como moneda de cambio les ofreció a los diputados de la oposición, ciertamente eliminará la designación fast track del fiscal anticorrupción, pero también será verdad que al dejar intocada la parte del artículo 102 constitucional que mandata un ejercicio de nueve años para ese servidor público, implícitamente crearán condiciones para proporcionar protección trasexenal a quienes en la administración gubernamental de Peña Nieto hayan cometido actos de corrupción, en los que, presumiblemente, podría estar involucrado el propio presidente de la república y algunos de sus colaboradores más allegados.

Protección que, entre otros casos de corrupción, impediría o entorpecería las investigaciones inherentes a los millonarios sobornos, en dólares, que se dice fueron entregados por la empresa corruptora brasileña Odebrecht, entre otros servidores públicos, al entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Al dejar sin efecto la Cámara de Diputados la facultad de convertir en Fiscal General de la República al Procurador General de la República, sin pasar por el escrutinio ni tamiz de nadie, Raúl Cervantes Andrade prácticamente queda inhabilitado para aspirar a ocupar, en lo futuro, el cargo de fiscal anticorrupción debido a que no cumple uno de  los cinco requisitos que estipula la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

Gozar de buena reputación.

Porque no puede gozar de buena reputación el procurador predilecto de Peña Nieto, cuando  para evadir, con viso de legalidad, la obligación jurídica de pagar un impuesto, recurrió a una artimaña que lo dibuja de cuerpo entero y pone en duda su probidad.

En el año  2011, en la Ciudad de México, el abogado Cervantes Andrade, compró un automóvil marca Ferrari, cuyo precio fue de 3.9 millones pesos, según reveló una investigación efectuada por la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Por supuesto que esa compra de ninguna manera puede considerarse delito. Se trató de una operación comercial que solamente pueden llevar a cabo persona que posean un capital millonario o sean parte de la élite política autóctona que tiene como rehén a 119 millones 938 mil 473 mexicanos (Inegi 2015).

Delito es evadir el pago de un gravamen dándole vuelta a la ley.

Un año después de adquirir su Ferrari, es decir en 2012, el ahora procurador Raúl Cervantes Andrade, al enterarse que a partir de ese año se derogó el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el estado de Morelos, inmediatamente acudió a registrar su automóvil Ferrari en la ciudad de Cuernavaca, con la finalidad de beneficiarse con la exención de ese impuesto.

Prorrogativa fiscal aplicable únicamente a personas residentes en el estado de Morelos. Que en modo alguno, no es el caso del frustrado candidato a ocupar la fiscalía anticorrupción del país, toda vez que este importante personaje político radica y tiene su domicilio legal en la Ciudad de México.

Para no pagar ese impuesto, Raúl Cervantes manifestó que radica en el poblado turístico de Cocoyoc, Morelos. Cosa que es falsa de toda falsedad, como suelen decir los abogados ─ como él mismo─ cuando en un juicio rebaten una afirmación que no es verdad.

La verdad es que el abogado Cervantes vive en la capital del país.

Se estima que el monto del impuesto de tenencia vehicular, evadido mediante una  ilegal estratagema de quien todavía podría convertirse en fiscal anticorrupción, rebasa la cantidad de un millón de pesos.

Cualquier persona que no tenga el poder político que tiene el procurador Cervantes Andrade podría ser encarcelado.

En caso que no fuere suprimido del artículo constitucional décimo transitorio, el pase automático de Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la Republica, sería una vergüenza para el país tener un fiscal anticorrupción corrupto.

Fiscal General de la República autónomo

Como de ocho años a la fecha, con la llegada de Guillermo Padrés, Javier y César Duarte, Roberto Borge y Enrique Peña Nieto, al poder político, la corrupción gubernamental ha llegado a niveles alarmantes, mucho se ha dicho acerca de la necesidad que México cuente con un eficaz órgano autónomo que combata la corrupción gubernamental.

Incluso, el titular de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, se pronunció porque este país cuente con un fiscal anticorrupción autónomo.

Desde luego, nadie que esté de acuerdo en que se combata a fondo y castigue la corrupción que existe en los niveles de gobierno municipal, estatal y federal, podría estar en desacuerdo con que los mexicanos tengamos un fiscal idóneo, eficaz y autónomo para combatir la corrupción gubernamental.

El problema radica en encontrar a la persona que reúna esas tres características. Sobre todo la que se refiere a la autonomía.

Según el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia el concepto autonomía es la “Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie”.

Cumplir cabalmente esta acepción, es tarea bastante difícil. Porque difícil, o sumamente difícil, es encontrar una persona que esté blindada a prueba de filias y aversiones ideológicas y partidistas.

Cambio de opinión del panista Ricardo Anaya

Siendo presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el panista Ricardo Anaya Cortés, el 22 de enero de 2014, firmó el texto de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicano donde se estipula que el Fiscal General de la República    ocupará ese cargo durante nueve años y que el pase de la PGR a esa fiscalía será automático.

Tres años y medio  después, Anaya dio el cambiazo al oponerse a que ese paso sea automático como antes aceptó.


Semblanza

Raúl Espejel Pérez

Ha colaborado como articulista en la revista Jueves de Excélsior, El Universal de México, El Universal Gráfico, El Universal de Puebla, El Día, Nueva Era de Puebla y la revista Momento de Puebla (versión impresa y digital).

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La Corte de los Milagros.

Que se mochen las que más ganaron

Antes de pedir un préstamo para contar con recursos que hagan frente a los daños causados por el sismo, el gobierno del estado debería explorar otras alternativas que pasan por revisar los contratos de Asociación Público Privada (APP) y de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), firmados por la pasada administración, para que los recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) y de otras partidas se destinen a los damnificados y a la reconstrucción de viviendas y escuelas.

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