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Opinión



Sistema Nacional Anticorrupción y federalismo

Lunes, Junio 19, 2017 - 11:58
 
 
   

Las legislaciones nacionales, al adaptarse al ámbito local, no dejar de someterse a los poderes

¿Por qué las iniciativas modernizadoras, innovadoras, de talante democrático, algunas de ellas, acaban agregadas al centenario diseño constitucional con más pena que gloria, sin cumplir cabalmente la función para  la que fueron creadas?

Las reformas tendientes a crear nuevas instancias gubernamentales, ha devenido en burocracia obstaculizadora de mejora del orden político y social.

Los cambios han sido iniciativa de segmentos lúcidos de la opinión pública y de la representación política. Sin embargo las propuestas -a contrasentido de las elites, quienes a final de cuentas  se adaptan y en asombrosos malabarismos  usan dichos cambios para sus propios fines, ganando incluso legitimidad-, se pervierten cuando se convierten en ley.

La reforma de Ernesto Zedillo sobre seguridad pública, que otorgó mayores atribuciones a los estados y municipios en la prevención y combate a la delincuencia, derivó en autonomía policial regional convertida en patente que disparó los índices delictivos. La federalización de la seguridad pública derivó en federalización del crimen organizado.  Los resultados están a la vista: una guerra sin fin.

El restablecimiento de la autonomía de los gobiernos estatales los  hizo figuras centrales de la arbitrariedad, latrocinio,  corrupción y espacio de regresión autoritaria. Peor el remedio que la enfermedad

Ocurrió lo mismo con La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo embates autoritarios  en las legislaciones locales significaron sumergir la información en el reino de la opacidad.

Las comisiones  de derechos humanos, excepcionalmente abandonan el papel de ser el convidado de piedra  en el aquelarre que significa la violación sistemática de los Derechos Humanos en el país. Aparte, se les somete –incluso las comisiones estatales blandengues- al linchamiento mediático alimentado por la incapacidad funcional de los órganos policiacos. 

Un referente más es el Instituto Nacional Electoral,  maravilla en el rejuego del federalismo. Su creación, tendiente a contrarrestar los poderes facticos encumbrados en los órganos estatales acabó fortaleciéndolos. Ahora son instancias que cuentan con la legitimidad que otorga la institución nacional, pero plagados de impunidad, arbitrariedad e incluso ilegalidad. De antología.

La mecánica para inutilizar ha sido simple. El recurso para contener la profundidad de los impactos es el diseño federalista de la constitución. En los últimos 15 años los principales cambios constitucionales acabaron siendo distorsionados. El emparejamiento en las constituciones locales, al que obliga el diseño federalista,  se volvió escenario de oportunidad para modificar y en algunos casos, re direccionar  en un sentido regresivo, gracias a la omisión o permisibilidad de las instancias de control constitucional.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ha resultado ser la última paradoja del actual sistema político mexicano. Una buena iniciativa  ciudadana, en su implementación puede transformarse en una compleja y pesada maquinaria burocrática que corre a contra sentido de la razón de su existencia, con un desenlace final: ser el principal obstáculo para combatir la corrupción.

Esfuerzo de aristas diversas, que contempla la colaboración transversal institucional y de  participación civil –asociaciones, instituciones académicas, especialistas-  ha hecho que la ruta crítica para su operación, financiamiento, nombramiento de comisionados, reformas locales, definición del Fiscal General Anticorrupción, deje el espíritu por el cual fue creado y se pierda en una maraña de tramitología con pobres resultados, sujeta a controversias constitucionales un día sí y otro también, como ya ocurre.

Los sistemas estatales anticorrupción empiezan a ser copados. Las fiscalías corren el riesgo de convertirse en oficinas adjuntas del gobernador, como ocurrió con los órganos de transparencia, las comisiones de derechos humanos y los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. En igual sentido las legislaciones anticorrupción no son las mejores. Son leyes ambiguas e incluso muy permisivas.

No es de extrañar, los municipios y gobiernos estatales son los que enfrentan mayor opacidad en el gasto público y donde se concentran los mayores escándalos respecto a las redes de corrupción. Nada mejor que cubrirse las espaldas con anticipación. En pocas palabras, el control vertical y horizontal en los estados sigue siendo una asignatura pendiente. La sociedad civil es aún simbólica, incapaz  de generar contrapesos reales y mediáticos. Con poca posibilidad de vigilar,  incidir y corregir.

La politización del SNA en los estados, por la primacía de los poderes por sobre la opinión de la sociedad, condiciona los nombramientos y los condena al enrolamiento interesado. Se requieren elementos de moralidad pública para garantizar independencia y autonomía, legitimidad y sobre todo confianza.

Son sustanciales los contrapesos desde la acción civil. La corrupción, de alcances desastrosos para el propio Estado, se ha multiplicado gracias a un entramado de complicidades que toca amplios segmentos de la propia sociedad. No es fácil el trance. El federalismo desenvuelto perversamente por los grupos de poder facticos,   ha hecho a las sociedades indolentes y hasta conformistas.

En  julio  entrará en vigor el sistema anticorrupción en todo el país,  los estados incluidos. Las ambiciosas expectativas que contemplan incluso circunstancias punitivas para los particulares involucrados en prácticas de corrupción, aventuran un viaje aun con muchas sorpresas.

A pesar del potencial sometimiento al que puede estar  expuesto el esfuerzo,  es una potencial caja de Pandora que, incluso aun de modo simbólico y con todos sus contrasentidos y regresiones,  abre una arena más para la participación pública. El SNA es de la sociedad, por ella y para ella, su ausencia en los contextos locales presagia el surgimiento de un elefante blanco cuyo arranque costará más de 200 millones de pesos.

gnares301@hotmail.com.mx


Semblanza

Guillermo Nares

Doctor en Derecho/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales BUAP Autor de diversos libros Profesor e investigador de distintas instituciones de educación superior

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