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Defiende Minera Gorrión legalidad de su actividad en Puebla

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Laura Ruiz  |
 Martes, Febrero 5, 2019

Asegura que han hecho más estudios de impacto de los previstos por ley

La Minera Gorrión S.A. de C.V. defendió la legalidad de la exploración realizada en los últimos 18 años en Ixtacamaxtitlán y aseveró que ha hecho evaluaciones de impacto más amplias que lo que exige la legislación mexicana.

En respuesta a señalamientos de grupos que la acusan de daños ecológicos y violación de derechos humanos,  la filial de la canadiense Almaden Minerals Ltd. también destacó que en ese periodo no ha recibido resoluciones que impliquen sanciones.

Asimismo resaltó ser pionera en la realización de Evaluaciones de Impacto Social del sector minero del país, que no están previstas en la actual legislación, pero que le permiten establecer medidas de mitigación en los planos económico, social y del medio ambiente.

En cuanto al agua, Minera Gorrión  se dijo respetuosa, descartó ubicarse en un área natural protegida y aseguró contar con programas y acciones medioambientales para cada una de las etapas de su proyecto.

En cuanto a la reciente Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), destacó los avisos públicos que hicieron sobre el proceso e indicó que están a la espera de una Reunión Pública de Información (RPI).

Según información difundida hace más de dos semanas, la minera plantea un proyecto menos invasivo que el presentado con anterioridad.  La gaceta de la Semarnat dio a conocer que la empresa busca un cambio de uso de suelo en el bosque.

Los grupos que manifestaron su rechazo al nuevo MIA de la minera forman parte de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y pidieron a la Semarnat rechazar las solicitudes de la minera.

El posicionamiento emitido por estos grupos a finales de la semana pasada hace un recuento de violaciones de derechos humanos, reportados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de  daños ecológicos, denunciados ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que han emprendido desde 2014 para frenar la exploración y señala irregularidades en el discurso de la empresa.

Foto: e-consulta

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