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SEIDO y PGR investigarán a esposa del edil de Venustiano Carranza

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Alberto Melchor  |
 Martes, Agosto 14, 2018

La esposa del alcalde y su ama de llaves fueron vinculadas a proceso por portación de armas, casquillos y cargadores de uso exclusivo del Ejército

Un juez de control federal vinculó este martes a proceso a Ilse Lucía Bernabé, esposa del edil de Venustiano Carranza, y a Mónica G., su ama de llaves, por lo que le dio un plazo de 3 meses a la Procuraduría General de la República (PGR) para la investigación complementaria por el delito de portación de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Dicho plazo fue solicitado por el agente del Ministerio Público de la Federación durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, argumentando que en ese lapso la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) también realiza una investigación en contra de la imputada.

Fuentes oficiales informaron a e-consulta que durante la audiencia la defensa particular de Ilse Lucía y Mónica solo se limitó a argumentar que las armas no podían estar en la casa donde cohabita con el alcalde Rafael Valencia Ávila, debido a que el matrimonio tiene un hijo de 7 años, que por seguridad no podía tener a su alcance el armamento.

Sin embargo, el juez deshechó este argumento y enfatizó en que existen casos de negligencia donde los padres ignoran la presencia de menores de edad en el hogar para almacenar o usar armas de fuego.

Ante esta situación, el juez no recibió de los abogados elementos probatorios que desacreditaran la posibilidad de que en la casa de Ilse Lucía hubiera el arsenal que la PGR incautó durante el cateo del pasado 7 de agosto, en la calle Ortiga de la localidad de Villa Lázaro Cárdenas (La Uno), municipio de Venustiano Carranza.

Al momento de pedir el plazo de cierre de investigación complementaria, el agente del Ministerio Público de la Federación señaló que aún faltaban por recolectar algunos dictámenes periciales, así como recibir el informe de la SEIDO por posibles nexos de las imputadas (Ilse Lucía y Mónica) con células del crimen organizado.

El juez aceptó conceder el plazo de 90 días debido a que consideró que el mismo no era excesivo pues, recordó, que las imputadas siguen su proceso en libertad gracias al pago de una garantía económica de 20 mil pesos, así como la presentación periódica a la Casa de Justicia de Huauchinango para firmar su libertad condicional.

Gracias a esta medida cautelar, al término de la audiencia la también presidenta del DIF Municipal de Venustiano Carranza se retiró del Centro de Justicia Penal Federal a bordo de una camioneta participar en compañía de Mónica y de sus representantes legales.

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