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Avalan concesión por 30 años para recolección de basura en San Andrés

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Patricia Méndez  |
 Martes, Julio 31, 2018

La alcaldesa electa de Cholula, Karina Pérez Popoca, advirtió que recurrirán hasta la SCJN para dar marcha atrás al contrato

El Congreso local autorizó al municipio de San Andrés Cholula para que entregue una concesión a la empresa Pro-Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., por un periodo de 30 años prorrogables, para que se haga cargo de la recolección y transportación de basura en esa localidad.

La determinación será impugnada por la alcaldesa electa de ese municipio, Karina Pérez Popoca, quien acusó que el contrato encarecerá el servicio en perjuicio de los habitantes de esa demarcación, al tiempo que advirtió que la próxima legislatura, que estará integrada mayoritariamente por diputados de Morena, podría revertir la decisión.

 La empresa fue contratada por el ayuntamiento sanandreseño desde agosto de 2017, pero fue hasta la recta final de la gestión del edil panista Leoncio Paisano Arias, cuando emitió una concesión para que la firma prestara sus servicios por tres décadas.

Además, la empresa cuenta con la concesión de la recolección de residuos sólidos en otros 23 municipios de Puebla, contratos que fueron otorgados con el aval del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), Rodrigo Riestra Piña.

Morena revertirá el contrato, anuncian   

La alcaldesa electa acudió este martes al Congreso local para acusar que la concesión otorgada por la administración de Paisano, representa un perjuicio para los pobladores, ya que con el convenio se encarecerá el servicio de recolección de basura.

Su abogado, Sergio Mirón Terrón, indicó que una vez que entren en funciones, el próximo 15 de octubre, revisarán el procedimiento para analizar sus alcances jurídicos. De cualquier manera, adelantó que recurrirán hasta la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), en caso de ser necesario, para revertir la concesión.

Pérez Popoca indicó que los legisladores que entrarán en funciones el próximo 15 de septiembre, también podrán dar marcha atrás al convenio, ya que insistió en que éste no protege los intereses económicos de quienes serán sus gobernados sino , por el contrario, afectará no solo sus finanzas, sino también las del municipio.

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