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Colectivo exige a Gali investigar homicidio de activista en la Sierra Norte

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Efraín Núñez  |
 Sábado, Junio 2, 2018

Exigen a la Fiscalía reconocer que el asesinato de Manuel Gaspar está relacionado con su activismo contra proyecto de muerte

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos hizo un “enérgico llamado” al gobierno del estado de Puebla para que agilice las investigaciones sobre el asesinato del activista, Manuel Gaspar Rodríguez, registrado en la Sierra Norte.

A través de un texto firmado por la presidenta del colectivo, Claudia Martínez Sánchez, Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, Manuel Gaspar Rodríguez, Adrián Tilihuit, línea de investigación, proyectos de muerte, José Antonio Gali Fayad, Fiscalía de Justicia. , se solicita al gobierno de José Antonio Gali Fayad que reconozca en sus líneas de investigación tanto de este homicidio como el de Adrián Tilihuit, como consecuencia de su activismo en contra de los proyectos de muerte en la Sierra Norte.

Segundo activista ejecutado en 15 días en la Sierra NorteSegundo activista ejecutado en 15 días en la Sierra NorteHallaron su cadáver con un disparo en la cabeza, en una de las cañadas del camino de terracería que va de Xilita a San Juan, en Zacapoaxtla.

Condenan asesinato de activista 

En el documento subrayaron que el dirigente del Movimiento Indígena Obrero Campesino Urbano y Popular de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional(MIOCUP-CNPA-MN), además de que era uno de los principales opositores a los proyectos hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad(CFE) en la zona de Cuetzalan.

“El colectivo hace un enérgico llamado al gobierno del estado para que reconozca públicamente que en esta entidad el ejercicio del periodismo y la defensa de la tierra se han convertido en vocaciones de muerte”.

Subrayaron que la investigación de los asesinatos de ambos activistas se deben indagar sobre las afectaciones que las luchas de estos dos defensores causaron a los intereses de las empresas trasnacionales que pretenden instalar los Proyectos de Muerte.

“Exigimos que se brinde un informe público sobre las líneas de investigación que se abordan en los asesinatos de Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tilihuit, y que se permita la coadyuvancia en las investigaciones de los dos casos de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de la tierra y de los derechos humanos”, sostienen.

Recordaron que el pasado 15 de mayo Manuel Gaspar fue ejecutado con arma punzocortante dentro de un hotel en la cabecera municipal de Chignautla, luego de haber participado en un foro de denuncia sobre el robo del agua del que son objeto los pueblos de la zona Sierra Norte del Estado de Pueblo, en tanto que también era perseguido por la Procuraduría General de la Republica (PGR) a causa de una orden de aprehensión que le fue fincada con base a delitos fabricados.

Respecto a Adrián Tilihuit señalaron que el activista se distinguió por su lucha de oposición al proyecto hidroeléctrico promovido por la empresa Gaya S. A. de C.V. que desde el 2013 pretende la instalación de una planta hidroeléctrica en las inmediaciones del río Apulco.

“Adrián Tilihuit fue encontrado muerto en el fono de un barranco en el municipio de Zacapoaxtla. Su cuerpo presentaba impactos de bala, y fue localizado por una brigada de familiares y vecinos que salieron en su búsqueda, luego de haberse reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 30 de mayo”.

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Piden intervención del gobierno federal

Asimismo pidieron la intervención del gobierno federal a fin de que las indagatorias puedan ser atraídas directamente por personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión por considerar que estos hechos inhiben las protestas generalizadas contra las empresas desarrolladoras de proyectos energéticos en la zona

También exigieron que tanto los familiares de Manuel Gaspar Rodríguez, como los de Adrián Tilihuit, sean incorporados al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por considerar que se encuentran en alto riesgo de sufrir agravios en razón de la demanda del esclarecimiento de estos asesinatos.

Al gobierno de Puebla le reclamaron una política clara, directa y sin concesiones que garantice la seguridad de todos los periodistas y defensores de la tierra y derechos humanos que actualmente se encuentran en condición de riesgo.

El Colectivo cuestionó el aumento de los asesinatos registrados en el estado, que colocan a Puebla que colocan a la entidad como una de las más violentas en todo el territorio nacional.

   


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