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Arroyo Chichac: el reclamo campesino contra Grupo Proyecta

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Sergio Mastretta  |
 Lunes, Mayo 14, 2018

Ya no sembrarán en esta temporada de lluvias del 2018. Los maizales y alfalfares no encontrarán espacio contra la voracidad del torbellino inmobiliario que ha arrasado los campos cholultecas y de Ocoyucan

Campesinos con permisos precarios.

Las dos mujeres se sientan al borde del tajo abierto en lo que fueron campos de labor desde los tiempos zapatistas de sus abuelos. Se las han rentado a la Comisión Nacional del Agua por generaciones para el maíz, las calabazas y los quelites. Ahora escuchan la narración que sus compañeros hacen de la afectación producida por la empresa Proyecta, “la de ese señor que le dicen Posada, al que nunca se le ve por aquí”, me dice una de ellas, que ha construido un colector de 4.2 kilómetros de largo para descargar en él las aguas residuales de su Lomas de Angelópolis.

De fondo, las montoneras de tierra y el barranco que ha dejado la maquinaria. Es el paraje Chichac, justo en el extremo oriente del vallecito de Malacatepec que se cierra sobre el arranque del lago de Valsequillo, cuando el arroyo que baja dando vueltas desde Santa Clara Ocoyucan forma una vega que una veintena de familias campesinas han cultivado desde hace más de cien años.

Las imágenes que contrastan: el ríoal inicio de la intervención de Grupo Proyecta:

 

 

 

Y lo que ahora se encuentra en lo que fuera el arroyo Chichac:

 

 

c/6 parrafos
 

 

No son propietarios de la tierra. La vega forma parte de los terrenos nacionales cercanos a las riberas de los ríos y arroyos en México. Como en el caso de la vega del Chichac, la Comisión Nacional del Agua dio en tiempos pasados a campesinos que lo solicitaban “permisos precarios de arrendamiento”, una figura legal que se revisaba anualmente. Según los funcionarios de la dependencia federal en Puebla, esas autorizaciones han dejado de darse desde hace varios años.

Ese es un hecho que aceptan los campesinos: los papeles que me muestran tienen fechas que se remontan a 1953, 1961, pero no más allá del 2010.

Son doce hectáreas las que han trabajado en la vega del Chichac. La obra del colector de Grupo Proyecta en el arroyo Chichac ha afectado cinco de ellas en ambos lados de la ribera.

Este grupo de campesinos, sin embargo, no deja de afirmar que las han sembrado desde hace décadas y que tienen derecho a una indemnización. Su número varía en su narración: son 27 las familias que han trabajado esta vega, de los cuales tres han aceptado una indemnización por parte del Grupo Proyecta, y son unos 19 los que buscan ahora el respaldo del gobierno municipal de Santa Clara Ocoyucan.

Ya no sembrarán en esta temporada de lluvias del 2018. Los maizales y alfalfares no encontrarán espacio contra la voracidad del torbellino inmobiliario que ha arrasado los campos cholultecas y de Ocoyucan con avenidas de nombres pomposos que la mercadotecnia ha creado: Boulevard La Reserva, de los Lagos, de los Volcanes. El ejido de Santa Clara ha vendido al menos 300 hectáreas para los clústers de Angelópolis; Santa María Malacatepec ha visto como Proyecta se ha apoderado por la vía de la compra al menos 800 hectáreas.

 

Lomas de Angelópolis y su desplazamiento hacia Santa Clara Ocoyucan. Sobre el ejido de Santa María Malacatepec, en donde ya ha comprado más de 800 hectáreas, se propone desarrollar Lomas 5, Lomas 6 y Lomas 7. Eso afirman funcionarios del Ayuntamiento de Ocoyucan que les dicen los desarrolladores cuando se sientan a negociar la relación entre el gobierno municipal y la empresa Grupo Proyecta.

 

 

“Hasta de nombre le cambiaron al arroyo Chichac –me dice una de ellas--, hora lo mentan los de Proyecta como la barranca de la Mora, ¿desde cuándo?”

Se han reunido esta mañana del 30 de abril para plantar sus reclamos en mi libreta de reportero. Pelean una indemnización decorosa por parte de Proyecta.

“Nos han engañado –afirman--, hicieron todo esto sin permiso de nadie, como si fuera de ellos…”

 

 

Manuel Varela, uno de los campesinos cuya familia ha arrendado las tierras a la Comisión Nacional del Agua desde hace décadas, y que reclama una indemnización por la afectación provocada por la construcción del colector en el arroyo Chichac por Proyecta.

 

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“No es competencia de la Comisión Nacional del Agua –me dice en su oficina el Subdirector Técnico de la dependencia federal Juan Jaime Montemayor Dávila--. Estas personas no tienen derechos sobre estas tierras, así que nosotros no podemos intervenir. Además, esto es como la hidra, primero aparecen tres, y ahora ya son más de veinte, pero no, la Comisión no ha dado permisos, ellos son usuarios de hecho, y eso es algo que se repite en miles de casos de zonas federales invadidas, nada más en Puebla hay más de diez mil invasiones. En el caso de esta vega no hay competencia de la CNA para tratar el tema de estas personas, en todo caso es un asunto entre particulares, por eso se les ha dicho que lleguen a un acuerdo con la empresa, pero no más.”

Los campesinos afirman que un funcionario de la Comisión Nacional del Agua, de apellido Herman, les ha dicho que deben buscar un arreglo con Grupo Proyecta. Ellos lo han intentado, aseguran, pero la postura de la empresa ahora es de una negativa a cualquier negociación económica.

 

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Florenciano Pantaleón Antillano y la posibilidad de un amparo colectivo.

 

Me dice Florenciano Pantaleón Antillano, el Secretario General del Ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan sobre el problema de los campesinos:

“Tenían permisos precarios. Ellos dejaron pasar mucho tiempo sin renovar los permisos, que datan de los años setenta. Los que reclaman hoy son hijos y nietos de quienes arrendaron la tierra al gobierno federal. Es casi imposible respaldarlos. Sin embargo, nosotros estamos apoyándolos, y estamos demandando que sea la Comisión Nacional del Agua la que indemnice. ¿Por qué me va a mandar con la empresa? Yo no tengo trato con la empresa, y estas personas no le han rentado a ninguna empresa, se los rentaba la Comisión Nacional del Agua. Si la Comisión hizo acuerdos por debajo del agua con la empresa para que se hiciera esa construcción que afectó a los campesinos es un problema de la Comisión Nacional del Agua y tiene que responder por esa situación.”

“Pero los campesinos no pueden salir volando”, afirma contundente. Para ello se proponen interponer un amparo colectivo con la fundamentación del interés legitimo en el que pueden sostener un juicio.

Y luego hace una denuncia directa contra la CNA: “La Comisión sí otorgó los permisos para la obra, y lo podrán negar, y no tengo un documento que lo pruebe, pero sí lo podemos conseguir. Ellos niegan que haya impacto ambiental. Está cancelada la obra, pero no por la Comisión Nacional del Agua, sino por PROFEFA.”

 

 

 

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La obra de Proyecta en el arroyo Chichac está parada. El grupo de mujeres y hombres enlista sus apellidos para que el reportaje al menos sirva para documentar que van a pelear una indemnización justa a la empresa. Alrededor de cinco hectáreas de la vega que hasta el año pasado han sembrado a lo largo de la ribera han sido totalmente devastadas para el tajo. En un primer momento de la vida del ejido de Santa Clara Ocoyucan la vega formó parte del conjunto de parcelas repartidas a los campesinos; con el tiempo, y con el registro de las inundaciones periódicas, el gobierno resolvió tomarlas como terrenos nacionales pero permitió que se siguieran sembrando en arrendamiento.

Hasta que llegó Proyecta con sus palas mecánicas.

 

 

 

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El grupo de campesinos se asegura de que sus nombres queden perfectamente anotados en mi libreta. Algunos me dicen la extensión de su terreno. Otros no me lo dicen. Me presentan convenios de arrendamiento con las oficinas de terrenos nacionales que datan de los años cincuenta y sesenta, aunque otros son más recientes. Se lee en ellos las palabras “permiso precario”, el arrendamiento con lo que la entonces conocida como Secretaría de Agricultura y Recursos avalaba el uso agrícola de la vega.

 

 

Los permisionarios, y sus permisos precarios, como se les reconocía en los convenios con la oficina federal del agua.

 

Los campesinos elaboran para mí la lista de quienes pelean una indemnización por Grupo Proyecta:

Casimiro Flores Fragoso, media hectárea. Gumaro Morales Romero, media hectárea. Griselda Ocotoxtle Tlácuatl, un tercio de hectárea. Roberto Hernández Morale, una hectárea y media. Isaac Hernández Cuatle, una hectárea y media. Jacinto Mirón Becerril. Lucina chantes, un cuarto de hectárea. Armando Mirón Flores, 750 metros cuadrados. Martín Mirón Jólotl, una hectárea y media. Manuel Varela Gómez, 3,800 metros cuadrados. Imelda Varela Gómez, 3,800 metros cuadrados. Clemente Zacahua Varela. Florinda Zacahua Varela. Edith Zacahua Varela. Amador Marín Ocotoxtle. Ezequiel Mirón Páez, media hectárea. Calixto González Marín, 3,200 metros cuadrados. Josafat Flores Cabrera. Galdina Varela Mirón, un cuarto de hectárea.

 

 

Luego me explican lo que ha ocurrido en su trato con Proyecta: la maquinaria entró antes de semana santa, sin aviso y arrancó con la construcción del tajo; pronto aparecieron funcionarios de CONAGUA para servir como intermediarios con la empresa, “arréglense para que les dé una indemnización”, les dijo un hombre de apellido Herman que dos veces ha ido para buscar un arreglo entre ellos y la empresa. Tres personas sí se arreglaron: Evelio Mirón Juárez, Bruno Mirón Morales y Verónica Varela Gómez; que les dieron 40 mil pesos a cada uno, pero no hay forma de probarlo. A los demás les ofrecieron tres mil pesos, que rechazaron; luego llegaron a ofrecerles hasta 20 mil, pero últimamente la empresa les dijo que desde el 6 de abril ya tiene los permisos para seguir con el tajo y que por lo tanto ya no les darán nada.

Permiso, por cierto, inexistente, dado que la SEMARNAT no ha recibido Manifestación de Impacto Ambiental alguna, un hecho que corrobora el propio Germán Castañon, Gerente de Administración y Proyectos del Grupo Proyecta.

Son tres funcionarios de Proyecta los que les han dado la cara: un ingeniero o abogado de apellido Garduño: Germán Castañón, según los campesinos la persona que dio el dinero a las tres afectados que aceptaron el arreglo por 40 mil pesos; y un tal Fidel del que no saben su apellido pero que se presenta como jefe de seguridad en Lomas de Angelópolis y que llevó a la policía cuando los afectados cerraron el paso al terreno aledaño al punto más extremo al que ha llegado el tajo.

“La verdad es que nos han mareado –me dicen--: nos ofrecieron arreglo económico para dejarlos trabajar, pero nada, entonces les paramos las máquinas y nos volvieron a ofrecer dinero y les volvimos a dejar que trabajaran, y nada. Cuando vimos, ya habían arrasado con todo.”

 

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Tal vez con aquellos viejos permisos --y si les cumple el Ayuntamiento la promesa de respaldarlos en su querella.. los campesinos puedan mostrar ante un juez su interés legítimo.

Mientras, todo indica, Grupo Proyecta mira para otro lado.

   


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