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Política

Niegan transparentar sus bienes delegados federales en Puebla

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Laura Ruiz  |
 Miércoles, Mayo 9, 2018

En un análisis a 34 funcionarios, sólo seis aceptaron hacer público su patrimonio y el resto sólo transparenta su trayectoria

A medio año de terminar la administración federal priísta y en el marco del mes en que cada año se actualizan las declaraciones patrimoniales, la mayoría de quienes encabezan dependencias federales en Puebla mantuvieron en opacidad sus datos hasta 2017, según las actualizaciones más recientes del portal oficial de Declaranet.

Al revisar declaraciones de delegados, directores y gerentes de 34 dependencias con presencia en la entidad se observa que sólo 5 decidieron hacer pública su información curricular, patrimonial y para descartar posibles conflictos de intereses.

En un solo caso se decidió transparentar información curricular y patrimonio, más no hay información de lo relacionado con un conflicto de intereses.

El listado por otro lado incluye declaraciones de 24 funcionarios públicos que sólo transparentaron su currículo y hay también 4 casos de funcionarios en los que no hay ningún tipo de información.

 

Son contados los funcionarios transparentes

Las dependencias cuyos titulares transparentaron los tres rubros son la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Comisión Nacional del agua (Conagua) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En el caso de la PGR, el delegado Ramón Ernesto Badillo Aguilar reportó ingresos durante 2016 cercanos a los 2.1 millones de pesos; un departamento con valor de 1.4 millones que adquirió y un terreno de 98 mil pesos que le donó su madre; así como un Golf 2014, un BMW 2016 y una Pick Up 2008 que juntos valen 1.8 millones.

El delegado de la Profepa Mario Barrera Bojorges incluye en su declaración patrimonial que adquirió un Chevrolet Spark 2017, así como algunos detalles de adeudos

Por su parte el delegado de Conagua Alberto Jiménez Merino reportó ingresos mensuales por 70 mil 859 pesos; así como una casa de 179 metros cuadrados y una camioneta Tahoe 2010 de los cuales no se reporta el valor.

Al frente de la Condusef, Rafael Gerardo Minuti Vallejo informó que en 2016 tuvo ingresos anuales por 713 mil pesos; que cuenta con una casa en San Andrés Cholula que vale 500 mil pesos y un terreno en Puebla que cuesta 45 mil; hace mención de una camioneta X-Trail 2016 con valor de 403 mil 500 pesos; declara tener un reloj que vale 3 mil 500 pesos; así como detalles bancarios.

El delegado del INAH Víctor Hugo Valencia Valera no declara bienes, aunque sí proporcionó información sobre movimientos bancarios de adeudos e inversiones.

El recién designado como delegado de Sedesol, José Lorenzo Rivera Sosa, cuenta con una declaración de un cargo público anterior que data de 2015 y en ella incluyó una casa con valor de 8 millones de pesos que le heredaron y una Suburban Chevrolet modelo 2008 con valor de 600 mil pesos; sin embargo no hay información sobre el conflicto de intereses.

La mayoría sólo transparenta su currículo

Apegados a la opción que se les da de no hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y sus posibles conflictos de intereses, el 70.5 por ciento de los casos revisados sólo publicitaron su currículum.

En la lista destacan los delegados de secretarías, Isabel Allende Cano de Gobernación; Juan Manuel Pérez Arroyo de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Carlos Barrientos de la Rosa de Educación Pública (SEP); Juan Pablo Jiménez Concha de Economía (SE); así como Hilario Valenzuela Corrales de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

La opacidad también se refleja en declaraciones de Yamil Melgar Bravo delegado del Instituto Nacional del Seguro Social (IMSS); Carla Morales Aguilar del Instituto Nacional de Migración (INM); Malco Ramírez Martínez del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam); y Sandra Paola Rodríguez Gómez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por otro lado están titulares de áreas como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Bansefi), la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNI) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Asimismo se encuentran los representantes en Puebla del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Diconsa S.A. de C.V. y Liconsa S.A. de C.V.

Faltan datos en cuatro casos 

Entre los 34 casos de funcionarios federales con cargos en Puebla, en 4 de ellos no se encontró alguna declaración pública en el portal Declaranet.

En 3 de estos casos coincide su reciente incorporación y el plazo que tienen para presentar declaraciones. Estos son: Cecilia Doger Amador de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Lucía Limón Cubillas del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) y David Huerta Ruiz del Programa de Inclusión Social Prospera.

Sin embargo en la lista de faltantes de una declaración también está Tony Kuri Alam, quien desde 2016 funge como el delegado en Puebla del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Y avanzan poco las actualizaciones 

Según las obligaciones previstas para funcionarios públicos, las modificaciones a sus declaraciones se deben hacer en mayo de cada año y hasta ayer sólo había 3 actualizaciones.

Estas son las de Barrera Bojorges de la Profepa, Olga Lazcano Ponce que dirige la región del Conacyt que incluye a Puebla, así como el de Rubén Barroso Aguirre que está al frente de Capufe.

 

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