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Reclaman adeudo millonario por despido de hace 8 años en textilera

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Ana Fernández  |
 Lunes, Febrero 12, 2018

Exigieron a las autoridades investigar a los servidores públicos que se desempeñan en la Junta Federal para que de manera definitiva se resuelva su situación laboral

A ocho años de haber sido despedidos injustamente por José Haces Calvo, dueño de la empresa Carpe Textil, un grupo de ex trabajadores sigue peleando su liquidación laboral pese a las irregularidades en el proceso a cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

José Cándido García Romero, que colaboró por dos décadas en la firma textil, señaló que el juicio laboral 844/2009 que promovió fue resuelto por un juez a su favor, sin embargo, irregularidades en el proceso por parte de servidores públicos de dicho tribunal han retrasado el proceso.

En entrevista, detalló que el laudo derivado de dicho juicio condena a la empresa demandada a pagar al actor la cantidad correspondiente por concepto de salarios caídos generados desde la fecha de despido (26 de marzo de 2009) hasta el 29 de mayo del 2017, equivalentes a 2 mil 696 días de salario.

Sin embargo, desde hace casi un año a la fecha no ha sido ejecutada la acción correspondiente puesto que algunos servidores públicos de la JFCA han admitido amparos promovidos por la parte demandada sin que los documentos presentados existan en la práctica.

"Trabajadores a cargo de Marbella Medrano Hurtado, titular de la Junta Federal han incurrido en irregularidades durante el proceso, perjudicándonos. Ella ha dado un seguimiento adecuado al proceso pero pedimos que investiguen a sus allegados por corruptos", acusó.

Además del expediente promovido por José Cándido, existen otros más identificados como 883/2011, 1816/2009, 2087/2009, 578/2013, 1817/2009, 577/2013, 843/2009 y 2743/2011, estos dos últimos tramitados por José Víctor Ramírez y Juan Santiago Manuel Meceda, también ex colaboradoras de la empresa.

Ambos obreros acusaron que los abogados Javier Mendoza Sosa e Ismael Carrera Vera, apoderados legales de la empresa también se desempeñan como asesores del Infonavit. Consideraron que un posible conflicto de intereses entre un particular con el sector público podría ser contraproducente para el desahogo de sus procesos.

"Nosotros lo que pedimos es una liquidación justa por los años y 37 años de servicio a la empresa. En principio quisimos conciliar con montos que la empresa se negó a pagar, y hoy, que por salarios caídos nos deben más del doble, no estamos dispuestos a rendirnos", puntualizó Víctor Ramírez.

El trabajador admitió que a su salida obligada de la empresa, amén de su falta de liquidación por parte de la empresa, padecieron un viacrucis para emplearse, debido a que Haces Calvo los boletinó afectando sus posibilidades laborales, aunque la mayoría de ellos ya lograron reinsertarse nuevamente en el mercado.

En este sentido, los ex empleados exigieron a las autoridades correspondientes investigar a los servidores públicos que se desempeñan en la Junta Federal para que de manera definitiva se resuelva su situación laboral, puesto que son sus familias quienes padecen esta situación por diversas anomalías.


 

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