TEEP confirma porcentaje para que independientes recaben firmas

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) dejó firme el periodo de 30 días para la recolección de las firmas de apoyo ciudadano y que éste represente el 3 por ciento del listado nominal, los cuales fueron impugnados por los aspirantes a candidatos independientes Eduardo Covián Carrizales por el distrito 16 de Puebla y Miguel Ángel Quechol Gómez por la alcaldía de San Andrés Cholula.

Los integrantes del TEEP señalaron que no eran viables las comparaciones entre los plazos que el Congreso de la Unión fijó para los interesados en la presidencia de la República y los que el Congreso local estipuló para las diputaciones locales y presidencias municipales.

En el análisis hecho por los magistrados, se expuso que el periodo de 30 días que se dio para recolectar las firmas de apoyo ciudadano, así como que el porcentaje establecido del 3 por ciento del listado nominal no podía calificarse como desproporcional.

A la par, el pleno del TEEP ratificó el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a que los aspirantes a candidatos independientes podrán renunciar a su militancia un día antes de informar al IEE su intención de competir bajo esa figura, y no se les exigirá dejar su membresía partidista 12 meses antes de la jornada comicial.

En cuanto a la impugnación de Florencio Galicia Fernández, quien aspira a la presidencia municipal de Yehualtepec, se desechó debido a que se presentó fuera del plazo.

Ratifican multa para el PRI

Además de los juicios para la protección de los derechos político-electorales de los aspirantes a candidatos independientes, el TEEP ratificó una multa por 60 mil 207 pesos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El magistrado presidente, Fernando Chevalier Ruanova comentó que si bien el TEPJF ordenó al TEEP atender las pruebas presentadas por el PRI, éstas carecían de sustento por lo que se determinó confirmar la sanción económica al tricolor.

La multa impuesta al PRI se debe a irregularidades en los procesos de fiscalización como parte de la coalición 5 de mayo, la cual conformó en 2013 con el Verde Ecologista de México.

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