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Imita Congreso estrategia de ASE para retrasar juicio de Rivera

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María Pineda  |
 Lunes, Enero 8, 2018

El poder legislativo presentó una queja ante el Tribunal Colegiado lo que permitió diferir hasta el 29 de enero la audiencia entre el panista y el equipo jurídico de la ASE

Al recurrir a la misma estrategia que la Auditoría Superior del Estado, el Congreso presentó una queja al juicio de amparo 943/2017 que Eduardo Rivera Pérez mantiene abierto ante su inhabilitación por 12 años y una multa de 25.5 millones de pesos que le impuso el legislativo desde abril de 2017.

La acción que emprendió la LIX Legislatura permitió diferir hasta el 29 de enero la audiencia que se tuvo que haber llevado a cabo el pasado martes 2, fecha en la que los equipos jurídicos del panista y la ASE comparecerían ante el Juez Tercero de Distrito en Materia de Juicio de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales.

La queja que el Congreso presentó ante un Tribunal Colegiado es en contra del acuerdo que el 11 de diciembre de 2017, en el cual ordenaba tanto al poder legislativo como a la ASE proporcionar la información referente a la inhabilitación del ex alcalde de Puebla, ya que de no hacerlo serían sancionados.

En mayo de 2017, Rivera Pérez promovió un segundo juicio de amparo, identificado con la clave 943/2017, del cual se ha retrasado la emisión de la sentencia debido a que la ASE entregó fuera de los plazos establecidos la documentación relacionada con la sanción al panista y posteriormente por la presentación de una queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

La inconformidad que la ASE presentó en el Tribunal Colegiado generó, por cuatro meses, la suspensión de juicio de amparo, y la queja del Congreso podría tener un efecto similar, lo que aplazaría que se dicte una sentencia.

Aunque el juicio de amparo del ex alcalde de Puebla está vigente, el Juez Tercero de Distrito ordenó una medida cautelar para que su nombre no aparezca en el Registro Nacional y Estatal de Servidores Públicos Sancionados, determinación que mantiene a salvo sus derechos político-electorales y le permitiría participar en la elección de 2018.

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