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Aumentaría violencia y afectaría libertades políticas en 2018: Barbosa

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 Martes, Noviembre 21, 2017

Sería un error meter más al Ejército y a la Marina en los asuntos de seguridad pública, sostiene el senador de Morena

El senador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que la estrategia de seguridad pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido un absoluto fracaso y advirtió que para 2018 la escalada de violencia podría aumentar y poner en riesgo las libertades políticas electorales.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador político del PT-Morena subrayó que la reforma para un nuevo modelo policial que se aprobó en el Senado y que ya tiene casi dos años detenida en la Cámara de Diputados, tenía el propósito de establecer una nueva forma de coordinación de las policías y procedimientos para poder enfrentar el estado de inseguridad pública.

Sin embargo, agregó, este gobierno concluye con el año más violento en la historia reciente de México, 2017, “y entramos a un 2018, año electoral, en que esa condición de violencia puede aumentar y puede afectar las libertades políticas electorales en nuestro país”.

Barbosa Huerta señaló que el crimen organizado se encuentra ya sin control en una disputa por los territorios y existe la creciente afirmación de que el cártel Jalisco Nueva Generación habría sido el consentido en esta administración.

“Es verdaderamente preocupante, tiene que ver con asuntos de intimidación social lo de que esto ocurra, y desde luego hablamos de un Estado fallido, un Estado rebasado por estas condiciones en todos sus niveles, y donde la corrupción ha sido imperante”, dijo.

Barbosa Huerta rechazó que la solución provenga de la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, “es un error, es una falsedad, porque no se trata de meter más al Ejército y a la Marina en los asuntos de seguridad pública; cualquier ley sobre seguridad interior que permita al Ejército y a la Marina involucrarse en asuntos de seguridad pública, es violatoria de la Constitución”.

El senador poblano comentó que cualquier la aprobación de una ley en esta materia pondría al propio Ejército en la ruta de la desacreditación y del desgaste de una institución que se debe cuidar.

“Poner al Ejército en esa condición es tentar al Ejército sobre el poder civil, es también ponerlo en esa ruta de estar involucrado en el poder civil cuando hay una clara diferenciación entre lo que es el poder civil y lo que son los mandos militares”, expresó.

Además, consideró que el mismo Ejército no quiere que esto ocurra, y las recientes declaraciones del General Salvador Cienfuegos sobre las labores que realiza dicha institución eran un reproche a la condición en que se le ha puesto.

“Fue un reproche también, lo que le decía Cienfuegos al Presidente Peña Nieto, de la condición que han puesto al Ejército, este gobierno y el gobierno de Felipe Calderón”, destacó.

Por otro lado, el senador Barbosa Huerta exhortó a las autoridades a que ya se haga ejercicio de la acción penal en el caso Odebrecht a un mes de que el ex procurador general de la República, Raúl Cervantes, presentara su renuncia y afirmara que la carpeta de investigación del tema estaba concluida.

“Es una vergüenza que sólo en México no hay consignados, no hay procesados, y en América Latina ya han caído gobiernos y han caído altos funcionarios de los gobiernos donde Odebrecht, donde el gigante brasileño ha sido beneficiado con contratos”, declaró.

Miguel Barbosa apuntó que la renuncia de Raúl Cervantes no fue voluntaria, sino que se la pidieron, entre otras cosas, por haber avanzado en el caso Odebrecht, y porque “no era el guerrero que ellos necesitan para convertirlo en Fiscal General y que aguante la presión de que fuere un nuevo gobierno que no lo vea con las condiciones de autonomía y de independencia”.

Por eso, agregó, buscan en el Senado a quien pueda ser Fiscal General, y seguramente estarán viendo a un abogado litigante que diga que tiene las agallas y la fuerza para enfrentarse a López Obrador.

“Quieren un antecedente para FEPADE en el que el designado titular de FEPADE sea, pueda ser un político panista o priista, y en el que ese impedimento que afecta la objetividad e imparcialidad de ser un político panista o priista en la FEPADE sirva para que, cuando se designe Fiscal General, también pueda ser un político panista o priista”, explicó.

   


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