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Destinarán 44. 6 mdp a tribunal y comité ciudadano del SEA

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María Pineda  |
 Viernes, Noviembre 17, 2017

El Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité Estatal de Participación Ciudadana, forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción

El gobierno del estado destinará 44 millones 762 mil 572 pesos para el primer año de funciones del Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité Estatal de Participación Ciudadana, instituciones que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

La partida presupuestal se aprecia en el proyecto de Ley de Egresos 2018  que el ejecutivo estatal envió al Congreso para su análisis y posible corrección, mismo que deberá aprobarse a más tardar el 15 de diciembre.

En el apartado G “Recursos a Instituciones  de Impartición de Justicia Administrativa e Instituciones de Interés Público”, se precisa que el Tribunal de Justicia Administrativa contará con 37 millones 500 mil pesos para su primer año de funciones.

En lo que respecta al Comité Estatal de Participación Ciudadana, instancia que de manera oficial se conformó esta semana, se le destinarán 7 millones 262 mil572 pesos.

Ambas instituciones son parte toral del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual todavía tiene pendientes reformas constitucionales al Código Penal para imponer sanciones por actos de corrupción y al decreto de Ley de Responsabilidades Administrativas.

En lo que respecta al Tribunal de Justicia Administrativa, este  se encargará de resolver conflictos entre particulares y la administración pública estatal y municipal.

Dentro de las facultades que tendrán los magistrados están la de dictar sentencias en aquellos  casos en los que se compruebe un daño a la hacienda pública, determinar  los montos de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a los responsables de ocasionar perjuicio a los entes públicos estatales y municipales.

En cuanto al Comité Estatal de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos que estarán sujetos al régimen de responsabilidades de la Constitución local, y se les aplicará las obligaciones de confidencialidad y resguardo de información de carácter reservado y privado.

Dentro de las funciones que tendrán está la participación en políticas de fiscalización y rendición de cuentas, y serán parte del órgano rector del SEA.

   


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