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Liberan a ex ministerial acusado de secuestro; FGE no comprobó delito

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Alberto Melchor  |
 Martes, Noviembre 14, 2017

El ex jefe de grupo de la PGJ, José Fabián Moreno Fernández de Lara, quien seguía su proceso internado en el Cereso de San Miguel desde el 2012

Un ex agente ministerial detenido por secuestro exprés en 2012, fue liberado tras ser ratificada por un Tribunal Colegiado su sentencia absolutoria, pues en los últimos 5 años la Procuraduría General de Justicia (PGJ), ahora Fiscalía General del Estado (FGE), no logró acreditar fehacientemente los cargos.

Se trata del ex jefe de grupo de la PGJ, José Fabián Moreno Fernández de Lara, quien seguía su proceso internado en el Cereso de San Miguel desde el 2012 cuando fue acusado de dicho delito junto con otro agente ministerial, siendo los encargados de su defensa los abogados del Corporativo Jurídico Ramírez Téllez y Asociados.

No obstante, al no existir pruebas contundentes que permitieran justificar que Fernández de Lara siguiera en prisión, el juez penal le dictó sentencia absolutoria, por lo que el Ministerio Público apeló el fallo y recurrió ante un Tribunal Colegiado, el cual ratificó la decisión del juzgador con lo que se ordenó la liberación de Fernández de Lara.

La detención de este ex agente ministerial se remonta a julio del 2012 en las inmediaciones de la junta auxiliar de La Resurrección, cuando fue detenido en estado de ebriedad a bordo de una camioneta tipo Hummer, según documentaron medios de comunicación en su momento.

En la unidad viajaban otras personas, las cuales acusaron que la camioneta era suya y que Fernández de Lara les había pedido ese dinero y que los llevaba privados de su libertad, por lo que se ordenó su detención.

En su defensa, el ex ministerial señaló que había sorprendido a los tripulantes de la unidad con droga, y reconoció que había llegado a un acuerdo para liberarlos mediante el pago de 4 mil pesos, sin embargo esto tampoco fue comprobado, por lo que finalmente obtuvo su libertad 5 años después.

Pese a que abandonó la prisión, actualmente pesa sobre él una inhabilitación por parte de la Contraloría del Estado, de 19 años por negligencia administrativa y abuso de autoridad, aprobadas por el Congreso local en 2013 y 2014, respectivamente.

   


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