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Contó Puebla con 592 mdp para iniciar el Sistema de Justicia Penal

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Patricia Méndez  |
 Jueves, Junio 15, 2017

El gobierno federal y los estados destinaron 14 mil 758 millones de pesos entre 2014 y 2016 para la puesta en marcha del nuevo esquema

Puebla se ubica en la séptima posición de los estados que mayor progreso tienen en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP), sin embargo, ninguna de las entidades del país han alcanzado el avance ideal, según un reporte del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

Lo anterior ocurre pese a que el gobierno federal y los estados destinaron 14 mil 758 millones de pesos entre 2014 y 2016 para la puesta en marcha del nuevo esquema. Puebla es la octava entidad con más recursos, pues suma 592 millones de pesos.

El CIDAC identificó que el SJP inició operaciones en todo el país el pasado 18 de junio, con un marco legal que no satisface las necesidades del nuevo modelo de impartición de justicia, lo que ha provocado que si bien su implementación ha avanzado, no se ha logrado el nivel prometido hace ocho años, cuando se ideó el esquema.

Entre las principales fallas que el organismo detectó destacan sistemas informáticos improvisados, y Defensorías Públicas con poco personal.

Puebla, la séptima entidad con más avance

Según el ranking, Puebla es la séptima entidad del país que más ha avanzado, con un progreso de 328 puntos, sin embargo el puntaje ideal establecido por el CIDAC para 2016 asciende a 500 puntos y ningún estado lo alcanzó.

A la entidad poblana la anteceden Guanajuato (390), Chihuahua (388), Baja California (384), Querétaro (376), Nuevo León (373) y Yucatán(354).

Las entidades que menor avance tienen son: Campeche (157), Baja California Sur (133) y Guerrero (131).

Aun así, el análisis detectó que ninguna de las entidades del país ha alcanzado un avance idóneo, pese a que cuando se implementó el nuevo modelo, se prometió lo contrario.

A 592 llegó el presupuesto para el nuevo modelo

La agrupación realizó nueve solicitudes de información y estableció una calificación máxima de 27 puntos para los estados que respondieron todos los requerimientos. Puebla obtuvo 16 puntos.

Los resultados refieren que la entidad contó con 592 millones 22 mil 455 pesos para la implementación del nuevo SJP, recursos que conjuntaron la federación y la entidad y que se distribuyeron entre 2014 y 2016. La cifra es la octava más alta entre los estados del país.

Mediante la evaluación, el CIDAC ubicó algunas deficiencias o “áreas de oportunidad”, tales como que el Servicio Profesional de Carrera únicamente opera en el área de Defensoría, no así en la Fiscalía General del Estado (FGE), ni en la policía ni en el Poder Judicial, como sí ocurre en otros estados.

Con poco personal

Para la atención de las víctimas, Puebla cuenta con 11 asesores jurídicos locales, cifra que representa una de las más bajas del país, pues en la capital del país y en el Estado de México la cifra asciende a 126 y a 103. En Hidalgo y Oaxaca no cuentan con esa figura, mientras que en Aguascalientes cuentan con cuatro personas.

40% de los internos en prisión preventiva 

Uno de los pilares del nuevo SJP es el principio de “presunción de inocencia”, por lo que las autoridades penales deben recurrir a otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, sin embargo, en Puebla, el 40 por ciento de los reos están en esa condición y el 60 por ciento ya cuentan con sentencia.

Otro de los instrumentos con los que cuenta el nuevo esquema es la “terminación anticipada” de las carpetas de investigación, denominada como “procedimiento abreviado”. Puebla figura entre las entidades que menos recurren a esa práctica, con apenas el 1.2 por ciento del total de indagatorias que se iniciaron desde mayo de 2016. En cambio en Nayarit y Yucatán la cifra se dispara hasta el 28.1 y el 31.5 por ciento.

En cuanto a las carpetas que finalizan por acuerdos reparatorios entre las partes afectadas, el indicador en Puebla es de un 2.3 por ciento que es la cuarta cifra más baja en el país, después de Tabasco (2.2%), Nuevo León (2.2%) y Sinaloa (1.5%).

Del total de sentencias dictadas en 2016, el 71 por ciento fueron condenatorias y el 29 por ciento fueron absolutorias.

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