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Tribunal federal rechaza recurso a favor de la libertad de Simitrio

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Kara Castillo  |
 Lunes, Marzo 20, 2017

Abogados del fundador de la 28 de Octubre calificaron al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Poder Judicial de la Federación, en Puebla, como tribunal de consigna

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Poder Judicial de la Federación, en Puebla avaló la actuación del gobierno del estado en la prolongación innecesaria e indebida de la prisión de Rubén Sarabia “Simitrio”, líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, acusaron abogados de la organización.

Samuel Porras y Tonatiuh Sarabia, miembros de la defensa de loa presos políticos de esa organización recibieron la noticia de que  jueces federales declararon  infundada la inconformidad (28/2016), recurso en defensa de “Simitrio”.

Los jueces Arturo Mejía Ponce de León, Jesús Rafael Aragón y Jesús Díaz Guerrero, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado declararon improcedente el recurso interpuesto citando una jurisprudencia de una revocación de prelibertad que se hizo en materia administrativa, cuando la materia era judicial, explicaron los defensores de Simitrio.

Sarabia acusó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación en Puebla es para la UPVA un “tribunal de consigna”, pues es allí donde los amparos y recursos de interpelación de los cinco procesos de los presos políticos que suma la organización, se dirimen. Esto a pesar de existir dos tribunales federales más.

“Se han hecho cómplices del abuso de poder que no encuentra freno en las leyes; del atropello a la ciudadanía y del deterioro de la vida política y social en Puebla con el simple acto de abdicar de sus funciones constitucionales. No solo, pero también, gracias a ustedes Simitrio permanece arbitrariamente como prisionero del gobierno desde hace más de dos años”, señalaron en un posicionamiento dirigido a los jueces.

Jueces apagaron la luz jurídica

En su demanda de amparo Simitrio sostiene que la Juez Penal no puede revocar un beneficio administrativo que ella no otorgó.

” Si la ejecutoria que citan se pronunció en 2001, significa que todo el tiempo supieron que el proceder de las autoridades de Puebla violentaba no solo la Constitución y las leyes sino  ofendía nociones elementales del derecho administrativo penitenciario. Y guardaron silencio. Solaparon tal arbitrariedad y ridiculez dosificando el argumento jurídico al conceder el amparo (R-20/2016) limitándose a afirmar que la juez penal era incompetente y que debía dejar sin efecto su resolución”, señala el documento leído por los defensores.

“Ahora, a pesar de tener ante sus ojos perfectamente documentada una monstruosidad jurídica, resuelven no defender la Constitución, ni la Ley de Amparo, ni los principios básicos del derecho penal; tampoco, el decoro institucional que su investidura y profesión les exigen”, citaron los abogados.

La resolución – agregaron-  es vista como una transgresión intencional de las normas constitucionales en perjuicio de la libertad de un hombre; de violencia de estado para el abatimiento de sus derechos humanos; del uso inmoral de las instituciones para perjudicarlo.

“Apagaron, adrede, la luz de la lógica jurídica”, así calificaron los defensores la resolución del amparo que se concedió  el 30 de junio 2016 contra la resolución judicial, así como su ejecución por parte del Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, a la que faltaba, nada más, hacer cumplir lo que ya habían resuelto.

“Sin embargo, contra todo lo esperable de la justicia federal, decidieron validar una aberración jurídica como motivo y fundamento del encarcelamiento; el incumplimiento de su propia sentencia de amparo; su inacción judicial contra la detención arbitraria no sólo por las ilegalidades cometidas, también por la sentencia que compurgaba quedó cumplida desde el día 10 de enero de 2015; y, a pesar de todo, declaran infundada nuestra inconformidad”, concluyeron.

 

   


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