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Chalchihuapan: pasaron dos años y no hicieron caso a la CNDH

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Samantha Páez  |
 Domingo, Julio 10, 2016

Hay un cumplimiento parcial y cosmético de las 11 recomendaciones emitidas por la CNDH

Sólo dos de los 11 puntos recomendatorios que emitió la CNDH por el caso Chalchihuapan se han cumplido de manera cabal, pues las secretarías de Seguridad y Finanzas no tienen contratos de compra de las videocámaras para los agentes de seguridad, Facundo Rosas Rosas se amparó contra la multa de 500 mil pesos que le impuso la Secretaría de la Contraloría. La madre de José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, quien fue herido de muerte por una lata de gas lacrímogeno, no aceptó la indemnización; la investigación de los hechos sigue pendiente por la desconfianza de los pobladores y las disculpas públicas no fueron aceptadas por las víctimas.

 

De igual forma la Secretaría General de Gobierno (SGG) derogó los artículos de su reglamento con los cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó el diálogo pacífico con los actores sociales y tampoco es público el "Protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos".

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 por la represión de manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014, su actual estatus es “aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial” en cinco de los once puntos recomendatorios.

 

No hay contratos de videocámaras

 

Mediante las solicitudes de información folio 00165216 y 00165116 se pidió a las secretarías de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y Finanzas y Administración (SFA), respectivamente, “copia del contrato de compra de los equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participen, tal cual lo pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el punto siete de la recomendación 2014/2VG”.

La respuesta de las dependencias estatales fue que no se encontró documento alguno respecto de lo solicitado, es decir, ninguna tiene copia del contrato de la compra de las cámaras de videograbación. 

 

 

La CNDH por su parte envió, en respuesta a la solicitud folio 00025317, copias del documento probatorio que entregó el gobierno de Puebla respecto a la adquisición de los equipos, en el cual se observan imágenes de cajas con las cámaras de video, así como listas de los números de serie y modelo de los mismo, pero no copia del contrato.

 

De acuerdo al documento enviado por el entonces jefe de la Oficina del Gobernador y hoy diputado federal, Juan Pablo Piña Kurczyn, el 9 de octubre de 2014 se adquirieron 156 cámaras portátiles HDR-AS100VR, 80 baterías NP-FV50 y 156 soportes con banda de sujeción para cámara. Además el 18 de octubre de 2014 se adquirieron 80 cámaras HDR-CX330, 236 memorias SR-32UYA y 156 baterías para cámara NP-BX1.

 

En total se habrían comprado 236 cámaras, igual número de baterías y memorias, así como 156 soportes de cámara.

 

 

Sin embargo la cantidad de los dispositivos que se entregaron a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) y SSPE no coincide con los adquiridos.

 

En el documento entregado por la CNDH se indica que el 28 de octubre de 2014 la hoy Fiscalía recibió 80 cámaras, 80 baterías y 236 memorias; en tanto que Seguridad recibió el 6 de noviembre de ese mismo año 156 cámaras, 120 memorias y 156 soportes.

 

En total se entregaron a las dependencias 236 cámaras, 80 baterías, 356 memorias y 156 soportes, lo que significa que faltaron por entregar 156 baterías y se entregaron 120 memorias de más.

 

 

 

Dado que ninguna dependencia entregó el contrato de compra de los equipos de videograbación, se buscó en el portal Compranet y licitaciones.puebla.gob.mx si hubo alguna convocatoria para la adquisición de cámaras de video que coincidiera con las que Piña Kurczyn, quien hasta 2013 fue visitador de la CNDH, dijo que se compraron.

 

Resulta que sólo hay dos convocatorias que coinciden, ambas del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque no es la misma cantidad de equipo que se reportó a la CNDH y tampoco corresponden con las fechas en que el gobierno dijo haberlas adquirido.

 

En la convocatoria GESFAIF-032/2014, lanzada el 17 de diciembre de 2014, se solicitaron diez cámaras digitales, un video proyector y una pantalla de proyección para la Procuraduría. Mientras que la convocatoria GESFAIF-013/2015, emitida el 24 de junio de 2015, se lanzó para compra de 52 cámaras digitales con micrófono, conexión Wifi y GPS.

Es decir, que en entre 2014 y 2015 se hicieron dos licitaciones para la compra de 62 cámaras de video, aunque sólo hubo fallo para la segunda licitación.

 

Al revisar el modelo de cámara que se adquirió bajo la convocatoria GESFAIF-013/2015, éste no coincide con el que se reportó a la CNDH, pues si bien ambas son de la marca Sony son las del modelo HDR-AS100VR las que aparecen en la relación dada al organismo y la adquirida después es la HDR-AS200V.

 

Sin contrato no se puede saber cuánto costaron los equipos, a pesar de que en la respuesta de la CNDH se anexa un oficio firmado por el entonces procurador Víctor Carrancá Bourget, donde se presupuestaron 5 millones 724 mil 407 pesos con 92 centavos para la compra de 260 equipos Sony DSR-SX22, no de los 236 reportados. 

 

 

Facundo Rosas sin sanción

 

La CNDH pidió al gobierno poblano en los puntos uno y nueve de la recomendación por el caso Chalchihuapan iniciar procedimientos de responsabilidad respectivos y una queja en el órgano interno de control contra del entonces titular de la SSPE, Facundo Rosas, así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014.

 

Para solventar el punto el director de la oficina de Graves Violaciones a Derechos en la CNDH, José Zamora Grant, informó a las víctimas mediante el oficio CNDH/6VG/DGVGDH/2014 que desde el pasado 12 de septiembre se suspendió a los tres mandos medios y que más tarde serían despedidos por su responsabilidad en el fallido operativo.

 

En el documento se manifiesta además que se impusieron diez sanciones a servidores públicos de la SSPE, consistentes en nueve destituciones, una amonestación pública y multas de distintos montos a cada uno de ellos. A Rosas Rosas se le habría hecho la amonestación pública y se le habría impuesto una multa de 500 mil pesos, sin embargo el ex funcionario estatal se amparó contra la multa.

 

 

Mientras que los policías estatales Juan Máximo Jiménez y Francisco López Domínguez, aprehendidos por la muerte de José Luis Alberto, así como los agentes Juan Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez y Luis Bernardo González Santos acusados por falsedad de declaración y lesiones salieron de prisión el 24 de diciembre de 2014. Apenas este fin de semana, a unas horas de cumplirse el aniversario 2 de los hechos en Chalchihuapan, se informó que lo seis elementos recibieron sentencias condenatorias.

 

La primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia determinó en vísperas de Navidad que los agentes no actuaron con dolo, por ello que pasaron a ser delitos culposos y no dolosos, lo que les permitió salir tras el pago de una fianza.

 

Derogan artículos sobre demandas sociales

 

El cuarto punto de la recomendación 2VG/2014 dice: “Dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la Ley, gire instrucciones a quien corresponda para que se implementen mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos”.

 

La CNDH dio como cumplido dicho punto, como informó en la solicitud de información 00035715, de la reportera Elvia Cruz, gracias a que el gobierno del estado publicó en el Periódico Oficial del Estado, el "Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno" (SGG), cuyos artículos 45, 46 y 47 plasman las atribuciones de las áreas específicas que permitirán un mejor desempeño en la atención a las demandas sociales.

 

Sin embargo el 18 marzo de 2015 derogaron dichos artículos que estuvieron en vigencia sólo cinco meses.

 

 

Asimismo en el punto cinco recomendatorio la CNDH pide implementar una estrategia para atender las demandas sociales que contemplen la solución pacífica de los conflictos, a la par que se abstenga de criminalizar la protesta social. Para ello la SGG implementó el  "Protocolo para la Búsqueda de Solución es Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos”.

A pesar de que Luis Maldonado Venegas, entonces titular de la dependencia, dio a conocer en su informe de labores de 2015 que gracias a su aplicación se lograron resolver 230 conflictos y que las reuniones con las organizaciones se harían públicas, no se halló en la página oficial de la SGG el reglamento ni las actas de las reuniones.

El reglamento y protocolo tampoco fueron garantía del diálogo “pacífico”, pues en octubre de 2014 se detuvo con lujo de violencia a cuatro activistas del movimiento ciudadano por una Cholula Viva y Digna que se opusieron al Parque Intermunicipal. También se arrestó a dos presidentes auxiliares que se ampararon contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal y a cuatro pobladores de Chalchihuapan, que de acuerdo con sus familias no estuvieron presentes en la represión del 9 de julio.

 

Cumplimiento parcial

 

En general la recomendación 2VG/2014 se ha cumplido de manera parcial, es decir, no al ciento por ciento. Existen versiones encontradas sobre cuáles de los 11 puntos se han cubierto.

Mientras la SGG dice que se cumplieron ocho de las once recomendaciones, la CNDH dio a conocer el 8 de junio en su Informe Especial sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a Autoridades Federales, Estatales y Municipales que son cinco puntos los que muestran cumplimiento parcial.

 

En el documento de la CNDH se menciona que parcialmente se cumplió con el acto de disculpas públicas y el trámite de una queja en el órgano de control interno contra los funcionarios públicos que participaron en la represión de manifestantes.

La misma Elia Tamayo dijo que nunca aceptará las disculpas del gobierno del estado por la muerte de su hijo, quien falleció el 19 de julio de 2014 debido a que una lata de gas lacrimógeno lanzada por la policía estatal le perforó el cráneo.

 

De los puntos recomendatorios hay algunos que tienen un atraso mayor, según el seguimiento que da la CNDH a la recomendación 2VG/2014, mismo que puede ser consultado en la siguiente liga http://cndh.sielocal.com/recomendaciones.aspx, la investigación de los hechos del 9 de julio de 2014 no se ha podido concretar debido a que "prevalece la desconfianza hacia la presencia de la autoridad en ese poblado".

 

A pesar de ello se realizaron las siguientes diligencias: 57 declaraciones, 29 de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 1 de una víctima poblador, 27 de testigos, 59 Periciales, 71 Informes y documentales y 73 Actuaciones ministeriales

Con respecto a la reparación del daño se menciona que Elia Tamayo se ha negado a aceptar la compensación monetaria, siendo la única de las víctimas que falta de recibir la atención.

 

Sobre la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos pues basta decir que los seis policías que estuvieron involucrados con la muerte de José Luis están libres y el presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, está en prisión desde noviembre de 2014.

   


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