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Afecta reserva de información transparencia en Puebla: Fundar

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Patricia Méndez  |
 Lunes, Mayo 4, 2015

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información es calificada como “regular” mientras en otras entidades es “óptima”

Aunque Puebla se ubicó en el cuarto lugar del Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) en su edición 2015, aún son deficientes los criterios legales que regulan la clasificación de la información pública, las sanciones para los sujetos obligados, la conformación de los comités de información y los plazos para los recursos de revisión.

La entidad poblana obtuvo una calificación general de 7.130 puntos en una escala de 0 a 10, la cual es superior a la que logró en la edición 2014 del IDAIM, que fue de 6.8 puntos.

En este sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla fue calificada como “regular”, aunque otras normativas estatales fueron evaluadas como “óptimas”.

A través de sus diversos sujetos obligados, el gobierno del estado ha clasificado como “reservada” –confidencial– información referente al gasto público en diversos rubros, amparados en esa normativa, que a decir de la asociación civil “Fundar, Centro de Análisis e Investigación”, que es quien elabora el reporte, cojea en varios aspectos.

Conserva Puebla su cuarto lugar

En la edición 2015 del IDAIM, el cual fue presentado este lunes por Fundar, Puebla conservó su lugar en la cuarta posición, pues en el ranking de 2014 se ubicó en el mismo peldaño.

Este año, la Ley en Materia de Acceso a la Información Pública de la entidad obtuvo una calificación de 7.130 puntos, que es superior a la del periodo pasado que fue de 6.8 puntos.

Puebla fue superado por las legislaciones de Colima que obtuvo 7.7 puntos, el Distrito Federal (DF) con 8.1 puntos y Coahuila que fue la mejor evaluada con 9.3 puntos. El estado peor evaluado fue Hidalgo con 4.5 puntos.

Desglose

El Índice se compone de tres variables: diseño normativo, diseño institucional y procedimiento de acceso a la información pública y obligaciones de transparencia, de las cuales, Puebla aún cojea en la primera.

De acuerdo con los resultados, la entidad obtuvo calificaciones reprobatorias en cuanto a los criterios legales que regulan la clasificación de la información pública, los sujetos que están obligados a transparentar su gasto, las sanciones para éstos en caso de que incumplan, los comités de información y los plazos para los recursos de revisión.

Criterios irregulares para clasificar la información

Sobre los criterios que los sujetos obligados en Puebla utilizan para clasificar la información como confidencial, se indica que estos no regulan a los entes para que notifiquen a los interesados la demostración de un daño claro y específico a los intereses públicos que justifiquen un proceso de este tipo.

Además no se establece explícitamente quiénes son los responsables de clasificar la información pública.

Tampoco se define la imposibilidad de reservar información cuando se trate de la investigación de delitos de lesa humanidad así como la relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, como lo que sucedió con el desalojo violento de San Bernardino Chalchihuapan.

La ley poblana tampoco establece la prohibición de argumentar el secreto bancario cuando el titular de las cuentas bancarias es un sujeto obligado o cuando se trata de fideicomisos constituidos con fondos públicos así como con la participación de funcionarios.

Sanciones, comités y recursos de revisión

La revisión de Fundar refiere la falta de sanciones por incumplir las obligaciones de transparencia, a los funcionarios que intimiden a los solicitantes de información, así como la protección a los servidores por divulgar información restringida cuando actúen de buena fe.

En la Ley falta por completo la regulación de los comités de información en cuanto a sus órganos internos de revisión, la necesidad de que éstos sean colegiados y elaborar la declaración de inexistencia de la información.

Además se indican faltantes en la obligación para los sujetos obligados a entregar información en un periodo máximo de 10 días cuando lo obligue el órgano garante y hasta 40 días para que proporcione información que no existía y esté emplazado a generarla.

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