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Aún pendiente la liberación de 16 presos políticos en Puebla

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Samantha Páez  |
 Domingo, Enero 25, 2015

Fueron detenidos por oponerse al Gasoducto Morelos, al Parque Intermunicipal de Cholula y la Ley Orgánica Municipal

A pesar de la liberación del activista Juan Carlos Flores Solís, en el estado de Puebla siguen encarcelados 16 luchadores sociales por oponerse al Gasoducto Morelos, al Parque Intermunicipal de Cholula, por ir contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal y el retiro de mototaxis.

Juan Carlos Flores abandonó el Centro de Reinserción Social el viernes pasado, en el marco de las negociaciones del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas (FOSYP) con los gobiernos estatal y federal para liberar a los presos políticos.

A su salida demandó la excarcelación de sus compañeros, quienes enfrentan procesos en Atlixco, Cholula y la capital del estado http://e-consulta.com/nota/2015-01-24/sociedad/llama-juan-carlos-flores-liberar-mas-presos-politicos.

El vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Tlaxcala y Morelos fue arrestado el 7 de abril de 2014 por delitos contra la infraestructura hidráulica, motín, despojo, extorsión, robo, obstrucción de obra pública y privación ilegal de la libertad.

Sin embargo, abogados del  Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero interpusieron un amparo a favor del activista, ya que el mismo día que se dijo cometió los delitos, estaba en una reunión en la Secretaría General de Gobierno (SGG).

 

 

Enedina Rosas, presa y enferma

En lo que va de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, 136 opositores a sus obras y proyectos han sido arrestados. De ellos 16 siguen en prisión y otros han sido liberados bajo fianza o por desvanecimiento de pruebas.

De estos 16 presos de conciencia, ya que fueron arrestados por el ejercicio de derechos relacionados con la libertad de expresión y libre pensamiento, uno de los casos más graves es el Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco.

Enedina fue arrestada el 6 de abril, un día antes que Juan Carlos Flores, debido a que acató la decisión de su pueblo para que el gasoducto Morelos -que llevará gas natural de Tlaxcala a Morelos, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl-, no se construyera en sus ejidos.

Ante esta situación fue denunciada por el supuesto robo con violencia de dos celulares a un trabajador de Bonatti, la empresa que construye el gasoducto. En el proceso penal que tiene en contra se dice que fue el mismo Juan Carlos Flores quien le ordenó el robo de los aparatos, sin embargo el día que supuestamente ocurrieron los hechos el activista se encontraba en una reunión en la Secretaría General de Gobierno (SGG).

La mujer de 54 años de edad obtuvo el arraigo domiciliario debido a que su defensa y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (ProDH) interpusieron un recurso para que pasara el resto de su proceso penal en casa, ya que padece la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), misma que se agravó durante su estancia de cinco meses en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Atlixco.

Arrestados por defender sus causas

El 7 de octubre fueron apresados Adán y Paul Xicale, así como Albino y Primo Tlachi, por oponerse a la construcción del Parque Intermunicipal en terrenos aledaños a la Pirámide de Cholula.

Los cholultecas días antes realizaron una manifestación y cerraron de manera simbólica la presidencia municipal de San Andrés Cholula, debido a que el edil Leoncio Paisano Arias aprobó la expropiación de tierras para la construcción de un parque con locales comerciales, lago artificial y restaurantes en los terrenos aledaños a la pirámide prehispánica.

Los delitos por los cuales se les inculpa son motín, delitos contra el orden constitucional, daños a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con Josué Xicale Coyópol, hijo de Adán Xicale y hermano de Paul Xicale, otras diez personas del movimiento por una Cholula Viva y Digna tienen órdenes de aprehensión.

En tanto que el 19 de diciembre, alrededor de las 11:30 horas, fue arrestado Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como Simitrio, cuando estaba por entrar a una reunión con el secretario de gobernación municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría, para tratar el asunto del desalojo de los compañeros de Plaza los Gallos.

El argumento que dio la Procuraduría General de Justicia (PGJ) fue que incumplió con el acuerdo preliberatorio al cometer un despojo en Tlaxcala, aunque su condena por el proceso 113/1989 terminaba el 15 de enero.

El líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 Octubre) participó activamente en las movilizaciones contra la represión del gobierno estatal, ya que forma parte del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOSYP).

Dos días después fue aprehendido uno de los hijos de Simitrio, Rubén Atl Sarabia Reyna, por presunto narcomenudeo bajo el proceso penal 510/2014.

Cabe mencionar que el 28 de noviembre la policía ministerial cateó la casa de la familia de Simitrio, esto en cumplimiento a una supuesta amenaza que hizo el titular de la SGG, Luis Maldonado Venegas, en febrero pasado, según lo acusaron los afectados.

También hay tres mototaxistas en prisión: Alfredo Portillo Ramírez, Rafael Tula Guzmán y otro más del cual se desconoce el nombre, quienes fueron arrestados por supuestamente participar en la quema de patrullas en Coronango y Xoxtla por los operativos en contra de los transportistas.

Se oponen a Ley Orgánica Municipal

En diciembre de 2013 se aprobó en el Congreso del estado una reforma a la Ley Orgánica Municipal para que las juntas auxiliares se volvieran órganos desconcentrados del gobierno municipal, con ello el servicio de registro civil sólo se proporcionaría en las cabeceras municipales.

Por ese motivo el 9 de julio, habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan cerraron la autopista Puebla-Atlixco a manera de protesta.

En ese momento fueron reprimidos por policías estatales, quienes arrojaron gas lacrimógeno y una de esas latas causó una herida en el cráneo del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, por la cual falleció diez días después. Al verse agredidos los pobladores respondieron con palos y piedras.

Por el desalojo de la autopista la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el resolutivo  2VG/2014 por violaciones graves a derechos humanos.

El 18 de octubre fueron detenidos cinco habitantes de Chalchihuapan en cumplimiento a dicha recomendación, según el propio gobierno del estado. Sólo dos de ellos salieron bajo caución tras pagar 42 mil y 46 mil pesos de fianza, mientras que siguen en prisión Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes.

Y el 21 de noviembre se apresó al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, bajo este mismo argumento. Los delitos que se le imputan son tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación.

De igual forma dos de los ediles adjuntos que interpusieron amparos contra la reforma a la ley orgánica fueron detenidos.

Leonardo Sabino Báez Serrano, de La Resurrección, el día 17 de octubre por ejercicio indebido de funciones, usurpación de funciones, resistencia de particulares. En cambio Raúl Pérez Velázquez, de San Miguel Canoa, fue arrestado el 31 de octubre por amenazas, usurpación de funciones, robo agravado y privación ilegal de la libertad.

   


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