De 1,040 averiguaciones contra funcionarios, PGJ sólo castigó a 66

Un total de mil 40 averiguaciones previas inició y radicó durante el 2013 la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra de servidores públicos, por diversas conductas ilícitas, de las cuales, en 66 decretó acción penal.

Asimismo, durante el año pasado la dependencia inició 543 averiguaciones previas en contra de elementos de diversas corporaciones policiacas.

De acuerdo con el informe que la PGJ emitió sobre sus actividades realizadas en el 2013, inició y radicó un total de mil 40 averiguaciones previas durante ese periodo, lo que se traduce en un indicador promedio de 2.8 investigaciones por día.

Del total mencionado, en 66 casos las autoridades decretaron acción penal, es decir, que encontraron culpable de la comisión de un delito al servidor público investigado, mientras que las 632 averiguaciones restantes fueron determinadas para su archivo.

Aunado a lo anterior, la PGJ realizó 17 operativos para detener en flagrancia a servidores públicos, de los cuales 14 fueron consignados ante la autoridad judicial correspondiente, aunque el documento no cita el tipo de delitos por el que fueron detenidos.

Respecto a las averiguaciones previas iniciadas en contra de elementos de las corporaciones policiacas del estado, el reporte indica que estas ascendieron a 543, además de que fueron consignadas 17 mujeres y 108 hombres.

Asimismo, informa que para reunir el mayor número de pruebas de la perpetración de un delito, se llevaron a cabo dos cateos, de los cuales uno fue a casa habitación y otro más a un negocio particular, así como un arraigo.

De tales acciones, la dependencia estatal indica que dio parte a la Secretaría de la Contraloría (SC), con el fin de realice las acciones conducentes.

“Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio es el principio que debe regir el actuar de las y los servidores públicos de procuración de justicia, de ahí la necesidad de supervisar, investigar y sancionar a todos aquellos que incurran en actos que perjudiquen el servicio”, cita el documento.