Un México vulnerable apresura su plan para la frontera sur y Centroamérica
Por Proceso | Domingo, Junio 16, 2019
A partir del lunes 17, con el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur comienza una nueva etapa de la política migratoria mexicana, según declaraciones hechas a Proceso por una fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, aclara, eso no implicará militarizar la zona. También revela detalles del acuerdo del 7 de junio entre México –hoy transido por su vulnerabilidad– y Estados Unidos: El equipo encabezado por Marcelo Ebrard sólo se comprometió a reforzar la aplicación de la ley mexicana para contener la migración ilegal hacia el norte e impulsar el desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Para conseguirlo, indica la fuente, se convenció al gobierno de Donald Trump de firmar su participación en el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, que arrancará el jueves 20.
WASHINGTON (Proceso).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunciará este 20 de junio en Tapachula, Chiapas, la aportación de 2 mil 900 millones de pesos al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica (PDIC), con la intención de reducir el flujo migratorio a México y Estados Unidos.
“Conforme a las cifras publicadas en el informe trimestral enero-marzo 2019 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Fideicomiso de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe, mejor conocido como Fondo Yucatán, tiene $2 917 410 872.17 pesos”, dice el documento oficial.
“El anuncio lo hará el presidente López Obrador en Tapachula, contando con la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque será en su país donde se inicie la instrumentación del programa Sembrando Vida, que será financiado con el dinero del Fondo Yucatán”, explica un alto funcionario de la SRE.
En paralelo, se planea que el lunes 17 ya estén desplegados en toda la frontera sur mexicana los 6 mil efectivos de la Guardia Nacional encargados de impedir el ingreso de más inmigrantes centroamericanos al país, como acordó el gobierno de López Obrador con el de Donald Trump el pasado 7 de junio, a fin de evitar la imposición punitiva de un arancel de 5% a las exportaciones mexicanas.