El día que giraron la orden de aprehensión alertaron alertaron a Marín para que no pisara la cárcel

Por La Jornada de Oriente | Lunes, Abril 15, 2019

Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente

Luego de 13 años de que se destapó el llamado Lydiagate, Mario Marín Torres ahora si estuvo a punto de pisar la cárcel por este caso, o por lo menos de ser sentenciado penalmente. Una filtración que surgió desde el Poder Judicial federal en Quintana Roo permitió al exgobernador de Puebla buscar un amparo para protegerse de la orden de aprehensión girada en su contra –que se emitió el 11 de abril– por el delito de tortura en contra de la periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro.

Una fuente de primer nivel, desde Quintana Roo, cuenta que a la par de que la magistrada María Elena Suárez emitía la orden de aprehensión contra 4 personas –entre ellos el director de la extinta Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán–, alguien le informó a Mario Marín de ese resolutivo el jueves de la semana pasada, que es el mismo día en que se hizo el mandato judicial.

Por esa razón desde ese día, se asegura en fuentes políticas de Puebla, el exgobernador salió del estado, sin que se sepa dónde está su paradero, por aquello de evitar un susto que le haga pisar un penal.

Al mismo tiempo se ha difundido la versión de que supuestamente está haciendo su vida normal en la capital poblana, como una manera de aparentar que no hay temor de parte del exmandatario, mientras un equipo jurídico se encuentra analizando como librar este nuevo episodio del Lydiagate, que acabó con la carrera política del exmandatario y que lo sigue persiguiendo.

Marín en varias ocasiones ha dicho que es un asunto que no le quita el sueño, que está cerrado, que fue investigado y no lograron encontrarlo culpable.

Sin embargo, cuentan que desde el jueves 10 de enero de este año, día en que el Estado Mexicano pidió disculpas públicas a Lydia Cacho por la violación de sus derechos elementales, en acatamiento a una recomendación del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas –que la emitió desde junio de 2018–, se dice que se prendieron “los focos rojos” en el entorno de Mario Marín.

Sobre todo porque Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, advirtió que todavía había posibilidades jurídicas para procesar a los que detuvieron indebidamente a Cacho Ribeiro –en diciembre de 2005–, pese a que el caso aparentemente ya estaba cerrado.

Olga Sánchez Cordero es una mujer que no solo sabe hacer declaraciones políticas, sino fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es una autoridad en materia de procesos jurídicos. Eso es lo que inquietó a Marín, de quien se dice que desde enero echó manos de viejos favores a miembros de la clase política priista de Quintana Roo para que se le alertarande algún mandato judicial en su contra.

Y así ocurrió. De nueva cuenta se pone en relieve que el poder político degrada a los aparatos de impartición de justicia.

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