A la Guardia Nacional, facultades de “Gran Hermano.”

En las carreteras federales y en los aeropuertos, en las aduanas, zonas fronterizas, estaciones migratorias, parques nacionales, penales, en el espacio aéreo, en los medios de transporte de las vías generales de comunicación… en cualquier lugar estará la Guardia Nacional, según el borrador de la ley reglamentaria en la materia que el gobierno federal envió al Senado.

La Guardia Nacional podrá vigilar la red pública de internet, así como solicitar, previa autorización de un juez, datos sobre equipos de comunicación móvil en tiempo real, recabar información en lugares públicos, investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público, realizar operaciones encubiertas y participar en detenciones, advierte el documento.

"En lugar de decir Policía Federal (PF) dice Guardia Nacional. Son las funciones que tenía la Policía Federal. Es el mismo capítulo, pero con elementos del Ejército y la Marina”, dice a Proceso Miguel Ángel Mancera, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.

La nueva iniciativa

El jueves 11 el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño; el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, entregaron a la Cámara de Senadores las iniciativas de ley para la operación del nuevo cuerpo armado: La Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.

La Ley de la Guardia Nacional, reglamentaria del artículo 21 de la reforma constitucional, señala que aquella será una institución policial de mando civil con autonomía técnica, operativa y de mando, adscrita al ramo de la SSPC. "Pertenecerá a la Administración Pública Federal como órgano administrativo desconcentrado”, dice la propuesta.

La iniciativa de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional indica que el comandante de la corporación tiene que ser ciudadano mexicano, aunque no especifica si debe ser un civil. También deja abierta la posibilidad de que los mandos territoriales y estatales sean militares.

"Ninguno tiene como obligatoriedad tener el carácter de civil; pueden ser mandos militares. La iniciativa no marca que los integrantes de la guardia sean mandos civiles”, sostiene la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La diputada Livia Unzueta, asesora en seguridad del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, considera que, a pesar de apropiarse de la organización de la PF, la Guardia Nacional terminará siendo un cuerpo militarizado.

De acuerdo con la propuesta, los militares integrantes de la Guardia Nacional conservarán la disciplina, identidad y espíritu de cuerpo de la Fuerza Armada a la que pertenecen, así como el grado, carrera y prestaciones de seguridad social; pero, sobre todo, seguirán sujetos a la normativa castrense.

La iniciativa de ley da "excesivas facultades” de investigación a la Guardia Nacional, pues propone que pueda solicitar "intervenciones preventivas de comunicaciones” en 26 delitos, incluso con un procedimiento distinto al establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en la Ley de Delincuencia Organizada.

Injerencia

Los delitos van desde actuaciones en relación con la delincuencia organizada hasta insubordinación, desobediencia, abuso en el mando y abandono del servicio. Pese a ser una ley administrativa, con ella se busca establecer nuevos tipos penales, asegura Unzueta.

"En sus funciones de investigación y combate a los delitos, la Guardia Nacional actuará bajo el mando y conducción del Ministerio Público”, dice la iniciativa.

No obstante, "los militares no están entrenados para la investigación de los delitos; están entrenados para la defensa del territorio, para sometimiento del enemigo. No puedo entender cómo personas que tienen formación militar pueden ser auxiliares en la investigación del delito”, dice a Proceso Tania Reneaum Panszi, directora en México de Amnistía Internacional.

Para aprobar la Ley General de la Guardia Nacional y las otras tres leyes reglamentarias se requiere de la mayoría simple, con la que ya cuenta Morena en el Senado, pero el jueves 11, en una reunión con el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, y con los coordinadores de los grupos parlamentarios, los representantes del gobierno federal acordaron instalar una comisión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para redactar juntos las cuatro leyes para que sean aprobadas por consenso.

Dentro de esa comisión que redactará las propuestas de ley se encuentran Miguel Ángel Mancera y Claudia Anaya, quienes aseguran que las iniciativas tendrán modificaciones sustanciales. Para empezar, dicen, buscarán que se coloque la palabra "civil” en todos los mandos de la Guardia Nacional.

"Tiene que quedar en concordancia con la reforma constitucional de la guardia”, comenta Mancera.

La reforma constitucional para crear el nuevo cuerpo como institución de carácter civil fue aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados y los 32 congresos locales, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo.

La iniciativa llegó al Senado horas después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó en Palacio Nacional al general de brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM) Luis Rodríguez Bucio, quien se encuentra en proceso de retiro y estará al frente de la nueva corporación.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo privilegia las antigüedades militares, pues establece que para ser comandante debe tenerse por lo menos 50 años de edad, mientras que los mandos territoriales y los estatales deberán tener por lo menos 34 y 30 años de antigüedad, respectivamente.

"Se está premiando a las viejas élites militares y navales”, comenta Livia ­Unzueta.

El grupo de trabajo para "rasurar” las iniciativas que envió el gobierno federal acordó trabajar durante la semana de Pascua. Morena anunció que buscará su aprobación en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril.

Sin embargo, podrían discutirse en un periodo extraordinario a finales de mayo, pues el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, está empeñado en alcanzar consenso para que sean aprobadas por mayoría calificada, a pesar de que no la necesitan.