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La LOAPF, una ley humanista, pero supercontroladora

Proceso   /   
 Domingo, Noviembre 18, 2018

   

La aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en San Lázaro durante la madrugada del miércoles 14 dividió las opiniones de las bancadas. Mientras los representantes de Morena hablan de las bondades de la reingeniería integral que proponen Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores, los representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano ponen el acento en la concentración de poder en el próximo mandatario. Todos estarán supeditados a él, considera la priista Dulce María Sauri Riancho, en tanto que la panista Adriana Dávila llega al grado de hablar sobre los supuestos riesgos de una "dictadura”.

 

El andamiaje administrativo diseñado por Andrés Manuel López Obrador y afinado por la Cámara de Dipu­tados contiene medidas radicales cuyo propósito es apuntalar su proyecto de nación. Con esa reingeniería busca terminar con las cuotas de poder y el uso discrecional del dinero practicado por el priismo y sobre el cual se meció el PAN durante dos sexe­nios consecutivos, de 2000 a 2012.

 

Para la oposición, esas medidas –que apuntan a una concentración de poder en la figura presidencial y sus hombres: Alfonso Durazo Montaño, Gabriel García Hernández, Carlos Urzúa y Julio Scherer Ibarra, presuntamente provocarán choques con las entidades federativas. 

La priista diputada Dulce María Sauri Riancho advierte sobre el riesgo de que el país se extravíe en un laberinto que nunca imaginó; en contraste, su colega Adriana Dávila, del PAN, vislumbra un Estado policiaco y un amago de dictadura.

Intereses de partido

En defensa de la reingeniería administrativa, Dolores Padierna, de Morena, sostiene que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) –aprobada por mayoría la madrugada del miércoles 14 y que los próximos días se discutirá en el Senado para dar el último toque que reinstala la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– es "humanista”Arguye que se apoya en el artículo primero de la Constitución, cuyo eje es el respeto a los derechos humanos. "No es centralista –abunda–, es quitar una bola de vicios que la administración pública tiene y practica desde hace 80 años”.

Los elementos concentradores

El peligro más grave de las modificaciones a ley mencionada es la concentración del poder, sostiene Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, quien dice tener vocación de salmón: nadar siempre contra la corriente.

Relata que convenció a sus 46 compañeros de bancada para exponer en tribuna los peligros que, según los priistas, entraña la nueva ley, lo que prolongó el debate hasta la madrugada del miércoles 14.

"No nos confundamos –puntualiza–. Cuando hablo de concentración de poder, hablo de concentración en el presidente de la República, en Andrés Manuel López Obrador”. Y, con base en el artículo 17 de la mencionada ley, alude a los llamados superdelegados que, insiste, estarán "bajo el mando directo del presidente de la República”.

Desgrana los cinco elementos "concentradores de poder”:

Uno: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que estará a cargo de Carlos Urzúa, nombrará, removerá y tendrá bajo su control a "sus embajadores”, las llamadas Unidades de Administración y Finanzas­ (UAF). 

Con ellos, dice, habrá una disputa con las "entidades paraestatales”, pues éstas tienen sus propias leyes.

Esas unidades, según Sauri, se encargarán de la planeación, programación, informática, recursos humanos, materiales, contabilidad, archivo y presupuesto. Habrá una en cada secretaría de Estado y entidades paraestatales. "Su facultad –insiste– es la concentración total”.

Dos: la Consejería Jurídica, a cargo de Julio Scherer Ibarra, quien designará a los encargados jurídicos de todas las áreas del sector público, "estará bajo su égida… Va a ser sumamente delicado y va a ser un choque y motivo de controversia cuando pretenda ejercer funciones la Consejería Jurídica para introducir a sus embajadores”.

La priista yucateca simplifica: si hay un reclamo de industriales por las altas tarifas eléctricas, habrá incluso amparos, y la autoridad responsable se va a ir directo, ya no sólo la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sino también el presidente. "Y aunque se los advertimos a los diputados­ de Morena, hicieron caso omiso”.

Tres: la oficina de Comunicación Social, al frente de la cual estará Jesús Ramírez Cuevas, también estará adscrita al presidente; se encargará de nombrar a los directores en esa materia en cada secretaría, incluso la de Gobernación. "Les dijimos que estaban vulnerando las funciones de regulación de esta secretaría”.

Cuatro: la Secretaría de Gobernación se encargará de nombrar a todos los encargados de "enlace”, lo cual significa, dice la legisladora priista, que "tendrá control sobre los interlocutores. ¿Y qué harán los titulares de las dependencias? Van a ser secretarias momias, pues los van a sentar en el escritorio y van a estar acotados por estas cinco acciones”.

Cinco: la Coordinación de Programas para el Desarrollo, que a partir del 1 de diciembre será encabezada por Gabriel García Hernández, nombrará a los superdelegados o "virreyes”, a los que Sauri prefiere definir como "gobernadores federales”.

Ellos estarán en todo, dicen. Van a nombrar a delegados regionales cuya tarea será impulsar el desarrollo integral. Eso, dice, "abre el candado” para que puedan estar en los Consejos de Seguridad.

Durante la visita de Alfonso Durazo Montaño, quien será titular de la Secretaría de Seguridad "remasterizada”, los delegados participarán en los consejos; incluso podrán ser suplentes del gobernador, lo cual causó el reclamo de la bancada del PRI en San Lázaro.

Sauri Riancho insiste: "Esos gobernadores federales no sólo no abrieron la ventanita para despresurizar esa concentración de poder y evitar chocar con las facultades y soberanía de los estados; la reforzaron porque dependerán directamente del presidente”.

   


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