Buscan frenar el voto de castigo contra el PAN por el tema del agua potable
Por La Jornada de Oriente | Jueves, Marzo 22, 2018
Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
La misma estrategia que se utilizó en 2016 se va volver a emplear para buscar quitarle al PAN y sus candidatos –encabezados por Martha Erika Alonso– mucho del peso de los yerros, los negativos, del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Por eso otra vez se buscará aligerar los abusos sistemáticos que comete la empresa Agua de Puebla para Todos, que ha encarecido brutalmente el acceso al sistema de agua potable y lo maneja con muchos excesos en detrimento de la población de todos los estratos sociales.
Entre la población adulta de los principales municipios del estado cuando se le pregunta qué fue lo más negativo del gobierno de Moreno Valle, siete de cada 10 ciudadanos responde: haber vendido el agua potable a una empresa privada. Ese lastre abarca incluso en localidades en donde la distribución del líquido sigue siendo un servicio público municipal.
El tema del agua es una losa muy pesada para el PAN y en particular para Martha Erika Alonso, la candidata a la gubernatura, pues un sector muy importante del electorado asocia que los abusivos aumentos a las tarifas del servicio de agua, que van de 40 a 600 por ciento, son responsabilidad directa del esposo de la abanderada del blanquiazul.
Queda claro que el morenovallismo no va a sacrificar la millonaria concesión del agua potable que está planteada para durar 60 años y tiene como principal beneficiario al empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina, quien es parte de los constructores beneficiados por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que en las tres últimas décadas se han adueñado de mucha de la infraestructura pública del país.
Lo que se va a hacer es despresurizar el tema del agua para que, en un mes y una semana, cuando inicien las campañas electorales a la gubernatura no sea motivo de tanto enojo del electorado, por lo menos hasta el día de la votación.
En 2016, cuando faltaba un mes para el inicio del periodo de campañas a la gubernatura, el cabildo de Puebla analizó el tema de las tarifas que cobra Concesiones Integrales, que a su vez utiliza a la empresa fachada Agua de Puebla para Todos, y puso un freno a los aumentos abusivos, evitó los cortes masivos en el servicio y amplio los plazos para pagar adeudos.
La acción no se vinculó frente a la opinión pública como una medida para beneficiar al PAN, pero en el fondo tuvo ese propósito.
Ahora, cuando falta un mes y una semana para arrancar las campañas electorales, Concesiones Integrales ha cedido en borrar el adeudo en agua potable, alcantarillado y saneamiento que enfrentan 774 escuelas públicas de Puebla.
Sobre todo cuando no hace mucho se había planteado que se cobrarían 100 pesos en promedio a cada alumno para que hubiera agua en las escuelas, lo cual desató el enojo de miles de padres de familia.
Dicha disposición se quiere para contener el malestar del electorado contra el PAN y el morenovallismo hasta el día de la elección.
Es un plan que se echa a andar de una manera en que no se le relacione con la campaña electoral de Martha Erika Alonso, pero que realidad está diseñado para evitar que el tema del agua le genere un voto de castigo.
Sin duda es una estrategia bien pensada, pero que no está garantizado que vaya a funcionar.
En mucho, el éxito o el fracaso, de esa estrategia dependerá de Luis Miguel Barbosa Huerta y Enrique Doger Guerrero, los candidatos de Morena y el PRI, respectivamente, en la medida en que sepan utilizar el tema del agua para generar un voto de castigo en contra del PAN.
Quien tiene más posibilidades, hasta ahora, de conseguir que ese asunto oprobioso no se borre de la mente de los electores el día de los comicios es Luis Miguel Barbosa Huerta, quien avanza como la única opción opositora a la corriente morenovallista.
Doger primero tiene que arreglárselas para que los negativos del PRI, de su propio partido, no lo sigan hundiendo en el tercer lugar de la contienda.
Por cierto, el PRI –o mejor dicho el gobierno de Enrique Peña Nieto– es partidario de privatizar el agua, lo cual le quita a Doger un importante margen de maniobra para combatir a su adversaria en un tópico tan delicado y con alta rentabilidad electoral, como fue la entrega del agua potable a particulares abusivos.
Más información en: