El negocio de las encuestas del PRI

Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente

Una condición que se impuso a la mayoría de los casi 3 mil aspirantes del PRI a ser candidatos a alcaldes, diputados locales y federales, incluso hasta senadores, es que se debían encuestar para que el partido tomara una decisión fundamentada para postular a cada abanderado.

Sin duda que es un mecanismo correcto el tomar el pulso de la opinión pública para decidir las candidaturas a cargo de elección popular. El problema es que el PRI echó mano de una sola empresa encuestadora.

Dicha compañía habría cobrado, en municipios pequeños, unos 50 mil pesos por un sondeo.

En los grandes y medianos municipios, el costo llegó a los 100 mil pesos por encuesta.

Se dice que en una cuarta parte de municipios y distritos, se habrían repetido las encuestas. Es importante aclarar  que se hizo un sondeo por cada aspirante, no un estudios por cada plaza.

El costo corrió a cargo de cada aspirante. El Partido Revolucionario Institucional no pagó nada y al final dichos sondeos quedan fuera de los gastos fiscalizados por las autoridades electorales.

Es decir, este fue un negocio que habría generado ingresos entre 150 y 300 millones de pesos.

¿Quién hizo negocio en el PRI con las encuestas?

¿El costo de los sondeos solamente fue para la empresa responsable de los estudios demoscópicos?

¿Por qué solo se usó una compañía?

¿Bajo qué criterios se eligió a la única empresa dedicada a levantar las encuestas?

¿Por qué no se aceptaban los estudios de otras compañías que tiene un amplio prestigio en medir preferencia en la intención del voto?

Nadie en el PRI hace esas preguntas y mucho menos se responden. Todo queda en la opacidad.

Las áreas de Organización Electoral y de Asuntos Jurídicos son las que canalizan a los aspirantes con la única empresa que hace las encuestas.

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