No acabemos con Uber, pero sí con el negocio de los políticos

Por El Sol de Puebla | Jueves, Octubre 19, 2017

Jorge Rodríguez/A puerta cerrada/El Sol de Puebla

Los datos duros publicados en exclusiva por EL SOL DE PUEBLA en su edición del 9 de octubre son demoledores:

En menos de dos años, de septiembre de 2015 a julio de 2017, la empresa Uber sumó 9 mil 810 vehículos para brindar el servicio de transporte ejecutivo por aplicación electrónica en la zona metropolitana de Puebla.

Hasta esa misma fecha, en esa zona, que toma en cuenta los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, además de Puebla, el número de taxis tradicionales llegó a 13 mil 320 unidades.

En apenas 22 meses, como verá usted, Uber logró un crecimiento espectacular y por poco igualó en cantidad a los automóviles de transporte de colores negro y amarillo.

Justo aquí, en esa insólita expansión, es donde se esconde el origen de la irregularidad.

La investigación presentada el lunes 9 por la reportera Belén Cancino confirmó una sospecha generalizada, la tolerancia excesiva de las autoridades del anterior gobierno para hacer que floreciera un nuevo y prometedor negocio.

Uber se gestó en Puebla en un mundo paralelo al de los taxis.

La realidad de la firma que tiene su sede en San Francisco, California, es distinta a la de las centrales y agrupaciones de taxistas tradicionales.

A los taxistas se les ha contenido en crecimiento con argumentos que hasta antes de la llegada de Uber parecían razonables.

La saturación del mercado y en algunos casos la anarquía o el desorden que imperaba en el gremio fueron motivos para limitar, a cuentagotas, la expedición de nuevas concesiones y placas de circulación.

Durante años se pensó que no eran necesarios más taxis en la ciudad, ahora convertida en zona metropolitana por la conurbación con otros municipios; que las unidades que había eran suficientes para satisfacer la demanda de servicio.

¡Oh sorpresa!

Para Uber y sus más de 9 mil vehículos no fue así.

La revolucionaria empresa de transporte ejecutivo, muy gustada entre los usuarios jóvenes, no tuvo limitaciones, ni a su llegada ni durante su operación.

El gobierno morenovallista la recibió en 2015 con los brazos abiertos y le bordó un marco legal que le impuso muy pocas obligaciones, las mínimas.

Esa permisividad llevó a tejer historias que vinculaban a personajes públicos con la firma, a presumir que entre los socios principales de Uber, como dueños de grandes flotillas de autos, se encontraban prominentes integrantes de la clase política local.

La especie tiene coherencia.

Eso explicaría el porqué de la holgada regulación y la inexistencia de candados para su crecimiento.

Dos desgracias han obligado a poner atención en el problema.

Los homicidios de Mara Fernanda Castilla y Mariana Fuentes Soto, estudiantes hasta antes de su muerte de la UPAEP y la BUAP, han provocado un importante debate acerca de este tipo de empresas, donde también figura Cabify.

Sin importar el curso legal que siga cada uno de los casos, de las implicaciones directas o indirectas que se les puedan atribuir a las firmas por los crímenes cometidos en contra de esas dos mujeres, el momento demanda corregir lo que no se hizo bien hace dos años.

Uber, Cabify y todas las demás empresas que se dediquen a esto deben tener obligaciones tan estrictas como las que hay para los taxis.

Consciente de la problemática, el gobernador José Antonio Gali Fayad anunció que mandará al Congreso del Estado una iniciativa para establecer protocolos de seguridad en el transporte ejecutivo.

Esa es una buena medida.

Habrá que ver hasta dónde se profundiza con el nuevo marco legal.

Pero no hay que dejar solo al Ejecutivo.

Los diputados locales, en su mayoría ausentes de la discusión, también tienen que hacer su trabajo.

***

El tuit de Martha Érika Alonso Hidalgo es elocuente:

“La Comisión Permanente ha dejado una postura clara, la inclusión de ciudadanos para que formen parte de la vida democrática del @PANPUEBLA”.

Determinar que el método de selección de candidatos a diputados federales y senadores sea por consulta abierta a los ciudadanos, como hizo ayer ese organismo del Comité Directivo Estatal, obedece a un recurso político del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

“La inclusión de ciudadanos para que formen parte de la vida democrática” del partido, como escribió Alonso Hidalgo en su cuenta de Twitter, es una calca de lo que exige Moreno Valle al Comité Ejecutivo Nacional y a su presidente, Ricardo Anaya Cortés.

Con eso, el PAN de Puebla pretende “poner el ejemplo” de lo que debe ser la democracia partidista, en un intento más de Moreno Valle por forzar a una consulta abierta para definir al candidato presidencial del Frente Ciudadano por México.

Falta ver qué opina la Comisión Permanente del CEN, si avala o no el acuerdo al que llegó este martes la dirigencia estatal.

Lo que hay que preguntarse ahora es qué pasará con las candidaturas a gobernador y presidentes municipales.

¿A poco ahí también se propondrá consulta abierta a los ciudadanos, con el riesgo de que se cuele, como usted ya imaginará, algún incómodo precandidato?

Fuentes del partido blanquiazul le dijeron al reportero que sí, que para el gobierno del estado y las alcaldías será igual.

¿En serio?

Se cruzan apuestas.

https://www.elsoldepuebla.com.mx/columna/por-la-regulacion-de-uber-y-nuevas-herramientas-de-seguridad