Gali paga un alto costo político por mantener a Carrancá en la FGE
Por La Jornada de Oriente | Martes, Septiembre 19, 2017
Fermín Alejandro García/ Cuicatlán/La Jornada de Oriente
La reacción unánime de dolor y furia por el asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda de la opinión pública local, nacional e internacional, de políticos de todos los colores, de miembros de universidades públicas y privadas, de ciudadanos de todos los credos religiosos y los estratos sociales, de importantes figuras intelectuales y del medio artístico, de las redes sociales, fue porque en Puebla se respira un clima de impunidad, de simulación, en torno a los asesinatos y desapariciones de mujeres. El principal responsable de toda esta situación tiene nombre y apellidos: Víctor Antonio Carrancá Bourget, el fiscal general del estado.
Tal situación plantea que si el gobernador Antonio Gali Fayad no provoca la salida de Víctor Carrancá de su gabinete, enfrentará un severo costo político y en lugar de ser visto como un titular del Poder Ejecutivo conciliador, incluyente, tolerante, será recordado como un político insensible ante la violencia de género.
Le podría acabar pasando lo mismo que al presidente Enrique Peña Nieto con el asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que ha sido el tema que más ha golpeado su imagen pública y la confianza de su gobierno.
La agresión contra los normalistas era un tema que concernía al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pero por una mala actuación de quien era el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien atrajo el caso y lo complicó en todo, la opinión pública acabó reprobando la actuación de la gestión de Peña Nieto, al grado que ahora muchos consideran al gobierno federal como el causante directo de la violencia sufrida por los estudiantes desaparecidos.
Algo similar está pasando con el caso de Mara Castilla. El gobierno del estado había logrado llevar de manera más o menos correcta el esclarecimiento del homicidio, en mucho por la presión mediática que existe en torno a dicho asesinato, hasta que estalló el escándalo de que el agresor Ricardo Díaz pese a que estuvo detenido por el delito de robo de combustible logró que la Fiscalía General del Estado (FGE) le diera una carta de no antecedentes penales, lo que le posibilitó poderse emplear como chofer de Cabify.
Queda claro que si la FGE no le hubiera extendido ese documento a Ricardo Díaz, no hubiera sido chofer de un taxi y no se habría topado con Mara Fernanda Castilla.
Si había un repudio hacia Cabify –el cual seguramente acabará quebrando a la empresa de origen español– por haber permitido que uno de sus taxis fuera manejado por un feminicida, ahora ese odio podría acabar siendo compartido en contra del gobierno del estado por la negligencia de la FGE de darle una carta de antecedentes no penales a alguien que ya había participado en bandas del crimen organizado.
Y todo esto es consecuencia de que Víctor Carrancá, desde el sexenio pasado en que fue titular de la desaparecida Procuraduría General de Justicia del estado, se encargó de debilitar, desarticular, de volver ineficiente, al aparato encargado de investigar los delitos en la entidad.
Carrancá fue quien solapó el cierre de agencias del Ministerio Público, el despido de docenas de trabajadores y policías del área de procuración de justicia y además echó a andar el nuevo sistema penal acusatorio con una larga lista de deficiencias.
El actual fiscal llegó a esa responsabilidad por ser el abogado privado de la familia del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Por eso su labor siempre se enfocó a solamente atender los intereses particulares del ex mandatario. Nunca se le sintió ni se le siente preocupado por mejorar la justicia en Puebla.
Las cifras son elocuentes:
En los últimos cinco años, en Puebla ha habido un promedio de más de 60 feminicidios por año y solamente hay seis condenas contra los asesinos involucrados en unos pocos casos.
Más de 95 por ciento de las mujeres que desaparecen no son encontradas y no se tiene un área especial para dar seguimiento a las ausencias reportadas ante la autoridad.
En el año 2016 se prometió una fiscalía especial para atender la violencia de género en Puebla y es la fecha que esa instancia no existe.
Persisten las quejas de que en las agencias del Ministerio Público el personal es machista y es una odisea lograr denunciar la violencia de género.
Por tanto, si Gali no echa a Carrancá, la opinión pública no se lo va a perdonar.