Alerta sobre un caso de espionaje y corrupción

Por Proceso | Domingo, Julio 23, 2017

Víctor Hamue Haneine y/o Henaine es un empresario que se ha presentado como un proveedor discreto, sobre todo ante gobiernos estatales al inicio de sus administraciones. Y además dispu­ta uno de los primeros lugares en el tiempo en lo que después se convertiría en un negocio muy saludable financieramente hablando, toda vez que fue uno de los pioneros del espionaje privado por encargo cuando la telefonía celular se hallaba en sus inicios y el internet apenas hacía su lenta entrada a la sociedad con grandes limitaciones de ancho de banda.

Ese espionaje era posible, si se trataba de conversaciones privadas en directo, con camionetas equipadas a una distancia máxima de 200 metros del objetivo mediante los primeros amplificadores de captación de voz, y si era por teléfono, a través de Teléfonos de México (ojo: no afirmo que esta empresa se haya dedicado a ese negocio, sino que algunos de sus empleados eran facilitadores para hacer posible esta incipiente empresa)

En esas épocas los celulares y los llamados por voz IP eran excepciones más que la regla, razón por la cual constituían un universo marginal, aunque importante. Se trataba de 1999, cuando Víctor Manuel o Hamue Haneine o Henaine fue descubierto por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dependencia que identificó que esa persona tenía protección de agentes de la Interpol para hacer tanto un presumible negocio de espionaje (https://noticias.vlex.com.mx/vid/duda-procuraduria-gente-interpol-358312550) como de llamadas baratas de larga distancia en perjuicio de Telmex (http://www.ipsnoticias.net/1999/09/mexico-multimillonario-fraude-telefonico/).

Así como Henaine entró a la cárcel, salió con la debida discreción. En todos estos años, el personaje ha acumulado 36 páginas de juicios judiciales del fuero común y federales por fraude genérico, fraude inmobiliario y evasión fiscal principalmente, casos en los que ha agotado todos los medios legales a su alcance y ha perdido casi todas sus promociones jurídicas en las últimas instancias federales, que son ya inapelables, lo que en derecho se llama cosa juzgada. Las demandas han sido tanto contra él o junto a diferentes empresas suyas, como Inmobiliaria Puebla y Jalapa, S.A., Inmobiliaria del Valle de Ticomán, S.A.

Y los demandantes van de personas físicas a personas morales, como Proyectos Industriales Once, S.A. de C.V. A juzgar por estos antecedentes, Henaine se ha convertido en un profesional respecto de cómo utilizar todas las debilidades del sistema judicial para prolongar sus juicios.

Hoy, ya en el siglo XXI, no ha pasado al retiro. Sigue activo en la actividad empresarial, por llamarla de alguna manera. Ha tejido una amplia red de relaciones a las que promete “generosas” atenciones económicas de por medio y/o promesas de acciones de sociedades que rápidamente harán millonarios a los que son ricos, y multimillonarios a quienes son millonarios. Esa red de contactos lo han introducido directamente a charlas y negocios con los nuevos –y casi todos voraces– gobernadores, que quieren enriquecerse en el menor tiempo posible.

Las ofertas de Henaine son imbatibles porque se basan en documentos legales apócrifos de terrenos con apariencia de buen derecho (lo que puede sorprender a un lego del derecho), y con esos espejitos que ofrece modifica a su antojo los precios del mercado.

Lo lógico es que los gobernadores que crean encontrarse frente al negocio de su vida ofrecido por Henaine limiten sus tentaciones por ganarle a los Duarte la competencia por el dinero porque se van a arrepentir rápidamente. Si un mandatario corrupto muerde el anzuelo dejará de llevarse su ilegal tajada, en tanto que los ciudadanos, como siempre, verán cómo sus impuestos trabajan para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, pero en este caso a pasos acelerados. Por lo demás, los activistas anticorrupción deberían solicitar por transparencia que su gobierno no tenga relaciones con este personaje o sus empresas y, si es preciso, solicitar las investigaciones del caso y el deslinde de responsabilidades a la brevedad.