Detenidos e impunidad

Por Milenio | Domingo, Abril 23, 2017

JUEGO DE ESPEJOS Por: Federico Berrueto                                                                                                                

El agravio y la fascinación por el escándalo no da para comprender el significado de las detenciones en el extranjero de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Veracruz, Javier Duarte. Es un paso significativo y trascendente que ambos personajes sean llevados a la justicia. Dos casos distintos, pero con un mismo origen: conductas delictivas al amparo del poder.

 

La detención de Duarte tuvo lugar con la participación de las autoridades mexicanas frente a un prófugo de la justicia ajeno a todo cuidado. Es evidente que el detenido pretende negociar su caso, propósito con poco valor por tres consideraciones: el gobierno del estado de Veracruz está a cargo de un aguerrido y experimentado adversario político, la detención es en otro país y por los tiempos judiciales no será en este gobierno cuando tenga lugar buena parte del juicio penal y, desde luego, la sentencia.

Andrés Manuel López Obrador se equivocó al asumir que la detención era un arreglo para que el inculpado declarara en su contra. Con ello dio fuerza al señalamiento del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en su acusación de que Morena recibió dinero ilegal de Javier Duarte; tanto el candidato del PRI como el del PANdurante sus campañas señalaron que el entonces gobernador promovía el crecimiento del candidato de MorenaCuitláhuac García Jiménez. Lo cuestionable no es el intento de dividir el voto opositor, sino el uso ilegal de recursos públicos, hecho que en todo caso deberá documentar y probar quien acusa.

 

La indignación pública por la corrupción puede llevar a extremos que impidan entender la trascendencia de las detenciones de los otrora gobernadores. En los últimos años ha habido un deterioro grave en la calidad de gobierno de muchos mandatarios locales. No es un hecho aislado, tiene que ver con la pérdida de los medios de control o contención del presidencialismo autoritario. Con la alternancia los gobernadores cobraron libertad política, económica y financiera. Hay y ha habido casos ejemplares de probidad y buen gobierno, pero también precedentes de corrupción extrema que por igual afectan a PRI, PAN y PRD. Quien más gobierna más afectado se ve por la situación.

 

Políticos corruptos siempre ha habido. La diferencia es que ahora son corruptos que hacen de la política un medio para un enriquecimiento desproporcionado. La imagen que muchos tienen del poder público es el de un medio de rápido y gran enriquecimiento. No es lo mismo políticos rateros, que rateros políticos. Esto es lo que se está viviendo. El voto es un medio para castigar al mal gobierno, pero no es eficaz o infalible para llevar al poder a gobernantes probos. Por ello es indispensable abatir la impunidad que es el fundamento de la venalidad en el cargo público. Grandes beneficios y pocos riesgos es el incentivo y caldo de cultivo para la corrupción extrema.

 

La justicia penal en muchos sentidos es ejemplar, esto es, sirve como efecto de demostración para que se entienda que el que la hace la paga. Es indispensable concretar este compromiso con la legalidad. La acción penal no puede ni debe estar sujeta a un cálculo político. La única manera legal de evitar la acción penal es la amnistía, hecho que corre a cuenta del Congreso. Por ello no es aceptable ni admisible que en el afán de un objetivo político se oferte impunidad como medio para ganar espacio y disminuir la resistencia de los corruptos empoderados.

 

Este tema merece la mayor atención por las expresiones de López Obrador, quien anuncia que de ganar no perseguirá a los corruptos actuales. La promesa atiende a un cálculo político y no considera los cambios institucionales en curso. El próximo Presidente no será el dueño de la justicia penal; la Fiscalía General de la República será una entidad autónoma y el ejercicio de la acción penal se dará en esta circunstancia. Además, la sanción penal es potestad del Poder Judicial, no del Presidente. En breve, el primer mandatario no puede prometer impunidad, hacerlo es inmoral e ilegal. Andrés Manuel debe modificar su postura o al menos señalar que de ganar promovería una iniciativa de ley de amnistía para los funcionarios que han incurrido en actos de corrupción.

 

Lo importante ahora es que los ex gobernadores que han malversado recursos públicos o que han incurrido en conductas delictivas sean llevados a la justicia. Que tengan los medios de defensa que la ley les concede, que las autoridades puedan documentar y probar los delitos que se les inculpan y que la sociedad se reconcilie a sí misma mediante el estricto apego de la ley, la manera más civilizada de asegurar la convivencia y la relación del gobierno con la sociedad.