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Por qué RMV pudo usar el impuesto sobre la nómina y esconder la deuda

Excélsior   /   
 Miércoles, Abril 19, 2017

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Son siete los detenidos. Otros han logrado amparos (Rodrigo Medina de NL y Reynoso Femat de Aguascalientes) y están en libertad. Un par cumplieron o cumplen sus sentencias (Salazar Mendiguchía de Chiapas y Mario Villanueva de QR). Pero hay muchos más mandatarios, exmandatarios o funcionarios públicos de todos los niveles y órdenes de gobierno que han sido denunciados o señalados por el periodismo de investigación con documentos en la mano como presuntos responsables de actos de corrupción y a quienes simplemente no se les abre investigación alguna.

Si dejamos atrás los personajes y nos centramos en las violaciones a la ley, el panorama es igualmente desolador: se trata de la mayoría de delitos previstos en el Código Penal y que pertenecen a las categorías de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia. Esto sin contar las faltas administrativas que no merecen la pena de privación de libertad.

Agréguele lavado de dinero y asociación con el crimen organizado. Los términos nos pueden parecer de difícil discernimiento y las diferencias entre delitos son de difícil comprensión para la mayoría de nosotros, pero todos son actos de corrupción que se traducen en el uso del poder para beneficio personal a costa de los gobernados y de los impuestos que estamos obligados a pagar. El dinero se recauda para ciertos fines, pero se usa para otros: para el enriquecimiento privado, para ascender en la escalera del poder, para privilegiar al amigo, para destruir al enemigo, para ganar elecciones…

La atención se ha centrado en los gobernadores, pero si nos vamos al resto de los representantes populares (alcaldes, síndicos, regidores, diputados y senadores), el panorama no cambia demasiado. Solamente varían el tipo de delitos que se pueden cometer, de acuerdo a las facultades asignadas a cada puesto, y el monto a robar, de acuerdo al tamaño del presupuesto que cada uno puede manejar. Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos designados. No es lo mismo estar en el departamento de compras que en el de atención al público, no es lo mismo ser subsecretario de obras que de atención a víctimas o de programas sociales que de derechos humanos. No es lo mismo ser de la burbuja de las cámaras, que diputado de a pie. En cualquier puesto se puede lucrar, pero en unos se puede más que en otros. Por eso se dice que el problema de la corrupción es sistémico.

Y si el problema es sistémico la solución también tiene que serlo. Por algo se empieza y sin duda es positivo que se haya capturado a Yarrington y a Duarte o que Padrés esté en la cárcel y bajo proceso, pero francamente esto no alcanza. Los motivos por los que los exgobernadores están siendo perseguidos no deberían presentarse con la frecuencia con la que se presentan. Además, junto con ellos —personajes visibles— deberían ser procesados todos aquellos que forman las redes de complicidad que hicieron posibles los delitos. Tampoco deberían ser perseguidos hasta el momento en que abandonan sus puestos, sino en el ejercicio de sus funciones y cuando la evidencia apunta a la comisión del delito. Curiosamente siempre son los exfuncionarios, nunca los servidores públicos o representantes en funciones los que caen.

La reflexión a la que nos deberían mover los constantes escándalos de corrupción es por qué puede ocurrir lo que ocurre todos los días y por qué las consecuencias son tan poco frecuentes. Sin una reflexión de esta naturaleza y por muchos Duartes que sean capturados, procesados y castigados no saldremos del laberinto de la corrupción. Tenemos que preguntarnos por qué Duarte pudo crear tantas empresas fantasmas, por qué el Congreso local aprobó a Moreira la deuda de Coahuila, por qué Padréspudo apropiarse del agua de las comunidades para su presa particular, por qué Borge pudo despojar de terrenos a sus propietarios.

Por qué Moreno Valle pudo usar el 3% del impuesto sobre la nómina para constituir un fideicomiso y esconder la deuda.

por qué César Duarte pudo fondear su financiera con recursos públicos, por qué los funcionarios (todavía anónimos) de Pemex pudieron cobrar los sobornos de Odebrecht, por qué los diputados pueden acceder a los moches, por qué un funcionario de la Judicatura puede transportar cuatro millones de pesos en la cajuela de un vehículo oficial, por qué no se abren investigaciones a partir de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Si no descubrimos estos por qués, seguiremos a ciegas.

Una democracia incapaz de detectar y frenar estos delitos en “tiempo real” es una democracia en descomposición.  Un sistema de procuración y administración de justicia que no puede o no quiere procesar con la celeridad y pericia requeridas el quebrantamiento sistemático de la ley es un sistema fallido

   


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