Corrupción oficial y torturas atrás del escándalo de la novia de César Yáñez
Por La Jornada de Oriente | Jueves, Octubre 27, 2016
Fermín Alejandro García/Cuitlatlán/La Jornada de Oriente
El escándalo de Dulce Silva Hernández, la mujer detenida por supuestamente intentar apoderarse de un predio de la zona de Angelópolis que fue incautado a la empresa Invergroup, la misma que defraudó a miles de ahorradores en el sexenio pasado, no se reduce a la disputa del predio en cuestión, sino que esconde una larga cadena de actos de corrupción y torturas que involucra a personal de los penales y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Dicho conflicto le provocó al empresario Edmundo Tiro Moranchel sufrir dos años de segregación –en las prisiones de Tepexi de Rodríguez y de San Miguel–, tormentos e intentos de despojarlo de varias propiedades.
El escándalo saltó a la opinión pública debido a que Dulce Silva Hernández es novia de César Yáñez, uno de los voceros de Morena, y se ha utilizado el tema para intentar dañar –por enésima vez– la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo grave de este asunto no ocurre por el supuesto intento de Yáñez de negociar con la FGE la liberación de su pareja, sino por lo que ocurrió antes de que la mujer fuera detenida por las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Lo que a continuación se narra es resultado de una conversación que Edmundo Tiro Moranchel sostuvo este miércoles con el columnista. El empresario se comunicó desde el penal de San Miguel –donde está recluido desde el año 2010– por medio de la línea telefónica con el número 0002244215901.
El predio que ha salido a relucir en este asunto, que se ubica en la zona de Angelópolis y que tiene un valor de por lo menos de 4 millones de dólares, en el año 2011 se dispuso por los parte de los dueños de Invergroup que sería utilizado para pagar el daño a ahorradores que acusaron de fraude a los hermanos Tiro Moranchel. En ese año se propuso que se abriría un fideicomiso para ese propósito y lo único que quedaba era lograr un acuerdo con cada uno de los demandantes.
De manera sorpresiva, con la ayuda de funcionarios del penal de San Miguel, representantes de una empresa y Dulce Silva Hernández se presentaron ante Edmundo Tiro Moranchel para supuestamente ofrecer sus servicios para tres propósitos: contactar a los defraudados y convencerlos de aceptar el trato antes mencionado, crear el fideicomiso y ejecutar la reparación del daño, a cambio de que los agraviados se desistieran de la acción penal contra los propietarios de Invergroup.
El primer año –entre 2011 y 2012– todo iba bien, dentro de los acordado. De pronto Tiro Moranchel se percató que ni la empresa ni Dulce Silva Hernández estaban conduciendo el asunto para pagar a los defraudados, sino orientaban sus acciones a lograr que el terreno en cuestión dejara de estar incautado y se pudiera comercializar. Es decir querían hacer un gran negocio.