Enrique Peña Nieto llegará a su Cuarto Informe de Gobierno sin lograr el México en Paz

Por Reforma | Domingo, Agosto 28, 2016

Enrique Peña Nieto llegará a su Cuarto Informe de Gobierno sin lograr el México en Paz que fijó como primer objetivo de su administración, y con el nivel más alto de asesinatos en su sexenio.
Además de los homicidios dolosos, en el territorio nacional repuntan los secuestros y las extorsiones. Los tres delitos que más lastiman a la población y que fueron señalados en el Pacto por México como el foco de los esfuerzos del Estado mexicano.

Especialistas en seguridad advierten, con base en las estadísticas del INEGI, que el número de homicidios en la administración de Peña Nieto rebasará la cifra de 121 mil 923 víctimas registradas durante el sexenio de Felipe Calderón, quien declaró la "guerra antinarco".
De acuerdo con el más reciente informe del INEGI, basado en las actas de defunción, en los primeros tres años del sexenio, 62 mil 926 personas fueron asesinadas: 20 mil 525, en 2015; 20 mil 10 en 2014, y 23 mil 63 en el año anterior. Cada día, 57 homicidios dolosos.

El INEGI hará públicos los datos consolidados de 2016 hasta el próximo año, pero el repunte de la violencia ya se refleja en los reportes de las procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que el número de víctimas por homicidios dolosos, en julio, rebasó por primera vez los dos millares (2 mil 73), desde 2014, cuando el gobierno federal comenzó a publicar este dato.
Al margen del número de víctimas implicadas en cada caso, las averiguaciones previas por homicidios dolosos sumaron el mes pasado mil 842, cifra similar a la de septiembre de 2012, en el final del sexenio de Calderón.

La suma de ese registro, entre enero y julio, representa un crecimiento del 14.6 por ciento respecto al mismo lapso de 2015, y de 17.2 por ciento en referencia a 2014.
Respecto a las víctimas por secuestro y extorsión, el aumento es constante: de enero a julio los secuestros crecieron de 78 a 105, y las extorsiones, de 382 a 505.

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Para hacer frente al crimen organizado, la administración de Peña Nieto continuó con una de las principales estrategias implementadas por su antecesor: "la desarticulación" de cárteles a través de la captura de sus líderes.
De una lista de 122 "objetivos prioritarios" del actual gobierno federal, las fuerzas de seguridad han detenido o asesinado a 100, hasta la segunda semana de agosto.
La PGR hizo pública la lista con los 95 objetivos alcanzados hasta abril de este año, en la que destaca la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, del Cártel del Pacífico.

También del Cártel del Pacífico, aparecen Serafín Zambada, hijo de Ismael El MayoZambada, uno de los dos únicos "prófugos" en la lista identificado públicamente por la PGR. El otro "prófugo" conocido es Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El número de líderes neutralizados se refleja en la presencia de las organizaciones delictivas en el territorio nacional. En la lista preliminar de objetivos encarcelados predominan los integrantes de Los Zetas (26) y el Cártel Poniente (17), con presencia principal en la zona de La Laguna.
Entre los "objetivos fallecidos" destacan Enrique Plancarte y Nazario Moreno, cabezas de los Caballeros Templarios, abatidos en marzo de 2013.
Pero la detención por sí misma no siempre ha repercutido directamente en abatimiento de la violencia, que en ocasiones crece por las disputas para asumir el mando del cártel descabezado.

En Michoacán, donde el gobierno federal implementó prácticamente un gobierno paralelo en 2014 y diluyó la presencia de los Caballeros Templarios, se ha extendido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Apenas el 21 de agosto pasado José Farías Álvarez, El Abuelo, fundador de las autodefensas y señalado por operar para el CJNG, fue baleado en la zona de Tierra Caliente.

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A diferencia de la administración calderonista, además de la coerción, el actual gobierno federal inició el combate a la violencia con la cultura como una herramienta.
Sin ser una apuesta prioritaria, la estrategia México: Cultura para la Armonía llegó a formar parte importante del discurso federal, como estandarte de una política de prevención de la violencia.
Pero su mayor ejercicio presupuestario apenas alcanzó el 0.1 por ciento del presupuesto de seguridad en el país y, de cara al cuarto año de gestión, ese enfoque está diluido.

En 2013, arrancó Cultura para la Armonía como un programa piloto para fortalecer el tejido social en zonas de riesgo de violencia.
Al año siguiente, Conaculta realizó y promovió alrededor de 3 mil actividades artísticas y culturales en los polígonos con mayores índices de delincuencia en el país, con base en lo señalado por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred).
Peña Nieto pidió en 2014 enfocar el programa en Michoacán, donde los grupos de autodefensa disputaban el control del territorio a los Caballeros Templarios.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, impactó de forma indirecta en el programa, pues Roberto Campa Cifrián fue removido de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación -que se coordinaba con la Dirección de Culturas Populares para ejecutar el programa-, para ocupar la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Tras permanecer acéfala casi medio año, la dependencia fue ocupada en septiembre de 2015 por Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde que tuvo que renunciar por los señalamientos que pesaban sobre él como presunto delincuente electoral.
Alberto Begné, ex dirigente del Partido Socialdemócrata (PSD), llegó este año como titular de la Subsecretaría de Prevención, pero Cultura para la Armonía nunca retomó el papel protagónico que se le asignó al inicio del sexenio.
Sus recursos descendieron, de 172.07 millones de pesos en 2015 (con Michoacán y Guerrero como entidades más beneficiadas), a 21.2 millones de pesos en el Presupuesto de 2016.


Rezago institucional
El analista Alejandro Hope explica que, al inicio del sexenio, se dio una caída en los niveles de violencia por factores locales que impactaron en el registro nacional, pero no porque se hayan hecho mejor las cosas.
"Ya no han aparecido nuevos milagros, como Ciudad Juárez, para mantener la tendencia hacia abajo", advierte.
La percepción de menos violencia obedeció, además, a una reducción de masacres, como las ocurridas en el sexenio pasado, pero eso no implicaba que la violencia cotidiana hubiera cedido.

"La hipótesis del equipo de Peña Nieto al llegar al poder era que el problema de la violencia era fundamentalmente político. Es decir, que el gobierno de Calderón había antagonizado a los actores y tenía mala coordinación entre niveles de gobierno. El problema es que eso obvió el problema estructural de capacidades del sistema penal", indica.
Hope observa más continuidad que cambios en el enfoque de seguridad entre la gestión de Calderón y la de Peña Nieto.
"La Policía Federal no ha crecido. En la Gendarmería básicamente movieron gente de un lado a otro. Tampoco mejoró en términos cualitativos. Es una administración que no le apostó al cambio institucional. Se ha perdido mucho tiempo en eso", lamenta.

De acuerdo con datos oficiales, el número de elementos de la Policía Federal ha caído ligeramente. En 2012 había 38 mil 285 policías. Hasta abril de 2016, la corporación reportó 38 mil 31, ya con la supuesta incorporación de los 5 mil que formaron la División de Gendarmería.
Hope enfatiza que uno de los problemas de fondo en cómo se resuelven las crisis de seguridad es que la intervención federal en ciertos territorios no incentiva el desarrollo de capacidades locales.

"Quitar el tema de la violencia del discurso federal le quitó el sentido de urgencia. La violencia es demasiada como para sentirnos cómodos, pero no lo suficiente para generar una reacción vigorosa de las autoridades. Al sacar eso del discurso, se restó mucho al esfuerzo de las instituciones. Es un gobierno que apostó porque la reducción de las cifras era reducir la violencia. Pero ahora se le revierte ese enfoque", destaca.

No hay estrategia
Guillermo Valdés Castellanos, especialista en seguridad y ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, indica que el repunte actual de la violencia revela la ausencia de una estrategia, lo cual era la principal crítica e los priistas a Calderón en el sexenio pasado.
"La caída no se debió a la nueva política. Venía derivada del agotamiento de conflictos, del éxito en algunos lugares donde se combatió con cierta eficacia. Esa inercia continuó con el gobierno de Peña Nieto", afirma.
Lo grave, dice el ex funcionario, es que el gobierno federal no ha reconocido el problema; no ha dado explicaciones ni ha generado su propia estrategia.
"La crisis de este gobierno empieza en Ayotzinapa; van tres operativos en Guerrero, en distintas regiones, todos reactivos a la violencia. Primero es en Iguala y alrededores, luego Tierra Caliente y después en Acapulco. No hay un planteamiento integral para responder a mediano y largo plazo a la problemática", ejemplifica.

En noviembre de 2014, después de la desaparición forzada de los normalistas, Peña Nieto presentó un decálogo para revertir la violencia.
Casi dos años después, las acciones se ejecutan a cuentagotas: el número de emergencias 911 estará listo este mes, pero sólo en la mitad de las entidades.
La reforma para aprobar policías estatales únicas fue aprobada en el Senado, pero se encuentra atorada en la Cámara de Diputados.
Las reformas anticorrupción acaban de ser aprobadas, pero se empezarán a implementar hasta 2017.


La Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en los Municipios no se ha aprobado, ni se ha creado la clave única de identidad ciudadana, y las reformas en materia penal y de acceso a la justicia se ejecutan lentamente.
Según Valdés, el error fue que el tema perdiera su prioridad en la agenda gubernamental.
"Tenemos seis años perdidos, por falta de fortalecimiento institucional. En un principio se quiso bajarle el decibel mediático al tema, pero se confundió en bajarle también la prioridad política", lamenta.

Pobreza: ¿qué informar?

En su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto aseveraba que "...las políticas públicas para el desarrollo social con acciones concretas, y a pesar de un contexto internacional adverso, han logrado disminuir la pobreza extrema... De este modo, México avanza en la construcción de un Estado social pleno, orientado al bienestar de su población y a la garantía efectiva de sus derechos sociales".
Más allá de la veracidad o no de lo que se afirma, las dos palabras que se resaltan de lo citado conllevan la necesidad de realizar una comparación de cifras entre al menos dos puntos en el tiempo. Para poder hacerlo, el Ejecutivo Federal contó con información comparable para 2012 y 2014. Desafortunadamente, para el Cuarto Informe de Gobierno no habrá información para darle continuidad a este reporte.

Hoy sabemos, gracias al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que los datos de ingreso para 2015 han resultado ser incomparables con los de años anteriores. También sabemos, debido al reclamo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), que por esta situación no es posible hacer los cálculos requeridos sobre la dinámica de la pobreza. Ante tal circunstancia, la pregunta obligada es: ¿qué tendrá que hacerse para que pueda informarse otra vez sobre la evolución de la misma?

La pregunta es crucial. En un país como México, donde la pobreza y la desigualdad son altas y la movilidad social es baja, contar con información confiable y continua para analizar avances y retrocesos en dichas materias resulta clave para el diseño, la operación y la evaluación de la política social. Por lo anterior, el diferendo entre INEGI y Coneval no se restringe a una discusión técnica entre dos órganos autónomos del Estado mexicano, sino que incumbe a todos, comenzando por su principal usuario: el gobierno.
Desde que el viernes 15 de julio el INEGI informó que las cifras de ingreso del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 no eran comparables con levantamientos anteriores, no ha habido una explicación pública y detallada sobre las razones de esta situación. Sin embargo, después de un desencuentro inicial, el diálogo entre el INEGI y el Coneval ha estado en curso, y hay muestras de su disposición a atender el problema.

Desafortunadamente, mientras se clarificaba el acercamiento de estas instituciones, hubo un mal uso de la información. Así, por ejemplo, se empezó a difundir que el estado de Puebla avanzó 23 lugares en desigualdad social, cuando una de las primeras bajas por la falta de comparabilidad en la información de ingresos es precisamente el cálculo de las distancias económicas entre las personas.
En este contexto, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hizo un llamado a evitar comparaciones desorientadoras. Pero el reclamo ha sido mayor. Junto con Oxfam, el CEEY convocó a más de 150 usuarios especializados para solicitar que se den explicaciones amplias y abiertas de lo ocurrido con los datos 2015, que se cuide la comparabilidad de los correspondientes a 2016, y que todo ello se haga mediante la participación de expertos externos y a la luz pública.

Hay signos alentadores de que se puede avanzar en este sentido. El INEGI y el Coneval han acusado recibo de las solicitudes, y la academia, los expertos independientes y la sociedad civil están prestos a seguir el camino del escrutinio público, al punto de que podrían hacerlo sin el concurso de estas instituciones, de ser necesario.


La participación externa hace falta más que nunca por un problema que subyace a la medición pasada y futura de los ingresos. Como lo ha apuntado en otro pronunciamiento Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (grupo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil), es posible que en 2015 el INEGI se haya topado con acciones gubernamentales que movieron los indicadores de pobreza, sin necesariamente atender la misma.
Los alcances de lo anterior estarían por determinarse. Pero lo que es claro es que, desde el pasado mes de julio, la Secretaría de Desarrollo Social ha distribuido seis de los nueve millones y medio de "cartillas sociales" que piensa repartir este año a los beneficiarios de programas sociales, dándoles a conocer mediante las mismas el valor monetario de lo que reciben. Lo anterior ocurre prácticamente al mismo tiempo en que el INEGI levanta la información que se usará para medir el ingreso de los hogares de 2016, el cual será utilizado para calcular la pobreza.

Claramente, por más que exista consistencia interna en el trabajo del INEGI y un uso impecable de sus cifras por parte del Coneval,habría elementos ajenos a estas instituciones que dificultarían la comparabilidad de los datos de ingreso con los anteriores. Con intachable capacidad técnica pueden obtenerse cifras poco creíbles de ingresos y pobreza por una mejora en la información inducida por la política social.
Qué mejor que observadores externos para dar fe del buen proceder del INEGI y el Coneval, si así ocurre, y para señalar posibles elementos externos causantes de problemas de medición. En este caso, quizás más que en ninguno de la historia estadística de México, sin duda importa no ser juez y parte.
Mientras tanto, cabe preguntar: ¿Sobre qué informará el presidente de la República en materia de combate a la pobreza?