El fideicomiso evercore Puebla, contrario a la Constitución
Por El Universal | Jueves, Febrero 11, 2016
El ex gobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz calcula en alrededor de 22 mil millones de pesos la deuda escondida que habría contraído el gobierno de Rafael Moreno Valle, a través de un fideicomiso cuyo fiduciario es Evercore, Casa de Bolsa.
Lo alarmante es que el caso poblano no es único. La mancuerna Evercore-Protego, empresas que son propiedad del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, estaría detrás de una estrategia regular y sistemática para ayudar a los gobiernos de los estados a esconder deuda pública, eludir la normatividad de adquisiciones y obras, vulnerar la vigilancia del Poder Legislativo sobre el origen y destino de los recursos y violar el principio de anualidad que la Constitución exige, tanto para los egresos como los presupuestos de los estados.
La operación es compleja pero puede comprenderse a través de ejemplos concretos. Uno que vale la pena observar es el caso Sonora. En el año 2007 el gobierno de esa entidad recibió una consultoría para modificar siete leyes estatales (orgánica del Poder Ejecutivo, acceso a la información, presupuesto de egresos y contabilidad, adquisiciones y arrendamiento, deuda pública, código fiscal y ley de ingresos).
Gracias a sus asesores externos, el entonces gobernador Eduardo Bours presentó reformas que tenían como principal propósito esconder la deuda pública a través de la creación de un fideicomiso, supuestamente privado, donde habría de depositarse —al infinito— la totalidad de los ingresos producto del impuesto sobre la nómina.
Una vez dentro de ese vehículo financiero, el estado quería “bursatilizar” —vender los flujos futuros— para hacerse de recursos en el presente. En palabras del lego: hipotecar los impuestos del contribuyente sin que tal operación pudiese ser registrada como deuda pública.
El Congreso de Sonora aprobó ese mismo año las iniciativas pero una facción de diputados locales presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad que, por el voto mayoritario de los ministros, le favorecería dos años más tarde.
El proyecto de resolución cayó en manos de José de Jesús Gudiño. Los suyos hoy son argumentos clave para juzgar el fideicomiso Evercore-Puebla y otros esquemas similares en varias entidades de la República.