Imparables, homicidios y plagios en Guerrero

Por El Universal | Lunes, Agosto 3, 2015

A media tarde del 6 de junio, Salvador Alanís Trujillo, comandante de un frente de policías comunitarias de Chilpancin go, dirigió una incursión armada sobre la población de Xolapa, en Acapulco, controlada por su antiguo aliado y después rival, Ignacio Policarpio Rodríguez. El resultado fue un enfrentamiento que dejó 15 muertos: al menos ocho fueron velados esa misma noche en humildes viviendas.

La suerte de los dos enemigos es opuesta. El cadáver de Policarpio permaneció cinco horas donde lo mataron. Entre sus heridas más visibles están un escopetazo que le abrió un hueco en el pecho y otro que le desintegró la mitad de la cabeza, aparentemente disparados a quemarropa.

Salvador Alanís, en cambio, se mueve con una libertad aparente: el 12 de julio encabezó un foro sobre seguridad al que convocó a la prensa.

Fue un momento de lucimiento público que contrasta con el entierro presidido por la esposa e hijos de Ignacio Policarpio en el cementerio acapulquense de La Garita, un mes antes.

El 28 de junio, el gobernador interino Rogelio Ortega declaró a la prensa: “Ha disminuido la violencia en la entidad”. Cuestionado sobre el origen de esa afirmación, dijo: “Yo me baso en las estadísticas a nivel nacional, las que realizan los observatorios relacionados con los índices de criminalidad”.

Cuatro días después, el 2 de julio, se dio a conocer que Guerrero es el estado más violento de México, que a su vez es uno de los peores países del mundo en ese aspecto al caer del lugar 138 al 144, de 162, según el documento Índice global de paz, publicado ese día.

Si a nivel nacional, entre el primer semestre de 2014 y el mismo periodo de 2015 se registró una baja de 1% en el número de homicidios dolosos, de 9 mil 57 a 8 mil 963, en Guerrero hubo un repunte de 21%, de 780 a 943, según los reportes mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Si los asesinatos en el estado representaban 8.6% del total del país el año pasado, ahora son 10.5%, una cifra tres veces superior a la población guerrerenses, que es de 3.5%.

Los efectos de la inseguridad tienen las alarmas sonando en el estado. El 11 de julio, familiares de tres médicos y un abogado desaparecidos el 19 de junio también en Xolapa, protestaron por la decisión de la fiscalía estatal de dejar de buscarlos una vez que, con base en análisis de ADN, las autoridades asumieron que concidían con cuatro cuerpos encontrados en Santa Bárbara. De los asesinos, razones del secuestro y ejecución de las víctimas, no se sabe nada.

Empresas importantes se marcharon del estado: Coca Cola Femsa cerró en Arcelia, Iguala y Chilpancingo; las automotrices Volkswagen, Seat y Canteras de México, se retiraron de Iguala. En abril, el dirigente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Trasformación (Canacintra), Rodrigo Alpízar, declaró que mil 300 compañías han cerrado en Guerrero desde que en la noche del 26 al 27 septiembre de 2014 se registraron en Iguala los asesinatos de seis personas (más otra que tiene muerte cerebral) y la desaparición de 43 estudiantes.

De manera similar, la matrícula de la Universidad Autónoma de Guerrero ha disminuido. “Quiero decirles que es por el índice de violencia”, dijo el rector Javier Saldaña al dar cuenta de que, hasta el 25 de junio, había 29 universitarios secuestrados.

Guerrero es también la zona del país donde los periodistas están más amenazados, con 38 agresiones entre enero y junio de 2015, de un total nacional de 227, de acuerdo con un informe de la organización internacional Article 19, presentado en Londres el 6 de julio.

La violencia de la noche de Iguala dio lugar a un discurso unificado entre los candidatos a la gubernatura guerrerense que se presentaron a la elección el día siguiente de la masacre de Xolapa: la impunidad “es responsable de la destrucción de la sociedad”, aseveró Luis Walton, de Movimiento Ciudadano, el 21 de mayo; “hoy Guerrero es sinónimo de impunidad”, denunció el priísta Héctor Astudillo, el 24 de mayo; “hay que cerrarle paso a la impunidad”, proclamó la perredista Beatriz Mojica el 1 de junio.

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