Policía de San Andrés Cholula y la PGJ solapan a una banda de autopartes

Dentro de la Universidad Madero (Umad) opera un grupo delictivo que roba autopartes y tarjetas de crédito, mismas que utilizan con eficiencia en cuestión de minutos para obtener dinero o grandes volúmenes de mercancías. Lo más oprobioso del caso es que todo mundo sabe lo que pasa en esa institución y en otros lugares de la zona, pero ni la Policía Municipal de San Andrés Cholula, al mando de Manuel Alonso, ni la Procuraduría General de Justicia (PGJ), encabezada por Víctor Carrancá, ni las propias autoridades de la Umad, se atreven a proceder en contra de dicha organización delictiva.

¿De qué se trata?, ¿de una escandalosa complicidad o de una manifiesta ineficiencia de Manuel Alonso y Víctor Carrancá para atacar a la organización delictiva en cuestión? Hay elementos para suponer que hay mucho de ambos componentes, siendo esa la razón por la cual San Andrés Cholula se está volviendo un polvorín por el acelerado crecimiento de la delincuencia relacionada con el narcotráfico y con el robo que se realiza con un alto grado de sofisticación.

Lo que sucede en San Andrés Cholula contradice las cifras maquilladas del gobierno de Rafael Moreno Valle de que la delincuencia empezó a bajar a partir del año 2011 y que en los últimos tres años se ha mantenido constante la reducción del índice delictivo. Al revés: lo que pasa es que quienes denuncian se topan con la indiferencia de las autoridades para aclarar los crímenes, razón por lo cual mucha gente opta por resignarse y alejarse de toda posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público.

La siguiente historia es un ejemplo de lo antes expuesto:

Un ex alto funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado acudió a la Umad a un festejo del 10 de mayo y de pronto a su teléfono celular empezaron a llegar una serie de alertas de los bancos en que es usuario, en los cuales le notificaban de varias compras que aparentemente había realizado con sus tarjetas de crédito en los últimos minutos, entre las que destacaba la adquisición de varios aparatos electrónicos en Sam’s Club y en especial una pantalla plana con un valor superior a los 17 mil pesos.

Ante su sorpresa por los mensajes decidió dirigirse a su automóvil, el que encontró con los vidrios rotos y de donde le robaron un portafolios que contenía todas sus tarjetas de crédito. Lo sorprendente es que el vehículo estaba aparcado en el estacionamiento de la Umad, el cual tiene vigilancia en el único acceso con que cuenta.

Con los primeros con los que se quejó el agraviado fue con los guardias del estacionamiento, quienes con resignación o cinismo le dijeron que los robos son algo frecuentes, dentro y fuera de la universidad. Que a muchos estudiantes les han despojado de autopartes o de otras pertenencias a plena luz del día y en el aparcamiento de la Umad.

Que la Policía Municipal, al mando de Manuel Alonso, hace caso omiso a las denuncias de los robos en la Umad y otros lugares del Camino Real a Cholula, que es una de las vialidades más transitadas de Puebla y su zona metropolitana, ya que es una larga avenida llena de plazas comerciales, de fraccionamientos de clase media alta e instituciones educativas. Es decir, es un área altamente atractiva para la delincuencia.

El afectado por el robo decidió ir a reclamarle al rector de la Umad, Job César Romero Reyes, quien primero negó que hubiera robos en el interior de su institución y luego quiso justificarse diciéndole al ex funcionario de la SEP que él tenía la culpa de lo ocurrido por dejar un portafolio en su vehículo.

Al final, la actitud asumida por Job César Romero Reyes fue de total indolencia, ya que nunca le ofreció algún tipo de ayuda al hombre que sufrió el robo ni mostró preocupación por la actividad delictiva que acontece en torno a la Universidad Madero, la cual predica la religión metodista.

En las horas y los días posteriores en que el ex funcionario de la SEP acudió a la PGJ para denunciar y buscar aclarar lo ocurrido, recibió la siguiente explicación de miembros de esta dependencia:

Se trata de una banda que se divide en varios grupos: los que vigilan a sus victimas, los que roban las tarjetas de crédito u otros objetos y un tercer agrupamiento, que llega a las grandes tiendas departamentales para apartar mercancías, sobre todo aparatos electrónicos, para que cuando lleguen con las tarjetas o el efectivo hurtado de inmediato se haga la compra y en pocos minutos puedan huir del lugar sin problemas.

Luego de esa explicación, admitieron en la PGJ poco se puede hacer, ya que los bancos, al contar con seguros para cubrir las pérdidas por robos de tarjetas, nada hacen para denunciar a las bandas que hurtan los plásticos.

Mientras que las tiendas se muestran renuentes a proporcionar los videos de seguridad a la PGJ, ya que al final no se ven afectadas porque les pagaron la mercancías, sin importarles que se haya comprado con dinero en efectivo o tarjetas bancarias que fueron robadas.

Y finalmente en la PGJ surgió el comentario de que se hace poco, ya que la mayoría de los robos no son denunciados.

En resumen, en Puebla vivimos en el mundo de la impunidad.

En la Puebla de Rafael Moreno Valle para meter a un opositor político a la cárcel se mueven todos los recursos humanos, materiales e institucionales que estén al alcance.

Pero si se trata de demandar que se actúe contra un grupo delictivo, entonces surgen todo tipo de pretexto, justificaciones y actos de corrupción que impiden que se haga justicia.

Por eso es pertinente preguntarse: ¿Usted le cree a Moreno Valle de que hay menos delincuencia? Yo tampoco.