Iniciativa contra gafiteros, para intimidar a seguidores de Morena
Por La Jornada de Oriente | Viernes, Enero 30, 2015
La decisión de imponer desproporcionadas sanciones contra grafiteros o contra quien altere un edificio público se tomó el pasado 20 de enero, y parecería tener dos intenciones: una banal, que consiste en impedir que se pinten consignas o signos gráficos en las obras realizadas por el actual gobierno del estado, y la otra tiene un fin político, que es contar con un instrumento represor para amedrentar a los seguidores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la agrupación de Andrés Manuel López Obrador.
La segunda posibilidad surge a raíz de la reciente visita que realizó López Obrador a la entidad, a lo largo de tres días, en la cual el tabasqueño adoptó un discurso político de ataque frontal contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, a tal grado que un grupos de legisladores de Morena llegaron hasta las puertas de Casa Puebla a exigir una explicación acerca del alto número de presos políticos en el estado.
Con ese comportamiento, Andrés Manuel López Obrador y Morena se han erigido como la única fuerza política verdaderamente opositora al morenovallismo en la entidad.
Es cierto que el PRI es el partido que realmente saldrá a disputar algunos espacios al PAN, pero en realidad el tricolor es una oposición débil, que no arriesga y que por momentos da la impresión de que es una fuerza maniatada desde Los Pinos con la intención de que el priismo nacional lleve una relación cordial, de muchos acuerdos, con Rafael Moreno Valle Rosas.
El resto de los partidos, son una caricatura sin capacidad de provocar el más mínimo riesgo para el gobernador y los candidatos que el mandatario colocó en el PAN.
Ante esa situación, el gobierno se está adelantando a la posibilidad de que se encone la contienda electoral con Morena y esta fuerza política concite la realización de movilizaciones contra el morenovallismo.
Para buscar que las movilizaciones puedan ser frenadas, se diseñó la iniciativa de reforma al Código Penal –en lo concerniente a las sanciones por realizar pintas en las calles– para buscar detener a activistas de Morena y ser tratados en la vía jurídica como si fueran criminales sexuales o ladrones del erario.
Es la misma estrategia que el gobierno ha seguido hacia mototaxistas, contra opositores al gasoducto Morelos y al parque de las siete culturas, así como con los pobladores que se oponían al retiro del registro civil de las juntas auxiliares. El camino siempre es el mismo, que consiste en fabricar delitos para encarcelar a grupos de activistas y acusarlos de los peores ilícitos, aunque no haya pruebas, como una manera de generar miedo en el resto de los participantes de protestas o movimientos sociales.
Ahora se utiliza el tema de los grafitis para buscar perseguir a jóvenes activistas de izquierda, que son quienes más siguen a López Obrador.
Al mismo tiempo se sabe que hay pavor del gobierno del estado de que las obras que ha realizado acaben grafiteadas, y por ende ya no sean el instrumento propagandístico que utiliza Rafael Moreno Valle para fingir que hay progreso y bienestar en Puebla.
El pasado 20 de enero, un grupo de muchachos marchó por las calles de Puebla para protestar porque un día antes tres activistas fueron detenidos por protestar cerca de un acto del presidente Enrique Peña Nieto.
Los jóvenes realizaron pintas en bancos, tiendas de autoservicio y en el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, siendo esto último lo que prendió los focos rojos en el morenovallismo y se decidió sacar adelante la iniciativa que vulnera el derecho de la libre expresión y buscar darle a los gratiferos el mismo trato que si fueran narcos o violadores.