PRI intentó capitalizar conflicto en Canoa, pero fracasó

El PRI poblano ha tratado de aprovechar políticamente las recientes detenciones de alcaldes auxiliares que han encabezado protestas en contra del retiro de la facultad de manejar el registro civil en sus comunidades.

La estrategia, desgraciadamente para sus intereses electorales, no ha tenido el menor éxito.

La junta auxiliar de San Miguel Canoa es un claro ejemplo de lo anterior.

Operadores priistas se han acercado a los hijos del presidente auxiliar de ese lugar, Raúl Pérez Velázquez, preso en el Centro de Readaptación Social de Puebla acusado por los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad, para “ayudarlos” en el proceso de defensa de su padre y presionar desde su trinchera para que el edil pueda alcanzar su libertad.

La respuesta de Javier y Rocío Pérez al principio fue de mucha cautela y de cierto rechazo a la oferta tricolor.

Después de unos días y sobre todo una vez que se comprobó la intención del gobierno del estado de trasladar a su padre al Cereso de Tepexi de Rodríguez, como reo de alta peligrosidad, decidieron abrir un canal de diálogo.

¿Pero con quién?

¿Qué priista podría despertar la confianza de los habitantes de esta comunidad y a la vez llevar un potencial activo electoral a su partido?

La dirigencia estatal priista propuso -por lógica elemental- que su presidente en la capital, el diputado José Chedraui Budib, se encargara de la negociación y de ser el portador del mensaje de buena voluntad  a nombre del partido.

Para llevar la propuesta del interlocutor y definir los pormenores del encuentro, se designó al siempre controvertido Carlos Talavera, quien al parecer goza de muy buenas relaciones en Canoa.

Talavera llegó a la junta auxiliar, se reunió con los hijos de Raúl Pérez Velázquez y con los grupos afines al edil y les presentó la propuesta diseñada en el CDE del partido.

Jamás se imaginó la contundencia de la respuesta y el rechazo absoluto a la propuesta de que el diputado Chedraui se acercara siquiera a esa demarcación:

“Que ni venga, lo vamos a linchar”.

Y es que Pepe forma parte de una supuesta “lista negra” de priistas que los habitantes de Canoa consideran como muy cercanos al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.

En su caso, la muy estrecha y rentable relación que tiene con el Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas es lo que ha generado la desconfianza.

Ha sido precisamente el titular de la SGG a quien identifican como el artífice de la estrategia legal que tiene en la cárcel a autoridades auxiliares y demás opositores a políticas públicas impuestas por el gobernador Moreno Valle.

A Carlos Talavera no le quedó más remedio que transmitir el mensaje de manera textual, por lo que el PRI busca ya interlocutores válidos para iniciar la defensa de los que consideran son los presos políticos poblanos.

¿Qué priista puede jactarse de su “independencia” al gobierno estatal?

Búsquenle, está francamente difícil.

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