Operó la SEP poblana marchas Ayotzinapa

Desde la oficina principal de Casa Puebla salió la orden directa para que la Secretaría de Educación Pública estatal coordinara con universidades públicas y privadas la movilización estudiantil que se dio el pasado 20 de noviembre para repudiar al gobierno federal por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El gobernador Rafael Moreno Valle comprometió al titular de la dependencia, Jorge Benito Cruz Bermúdez, a encabezar la operación.

A su vez, el nene consentido de Luis Maldonado instruyó a José Antonio Fraga, Director General de Educación Superior de la secretaría, a que se valiera de los supervisores de las distintas zonas para lograr el objetivo.

Ellos fueron los encargados directos de contactar, vía telefónica, a rectores y personajes de primer nivel en los organigramas de las distintas instituciones de educación superior.

Las llamadas fueron breves, pero concisas.

De entrada: una pequeña explicación de la estrategia, seguida por un cálculo aproximado de la cantidad de estudiantes que cada universidad podría movilizar y como colofón, la frase que daba certeza de que se trataba de una orden girada por el gobernador del estado.

“Tu amigo”, decían.

De esta manera —a diferencia de lo que sucedió con el asesinato del niño indígena José Luis Tehuatlie Tamayo a manos de policías estatales— las universidades poblanas, de forma mayoritaria, se hicieron presentes en las acciones de repudio generalizado antes los hechos sucedidos en Iguala.

En esta ocasión no existieron presiones, ni amenazas, ni inhibidores, nada.

Todas las facilidades fueron otorgadas para la participación estudiantil.

Llama la atención el caso particular de la BUAP.

En el caso Chalchihuapan, desde la rectoría de la institución se ideó y operó un esquema para amenazar a estudiantes, académicos y trabajadores para no participar en la marcha ciudadana de repudio a la política autoritaria de Rafael Moreno Valle el 10 de agosto pasado.

Es más, esbirros mandados por los operadores de Alfonso Esparza llegaron con cámaras a los puntos principales de concentración masiva para detectar la posible presencia de universitarios en el acto y tener los elementos para aplicar los correctivos prometidos.

En el caso de Ayotzinapa fue completamente al revés.

La estrategia de movilización ideada por el gobierno estatal para que el estado fuera caja de resonancia de un asunto que tiene en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto es producto de un cálculo político elemental.

Los morenovallistas apuestan al desgaste constante del presidente como única posibilidad de cristalizar su sueño presidencial en la elección del 2018.

El mandatario estatal está convencido de que si las cosas siguen como hasta ahora- o incluso si se ponen peores- en Los Pinos se complicará de tal manera el proceso de sucesión que el grupo en el poder no tendrá más alternativa que negociar e impulsar a Moreno Valle como único antídoto efectivo contra la inminente tercera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

El cálculo parece arriesgado tomando en cuenta que Peña llega apenas a su segundo año de gobierno.

Muchas cosas pueden pasar.

Lo cierto es que en el gobierno federal no creen ya a pie juntillas las constantes y obsesivas declaraciones del mandatario estatal en donde invariablemente apoya las acciones del presidente Peña.

Al final, saben bien que en política el doble discurso siempre acaba por quedar en evidencia.

Y de qué manera.

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